La crisis política en El Perú se profundiza, pues el pasado 8 de marzo, congresistas de la oposición presentaron el tramite para el inicio de un nuevo procedimiento de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo, cuya admisión se aprobó el 14 de marzo por el pleno del congreso con 78 votos a favor, 41 en contra y una abstención. El proceso continuará el lunes 28 de marzo donde Castillo o su abogado, deberán presentarse para desacreditar las 20 razones que presentó la oposición para su destitución. Los argumentos para esta vacancia son absurdos, hablan de un “gabinete actuado en las sombras”, no están conformes con 10 de los ministros del Estado, sobre una presunta intención de otorgar una “salida al mar a Bolivia”, le acusan de tráfico de influencias en licitaciones y lo ligan a una serie de denuncias con una empresaria cercana a Castillo.
Como habíamos escrito en artículos anteriores, la oligarquía peruana no se siente cómoda con un presidente elegido por el pueblo oprimido, y ve a Castillo como un ente ajeno a su Estado al que hay que expulsar, a pesar de que, desde el principio, Castillo no ha hecho más que ceder ante las presiones de la oligarquía y el imperialismo. Esto lo llevó a renovar su gabinete en tres ocasiones, purgando a los sectores con más vínculos al momento social y ahora desesperado llama al diálogo.
Por otra parte, a consecuencia de su política de sumisión ante el estado burgués, su base de apoyo ha ido mermando, pues cierta capa de los que le votaron ven estas capitulaciones como una traición a los intereses del pueblo trabajador. En una encuesta nacional realizada por Ipsos, posterior a las acusaciones por corrupción hacia el presidente, determinó que el 53% de la población peruana estaría de acuerdo con la renuncia de Castillo. Si bien sabemos que este tipo de empresas encuestadoras suelen estar alineadas a los intereses de la clase dominante, no podemos hacernos los desentendidos ante una realidad, los ataques de la derecha, la crisis económica y, principalmente, la decepción que ha causado la claudicación del gobierno de Castillo, están surtiendo efecto en la clase trabajadora quienes a falta de un llamado serio por el presidente para combatir a la derecha reaccionaria entran en una fase de desmoralización y apatía.
Aún con el agua al cuello y con toda la evidencia de que la oposición no cederá hasta vacar a Castillo, este sigue sin llamar a las masas obreras y campesinas a salir a las calles a defender su gobierno. Al contrario, piensa jugar sus cartas en el marco de la legalidad burguesa, la misma legalidad que acaba de asestar un golpe brutal a la dignidad del pueblo peruano quien sufrió la brutalidad de la dictadura de Alberto Fujimori, al aprobar un indulto “humanitario”.
El 24 de diciembre del 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó un “indulto humanitario” a Alberto Fujimori quien fuera condenado en 2009 por la Corte Suprema. Los cargos imputados fueron por crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y secuestros, por los cuales debería pasar 25 años en prisión. El indulto llegaría en el contexto de un proceso de vacancia contra Kuczynski quien para evitar su destitución requería del apoyo de la facción fujimorista del congreso. Sin embargo, en junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra del indulto, por lo que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú anuló ese indulto, regresando al dictador a su celda.
Ahora, el jueves 17 de marzo el Tribunal Constitucional del Perú, anuló la anterior anulación de la Suprema Corte y reestableció la concesión del indulto a Fujimori. A tan solo 3 semanas de cumplirse 30 años del inicio de la dictadura fujimorista en el Perú, se ha dictaminado su liberación haciendo caso omiso a las leyes internacionales que indican que no se puede otorgar indultos a las personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad, sin embargo, dentro del estado de derecho burgués, las leyes solo son aplicables de acuerdo con las necesidades de la clase que las diseña.
Ahora se espera que en unos días sea puesto en libertad definitiva a una persona que a tan solo 2 años de haber tomado el poder lanzo los tanques militares a las calles para reprimir al pueblo, que asesinó y desapareció a cientos de periodistas, trabajadores y campesinos que luchaban por la verdad y la justicia social, sin olvidarnos de las miles de mujeres, principalmente indígenas, que fueron víctimas de las esterilizaciones forzadas en medio de una campaña contra la “reproducción de la pobreza”. Con el voto de tan solo 3 personas en el tribunal supremo se ha decidido negarle el derecho al acceso a la justicia a los miles de víctimas de la dictadura, poniendo en claro que el fujimorismo sigue siendo la pieza clave de control de la clase burguesa peruana.
Lo que debe quedarnos claro, es que tanto el Estado, como las leyes y la burguesía, no son neutrales, son fieles servidores y funcionarios al servicio del gran capital y cualquier iniciativa que crezca desde el pueblo será atacada hasta su destrucción. El papel del Estado es claro, no es una herramienta independiente y neutral entre las diferentes clases de la sociedad, sino que es el gendarme que cuida los intereses de los poderosos. No hay mejor ejemplo en este momento sobre todo si vemos el trato que se le da a Fujimori con respecto al que recibe Castillo.
Esta es una afrenta muy grave contra el pueblo obrero y su memoria histórica, que no debe pasarse por alto, es necesario que los amplios sectores del movimiento obrero, campesino, de la juventud y de las mujeres se unifiquen y salgan a las calles a devolver a Fujimori a la cárcel de donde nunca debe salir.
Como ya advertimos cuando el triunfo electoral de Castillo, no cabe una política de medias tintas, tratando de complacer a los capitalistas y las multinacionales y al mismo tiempo avanzar los intereses de obreros y campesinos. En aquél entonces dijimos que la debilidad de Castillo en el ámbito parlamentario institucional solo se podía revertir mediante la lucha de masas en las calles y una política audaz. Ninguna cantidad de concesiones complacerá a la oligarquía capitalista.
Solo de forma organizada los explotados podemos combatir los ataques perpetuados por la clase dominante, luchando de manera firme y consciente contra los explotadores. Esa es la única forma de garantizar un alto a este sistema de barbarie y explotación. Solo luchando contra el capitalismo y sus representantes podremos obtener verdadera justicia para todas las víctimas que dieron su viva luchando por una sociedad libre de explotación y opresión.