La agitación en el país africano de Malí se profundizó esta semana después de que un grupo de soldados y oficiales subalternos con base en la capital, Bamako, detuviera al presidente Ibrahim Boubacar Keita, al primer ministro Boubou Cissé y a otros altos funcionarios del gobierno y los obligaran a renunciar.
El golpe sobrevino tras semanas de protestas masivas y manifestaciones contra el gobierno de Keita. Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles para celebrar después de que se hiciera pública la noticia del arresto de Keita. Las calles de Bamako vivieron una auténtica algarabía, manifestantes y soldados disparando munición real al aire para celebrar la destitución del odiado gobierno respaldado por Francia. Hacia la medianoche, Keita apareció en televisión para anunciar su renuncia y la disolución del parlamento.
Las maniobras no logran detener las protestas masivas
En marzo, el gobierno siguió adelante con las elecciones parlamentarias a pesar de los peligros que representaba la pandemia de COVID-19. De manera fraudulenta, el partido de Keita finalmente ganó 10 escaños adicionales. Al mismo tiempo, el principal líder de la oposición, Soumaila Cissé, fue secuestrado por pistoleros desconocidos. No se le ha visto desde entonces.
Las protestas masivas que se desencadenaron obligaron al Tribunal Constitucional del país a revocar los resultados de las elecciones. Pero esta decisión no logró pacificar el movimiento de masas. En cambio, animó aún más a los manifestantes a presionar por la destitución total del gobierno. Toda esta ira estalló el pasado junio. Cientos de miles de manifestantes salieron a las calles de Bamako para protestar contra el colapso de la economía, el mal manejo del gobierno de la pandemia de COVID-19 y el empeoramiento de la crisis en las regiones del norte y centro del país, donde una grave insurgencia islamista ha desestabilizado totalmente la región del Sahel.
Al principio, Keita se negó a dimitir. Luego, todo su gabinete renunció en medio de una intensificación de la guerra civil que se ha estado librando desde 2012. Se formó un nuevo gabinete a finales de julio en un intento de salir de la crisis. Pero esto solo mostró cuán débil era su base de apoyo.
El régimen intentó canalizar el movimiento hacia una coalición de oposición conocida como Movimiento 5 de Junio (M5-RFP), dirigida por el clérigo Mahmud Dicko. El objetivo era evitar que el régimen en su conjunto fuera derrocado. Pero esta coalición de líderes de la oposición "leales" no logró pacificar el movimiento. Cada pequeña reivindicación que le hacían a Keita estimulaba a las masas, lo que a su vez las animaba a presentar reivindicaciones adicionales. El régimen se encontró en una situación muy peligrosa.
Ahora que quedó claro que el podrido gobierno de Keita no puede otorgar concesiones, la última línea de defensa, los cuerpos de hombres armados han intervenido para evitar que el régimen fuera derrocado.
El caos provocado por la intervención de la OTAN
Este es el segundo golpe de Estado en Malí en ocho años. En la misma base militar se produjo un motín en 2012, provocando la destitución del expresidente Amadu Tumani, tras una desastrosa respuesta a la insurgencia de los rebeldes tuaregs en el norte del país. Dicha insurgencia estaba armada con armas provenientes de la cercana Libia después de la intervención de la OTAN para expulsar a Gaddafi en 2011.
La intervención liderada por la OTAN en Libia tenía como objetivo debilitar las revoluciones árabes. La situación en Libia quedó desestabilizada por completo, quedó sumida en el caos y las milicias islámicas invadieron el país, cometiendo atrocidades a gran escala, incluidos secuestros, masacres, atentados con bombas, tráfico de personas y el inicio de una floreciente trata de esclavos. Este fue el precio que pagó Libia por su "liberación" respaldada por Occidente.
El caos se extendió a África Occidental y a la región del Sahel, desestabilizando a Níger, Burkina Faso y Malí, en particular. En Mali, los combatientes del pueblo tuareg, que lucharon como mercenarios de Gaddafi, regresaron a Mali alimentando una rebelión a gran escala en el norte del país. La afluencia de armas pesadas a la región también alimentó la insurgencia de los islamistas de Boko Haram en Nigeria, Camerún y Níger.
Keita llegó al poder en 2013. En 2015, se firmó un acuerdo con algunos grupos rebeldes, otorgando mayor autonomía al norte escasamente poblado. Entre estos grupos, se incluyen grupos extremistas islamistas vinculados a al-Qaeda y al Estado Islámico, que utilizaron la insurgencia tuareg para lanzar sus propios ataques. Keita se aferró al poder en 2018 en unas elecciones fraudulentas, pero sus concesiones no detuvieron la insurgencia. La situación empeoró para la gente común y creó un profundo resentimiento en el ejército.
Después de desestabilizar Libia, las fuerzas imperialistas siguieron a los grupos yihadistas hasta el Sahel mediante el despliegue de más de 20.000 tropas internacionales y locales en la región. Esto incluyó a 4.500 soldados franceses, 13.000 soldados de la ONU y alrededor de 5.000 soldados conectados a los gobiernos del "G5 Sahel", financiados por Francia, que incluían a Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger. Esta "guerra contra el terrorismo" solo logró desestabilizar aún más el Sahel. Sus intervenciones en la región a través de su aliado, el Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS), aceleraron sus operaciones en Mali, Burkina Faso y ahora en Níger.
Hipocresía
La respuesta de la llamada comunidad internacional al golpe en Malí es extremadamente hipócrita. Mussa Faki Mahamat, presidente de la comisión de la Unión Africana (UA), dijo que condenaba "cualquier intento de cambio anticonstitucional" y pidió a los amotinados "que dejen de recurrir a la violencia".
La Carta Africana de la UA sobre "Democracia, Elecciones y Gobernanza" prohíbe cualquier enmienda o revisión de la Constitución que constituya "una infracción de los principios del cambio democrático de gobierno". Pero la UA nunca invocó esta disposición y guardó silencio después de oleadas de tomas de poder “inconstitucionales” en todo el continente africano recientemente. En Guinea, se suponía que el presidente Alpha Conde se iría este año, pero orquestó un golpe constitucional que le permitió quedarse en un cuarto mandato. Lo mismo ha ocurrido en Egipto, Uganda, Comores, República del Congo, Camerún, Chad, Yibuti, Costa de Marfil, Ruanda y Togo.
También están las potencias imperialistas, que condenaron el golpe. Pero son directamente responsables de esta crisis. Los manifestantes en Bamako han protestado legítimamente por la presencia de fuerzas extranjeras y piden a las fuerzas francesas que abandonen el país, están estrechamente vinculadas a líderes locales corruptos.
¿Qué sucederá?
El Sahel se encuentra entre las regiones más pobres del mundo. Las grandes riquezas minerales de la región no han beneficiado a las personas que viven allí. En la actualidad, la presencia militar extranjera y los grupos yihadistas se suman al largo sufrimiento de la población local. Pero las protestas en Mali muestran claramente que las masas están cansadas de la situación. Lo mismo ocurre en Burkina Faso, donde los manifestantes han exigido que el Estado les proporcione armas para luchar contra los propios grupos armados.
La diferencia entre este golpe y el de 2012 es el papel del movimiento de las masas en el proceso. El ejército está interviniendo para cortar la ira revolucionaria que se está gestando en la sociedad. En Burkina Faso vimos una situación revolucionaria a gran escala desarrollada en 2014, con el derrocamiento de Blaise Compaoré. También derrotaron un golpe contrarrevolucionario más tarde. Esto muestra el potencial revolucionario de las masas trabajadoras. Para que las masas malienses triunfen, no deben hacerse ilusiones en los oficiales militares ni en la oposición clerical de Mahmud Dicko. Deben confiar solo en sus propias fuerzas y vincularse con las masas en Burkina Faso y Níger para lograr eliminar sus regímenes podridos, los grupos terroristas y las potencias imperialistas de la región.