El debate en torno al aborto, su despenalización y legalización, constituye uno de los temas más controvertidos en la actualidad internacional. La fuerte movilización del movimiento de mujeres en varios países de Latinoamérica y el mundo ha venido arrancando importantes conquistas legales a la institucionalidad en cuanto a derechos sexuales y reproductivos.
El 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, numerosas organizaciones de mujeres marcharon en Caracas en la llamada Ruta Verde, en intención de ejercer presión de calle para que la institucionalidad acoja las demandas de despenalización y legalización del aborto, en un país como Venezuela que cuenta con una de las legislaciones más atrasadas de Latinoamérica en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Esta ocasión es propicia para fomentar el debate sobre este importante tema. Aclaramos que el presente artículo no busca ahondar en todas las aristas del tema del aborto, en el presente solo buscamos exponer algunos argumentos con suficiente sustento, para el incansable debate que nos llama.
La interrupción voluntaria del embarazo es un tema que a pesar de su visibilidad en los últimos años, se encuentra plagado de mitos, desinformación y prejuicios de una sociedad de clases, capitalista, machista y patriarcal. Este problema se enmarca dentro de las esferas de la opresión femenina, que surgió y se desarrolló con la aparición de la propiedad y el nacimiento de las sociedades de clases en los albores de la civilización.
Algunas cifras internacionales
Poner fin a un embarazo es una decisión que toman millones de mujeres todos los años alrededor del mundo, independientemente de que este sea legal o no. De hecho, se calcula que cada año, 1 de cada 4 embarazos es interrumpido y que el 45% de los abortos que se practican anualmente son inseguros, involucran mayores riesgos y ponen en peligro la vida de millones de mujeres en todo el mundo.
Según datos de la OMS, todos los años tienen lugar aproximadamente 25 millones de abortos inseguros, y la mayoría de ellos se realizan en países de América Latina y África, siendo la tercera causa de muerte materna a escala mundial, pudiendo esto ser en gran medida evitable.
El aborto es un procedimiento médico que cuando lo practica un personal de la salud capacitado y con las debidas condiciones de salubridad, resulta ser un procedimiento menos riesgoso que un parto. Pero cuando los Estados lo restringen, las mujeres y niñas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y en condiciones no aptas para practicarlos, aumentando el riesgo para su salud. Lo cierto es que el impedir el acceso al mismo, no hace que las mujeres dejen de requerirlo y de practicarlo. Es por ello que la prohibición del aborto no consigue reducir su número, sino condenarlos a condiciones de insalubridad y a la muerte materna.
La decisión de abortar no es una cuestión sencilla, en muchos casos resulta en una experiencia traumática y que puede dejar secuelas físicas –impedimentos para concebir a futuro, infecciones, histerectomías, entre otras– y psicológicas. El argumento anterior, a pesar de lo obvio, debe ser recordado recurrentemente, pues sectores conservadores no dejan de insistir en la idea de que las mujeres pueden tener embarazos no deseados solo por descuido o por promiscuidad, bajo un enfoque de responsabilidad o “culpa” individual. Esta concepción acientífica y moralista desconoce los condicionantes sociales en que se producen buena parte de los embarazos no deseados, especialmente entre las comunidades más pobres y vulnerables donde el hacinamiento, la ausencia de una educación decente, de programas de educación sexual y planificación familiar, la dificultad en la adquisición de anticonceptivos, sumados a la degradación cultural de la sociedad burguesa y la hipersexualización de las mujeres y niñas, son el pan de cada día (sin mencionar los múltiples casos de violación).
Situación en Venezuela
En nuestro país la inmensa mayoría de mujeres pobres no cuentan con las condiciones necesarias para orientarse de manera segura sobre su sexualidad y reproducción. Por el contrario, carecen de todas las condiciones sanitarias, de métodos anticonceptivos, de orientación sexual, planificación familiar y de servicios públicos de calidad.
Es importante recordar que la población femenina en Venezuela es una de las más afectadas por los bajos salarios y al no poseer los recursos económicos suficientes para su sustento les resulta bastante cuesta arriba adquirir métodos anticonceptivos eficaces, y que vale destacar, tampoco garantizan la no concepción a un cien por ciento.
Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, Venezuela tiene las tasas de embarazo en la adolescencia más altas de América Latina. No obstante, los indicadores de mortalidad materna, embarazos adolescentes y abortos, al parecer no son recopilados con sistematicidad, y si lo son, no es una información actualizada a la que se tenga acceso periódicamente. A pesar de lo anterior, se estima que las cifras se han agravado en los últimos años. Ahora bien, ante la ausencia de datos e indicadores oficiales, organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia para las mujeres han realizado sus propias investigaciones:
De acuerdo con un estudio realizado en 2018 por la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa, por cada cuatro partos atendidos existe un aborto clandestino, siendo el aborto inseguro la tercera causa de muerte materna en nuestro país. Estos datos coinciden con la tendencia internacional.
A pesar de lo anterior, el aborto en Venezuela continúa siendo ilegal, a excepción de que el embarazo represente un riesgo para la salud de la mujer, estableciéndose penas de prisión a quienes lo practiquen fuera de esta causal. No obstante, la prohibición absoluta del aborto solo aumenta la vulnerabilidad de las mujeres de la clase trabajadora y no logra acabar con su práctica, por el contrario, las obliga recurrir a carniceros, a clínicas clandestinas o a practicarse abortos inseguros ellas mismas.
No olvidemos el carácter de clase en este debate: penalizar y restringir el derecho al aborto afecta únicamente a las mujeres pobres que no cuentan con las condiciones económicas para recurrir a servicios de salud de calidad o a métodos anticonceptivos efectivos, a diferencia de las mujeres burguesas que también abortan. Legalizar el aborto, incorporando la propagación de programas de educación sexual y planificación familiar, la facilitación en el acceso a anticonceptivos y garantizando servicios de salud pública de calidad, es una medida tendiente a una mayor igualdad.
¿Que defendemos los marxistas?
Los marxistas estamos a favor del derecho al aborto libre y seguro para todas las mujeres. Apoyamos este derecho porque lejos de guiarnos por dogmas y preceptos idealistas, o prejuicios impuestos por la moralidad burguesa, creemos en la autonomía corporal de las mujeres, en su capacidad para decidir por sí mismas sin violencia ni coerción, teniendo la libertad de elegir sin que esto represente un riesgo para su integridad física y mental. Por tanto, es su derecho a escoger si quieren mantener relaciones sexuales (cuándo y con quién), y si desean un embarazo (en qué momento y de quién).
Si una mujer decide interrumpir su embarazo no lo hace por gusto o placer, sino porque en algunos casos este puede significar un riesgo para su salud, ha sido fruto de una violación, no cuenta con las condiciones socio-económicas o con la madurez y la estabilidad emocional para llevarlo a término. En este sentido, rechazamos la legalidad burguesa que penaliza el aborto, pues criminaliza la autonomía de las mujeres y su derecho a elegir por si mismas su futuro.
Los marxistas defendemos la legalización y despenalización del aborto sin restricciones, ni tutelajes, pues consideramos que en aquellos países en donde éste es permitido bajo ciertas causales, se sigue violando el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Por ejemplo, en latitudes donde se acepta la causal de un embarazo que comprometa la vida de la mujer, es el personal de salud quien tiene la potestad de determinar si dicha gestación es viable o no, prevaleciendo el criterio del equipo médico por encima de la opinión de la gestante. Por otra parte, tampoco nos conformamos con la sola despenalización del aborto sin legalizarlo, pues ésto busca eximir de responsabilidades al Estado de proveer las condiciones sanitarias para que las mujeres accedan a este derecho de forma gratuita.
Entendiendo esto, defendemos un programa de salud integral para todas las mujeres, que garantice educación sexual y reproductiva, planificación familiar, acceso a los métodos anticonceptivos, a la interrupción del embarazo en condiciones adecuadas de salubridad y al acompañamiento psicológico cuando se amerite.
La ejecución de este programa de salud integral para las mujeres sería el medio más efectivo para evitar embarazos no deseados, abortos clandestinos, muertes maternas y embarazos en adolescentes. Basta con observar como en países donde se ha despenalizado y legalizado el aborto se han registrado disminuciones significativas en los índices de mortalidad materna. Este es el caso de Cuba, Canadá y Uruguay.
El programa
Las mujeres revolucionarias tenemos grandes retos en Venezuela, uno de ellos es unificar a las organizaciones de mujeres y del colectivo LGTBI de izquierda en un gran frente nacional, bajo un programa que contemple:
- La legalización y despenalización del aborto libre y seguro.
- El diseño de planes para la educación sexual y de planificación familiar.
- Facilitación en el acceso a anticonceptivos para mujeres y hombres.
- Justicia a los casos de feminicidios y crímenes de odio en contra de la comunidad género diversa.
- Alto a la violencia y a la discriminación hacia las mujeres y de la comunidad género diversa.
- Reconocimiento del matrimonio igualitario, entre otras demandas de la comunidad gay.
Este programa de lucha femenina debe inscribirse en el conjunto de demandas generales del movimiento obrero, como: salario igual a la canasta básica y servicios públicos y de calidad, entre otras. En nuestra opinión, debe contemplar la nacionalización de la economía bajo control democrático del pueblo trabajador, para planificarla al servicio de la mayoría y no de un puñado de parásitos burgueses y burócratas corruptos. De esta manera, podremos contar con los recursos necesarios para levantar el sistema de salud, fomentar un proceso de educación sexual efectivo, erradicar la pobreza, socializar el trabajo doméstico, impulsar un desarrollo cultural sin precedentes y garantizar el desarrollo pleno del potencial humano de todas las mujeres. Todo lo anterior se resume en una sola palabra: socialismo.
Nuestro llamado es a la organización, la formación, la movilización y la lucha de las mujeres por sus derechos. Abramos el debate del aborto legal en Venezuela reconociendo que la lucha no es de género, sino de clases, y no habrá lucha consecuente en contra de la opresión de las mujeres si esta no es anticapitalista, pues la lucha de las mujeres no es ajena a la de la clase obrera, es parte de ella.
¡Por la emancipación de la mujer, luchemos por socialismo!
¡Aborto legal en Venezuela!