Lucha de Clases está a favor del derecho de autodeterminación del pueblo catalán, un derecho democrático básico. La negación de ese derecho a las nacionalidades históricas fue un punto central del régimen del 78, junto con el Rey que puso Franco y la impunidad de los crímenes franquistas.
Sin embargo, no pensamos que la independencia fuera a solucionar los problemas a los que se enfrenta el pueblo trabajador en Catalunya ni en el resto del estado, que son causados por la crisis del sistema capitalista. Por eso defendemos la lucha contra el capitalismo y una unión voluntaria, en pie de igualdad, entre todos los pueblos que forman la península ibérica, en una federación socialista.
El Parlament de Catalunya ha decidido convocar una consulta el 9 de noviembre para preguntar al pueblo catalán si desea constituirse en Estado y si debe ser independiente. Con total certeza, el Tribunal Constitucional (TC) va a declarar esa consulta como inconstitucional. Es un escándalo que la burguesía española use organismos no electos para tratar de impedir el ejercicio de un derecho democrático.
Dicho esto, llamamos a los trabajadores catalanes a desconfiar de los demagogos nacionalistas de CiU y ERC. CiU representa los intereses de la burguesía catalana y no ha tenido empacho en pactar con el PP y el PSOE durante 30 años políticas de recortes y ajustes contra la clase trabajadora. Ahora esperan utilizar la decisión del TC como una excusa perfecta para recular y dar por terminada una situación que los incomodaba. ERC ha apoyado toda la política de ajuste y represiva de CiU a cambio del referéndum, lo que indica qué tipo de Catalunya independiente quieren: un Estado catalán “independiente” dominado por la gran burguesía española, catalana y las grandes empresas multinacionales.
Bajo el capitalismo, los problemas de las familias obreras catalanas – que constituyen la mayoría del pueblo catalán – no podrán ser resueltos dentro del Estado español ni en una hipotética Catalunya independiente, como no lo están en ningún país del mundo.
El caso Pujol demuestra que los nacionalistas burgueses catalanes son tan corruptos y ladrones hacia su propio pueblo como los burgueses españoles con el suyo.
Sólo un gobierno de los trabajadores en Catalunya y en Madrid estaría en condiciones de arrebatarle el poder económico y político a las oligarquías española y catalana, y otorgar plenos derechos democráticos al pueblo catalán, para lo cual se requiere la lucha unida de los obreros catalanes y españoles contra sus enemigos comunes.