Durante las últimas semanas, entre atónitos y preocupados, estamos asistiendo a las reuniones que están manteniendo los máximos dirigentes de UGT y CC.OO. con el Gobierno. A partir del fin de semana del 8-9 de enero, los máximos dirigentes de UGT y CC.OO. afirmaron estar dispuestos a “hacer sacrificios” de cara a lograr un Pacto de Estado, implicando a la CEOE y al resto de partidos políticos, fundamentalmente al PP.
A los pocos días, en un resumen de la intervención de Toxo en el Comité Confederal de CC.OO., aparecido en la web del sindicato, Toxo afirmaba:
"La situación económica aconseja enviar al país, a la ciudadanía y a las instituciones internacionales un compromiso firme en aras de solventar la situación, y al mismo tiempo prepararnos ante un eventual desacuerdo informando a los trabajadores y a la sociedad sobre nuestras propuestas"
Las negociaciones
En primer lugar, muchos nos preguntamos ¿Qué se ha estado negociando? Porque Zapatero, expresando los deseos del capital financiero, ya dijo que “la jubilación a los 67 años es ‘inamovible’”. Normalmente, para obtener mejoras (o para parar los ataques sociales de que se es objeto) un representante de los trabajadores se sienta en una mesa a negociar porque tiene un respaldo material detrás, y entonces puede obtener beneficios para los trabajadores.
Pero, en este escenario, sin hacer planteado una campaña de presión seria ¿Con qué fuerza se va a negociar? CC.OO. y UGT se habían comprometido con la campaña Activos contra la crisis (a cuyas reuniones han asistido representantes de sindicatos estatales, algunos regionales, IU y otras organizaciones de izquierda) a celebrar una gran manifestación el 22 de enero en Madrid, con una campaña de autobuses desde todo el Estado. Finalmente, anunciaron que no la convocaban.
¿Qué es lo que puede conceder Zapatero?
En las negociaciones, el Ejecutivo planteó a los dirigentes de UGT y CC.OO. que las empresas sólo puedan acogerse al despido objetivo por causas económicas aprobado con la última reforma laboral (de indemnización de 20 días por año), si demuestran que las pérdidas económicas previstas no van a ser sólo coyunturales. La verdad es que, contablemente, una empresa puede realizar todo tipo de marrullerías para camuflar esto. De todas formas, en la reforma laboral aprobada hay otros agarraderos legales fácilmente interpretables que posibilitan el despido de los 20 días.
En el curso de las conversaciones con el Gobierno y la Patronal, éste se comprometió a “elaborar un plan contra el desempleo juvenil y el paro de larga duración, buscar una política industrial que regenere el sector secundario…”. Son ideas vagas, que se materializarán en millones de euros de subvenciones para los capitalistas, como siempre sucedió en las últimas décadas, sin cambiar nada esencial.
Para justificar su propuesta de ampliar las negociaciones a la hora de lograr un pacto global, la dirección de CC.OO. y UGT manifestaban que “en un acuerdo más amplio y con más interlocutores creemos que podemos evitar las reformas unilaterales por parte del Gobierno”. Esta es una argumentación muy peregrina porque, nuevamente, parece que es la habilidad táctica de dos o tres negociadores la que va a defender las conquistas sociales de los trabajadores, y no la capacidad de presión que realice la clase trabajadora.
Por otra parte, los reparos públicos del PP a la congelación de las pensiones y a la extensión de la jubilación de las pensiones a 67 años es pura demagogia electoralista. Así debe ser denunciado por Toxo y Méndez. Los ejemplos de políticos del PP como Aguirre en Madrid, y Valcarcel en Murcia, bastan y sobran para demostrar quiénes son los que con más ahínco atacan a los trabajadores allí donde gobiernan.
El problema fundamental de los dirigentes de UGT y CC.OO. es un problema fundamentalmente político. A día de hoy, carecen de la estrategia y alternativas para enfrentarse a la situación actual. Tener una alternativa sindical, inevitablemente lleva a realizar determinados análisis políticos, significa empezar a cuestionas aspectos esenciales del hoy “status quo”.
Se argumenta algunas veces de forma errónea que el movimiento sindical no debe entrar en política, pero eso siempre fue falso, y hoy lo es mil veces más. De hecho, ahora se le pide al movimiento sindical “que ejerza su responsabilidad”. Pero debemos preguntarnos ¿Responsabilidad ante quien? ¿Quiénes son los principales responsables de la crisis y quiénes también propiciaron el gigantesco endeudamiento de este país? ¿Qué mas sacrificios tenemos que hacer los trabajadores?
Según el economista Roberto Centeno, desde la Transición a finales de los 70, la participación de las rentas del trabajo en el conjunto de la renta nacional ha caído del 64% al 45% del total, que puede suponer ahora. Estamos hablando de centenares de miles de millones de euros.
Si los bancos están siendo rescatados con el dinero público (es decir, con nuestros salarios, con nuestra riqueza generada con nuestro esfuerzo, con el dinero de las prestaciones sociales que nos están recortando) ¿No debería ser el Estado el que gestionase estos recursos para invertirlos en beneficio de la inmensa mayoría y no de unos pocos? ¿Tienen que entrar en este tipo de razonamientos los sindicatos? Claramente, sí. Y, a partir de aquí, desgranar de manera concreta un plan para solucionar los problemas de los trabajadores, con los recursos que gestione el Estado, sin permitir ningún retroceso en nuestros ya devaluados derechos sociales..
La falta de una clara alternativa política que, en beneficio de los trabajadores, desarrolle medidas para hacer pagar la crisis a las grandes empresas y bancos de este país, ha llevado a nuestros dirigentes de UGT y CC.OO. a aceptar de forma muy peligrosa la estrategia de la burguesía, cosa que esperamos fervientemente que rectifiquen cuanto antes.
Defender mejor nuestros derechos significa prepararse para la lucha
Con unos sindicatos que están más debilitados en sus estructuras y tradiciones que los de otros países vecinos (Portugal, Grecia, Francia), la conclusión que ha sacado la dirigencia sindical de luchas como las de Francia o Grecia, parece que ha sido que, a pesar de la multitud de movilizaciones convocadas, éstas no sirvieron para parar los ataques.
Ahora bien, en Francia, si bien la reforma de las pensiones no fue paralizada, la rotundidad de la movilización dejó a Sarcozy extremadamente debilitado y con muy poco fuelle en los próximos meses para sostener otro "round" con el movimiento obrero francés.
Es decir, la mejor forma de organizar la resistencia del movimiento obrero, reconquistar una autoridad perdida entre sectores de trabajadores por parte de los sindicatos y limitar futuros ataques, consiste en organizar la más amplia respuesta posible. No con una estrategia de luchas de desgaste sin fin concreto, sino con un plan consistente que se plantee en primer lugar retomar los centros de trabajo con actividad sindical permanente; reforzar al conjunto del movimiento obrero con alianzas y frentes donde, junto con los sindicatos estatales marchen los sindicatos regionales y nacionalistas, Izquierda Unida, asociaciones de vecinos, asociaciones de inmigrantes, asociaciones de parados y otros movimientos sociales.
Al carecer de esta perspectiva, los dirigentes de CC.OO. y UGT pareciera que no confiaran en la capacidad de lucha del movimiento obrero. Finalmente, se “han metido en un jardín” del que les es muy difícil salir. En el mejor caso, lo mínimo que van a perder es bastante credibilidad y autoridad, y con ellos nuestros sindicatos mayoritarios, además de un tiempo precioso que debía de haberse invertido a la hora de profundizar en la unidad del movimiento obrero.
¿Cuáles serían las consecuencias de un Pacto de Estado?
Si se firma el pacto, podemos decir que, desde su nacimiento, se va a encontrar con una fuerte oposición en la base de los sindicatos mayoritarios, así como en uniones y federaciones importantes de los mismos.
Ahora bien, los acontecimientos que determinan la política del Gobierno de Zapatero se dilucidan, en una gran parte, fuera de nuestras fronteras. Y pueden adoptar un carácter volátil. Los recortes que se deducen de un Pacto Social como el que se está barajando, incluso siendo tremendos, no le bastará en el corto plazo al capital financiero acreedor de este país endeudado en el que vivimos, capital financiero que exige un pago inmediato que el Gobierno no puede garantizar en el corto plazo.
Con un consumo deprimido y unos empresarios cuyas inversiones en el 2011 van a seguir creciendo en negativo según las principales previsiones publicadas (La Caixa, FUNCAS), el empleo no va a reducirse de forma importante.
Los recursos que van a invertir de forma decisiva los grandes empresarios en este país no se ven por ningún lado. Al contrario. Según publicó el diario financiero Expansión, entre 2007 y noviembre de 2010, el patrimonio de los Fondos de Inversión españoles (¡Buen eufemismo!) se había reducido en 98.423 millones de euros, limitando su cuantía a tan solo 140.293 millones de euros: la mayor parte de este dinero había emigrado a los bancos de Luxemburgo, para poder especular mejor desde allí.
En un artículo aparecido el 20 de enero pasado, The Wall Street Journal citaba fuentes del Gobierno para asegurar que Zapatero esperaba utilizar 30.000 millones de euros de fondos públicos que empezaran a recomponer los activos devaluados de las cajas de ahorro. Dicho periódico ligaba el futuro de las cajas de ahorro al del estado español, y al propio euro.
Todos los estudios de los bancos de inversión en realidad hablan de que para sanear, tan solo las cajas de ahorro, harían falta cantidades que oscilan, como mínimo, entre los 50.000 y 80.000 millones de euros. En cualquier caso, esos 30.000 millones de euros suponen directamente un 3% de déficit más sobre lo ya presupuestado. Este Gobierno, inerte y entregado al capital financiero, no se atrevería a empezar a romper su plan de reducción del déficit si no hubiera ya en marcha una “operación de rescate”, o como la quieran llamar, avalada por las autoridades de la UE, el Fondo de Rescate Europeo y, sobre todo, por el Gobierno alemán.
Es decir, si hay pacto (cosa que esperamos firmemente que no ocurra), Zapatero se va a ver obligado en el muy corto plazo a someter a los sindicatos a una presión mayor, con nuevos recortes por encima de lo ya acordado. La presión que podrán soportar los dirigentes sindicales tendrá un límite. Finalmente, el Pacto Social se rompería.
Insistimos, el problema es que, mientras más se tarde en esto, más autoridad perderán los sindicatos, más saldrán debilitados. Y UGT y CC.OO. son las únicas herramientas, construidas durante décadas, que pueden llegar al conjunto del Estado y enfrentar los ataques de la burguesía. Hoy en día estas son las herramientas principales de la clase trabajadora del estado español. No hay otras que tengan ese arraigo. Los otros sindicatos más pequeños, si tienen una buena orientación, pueden ayudar en este proceso pero, hoy por hoy, no pueden sustituir el papel jugado por UGT o CC.OO.
La burguesía, con el pacto, busca la tranquilidad de los “mercados”
Los capitalistas querrían volver a reedificar el consenso político logrado en la Transición. Lo necesitan. Saben que estas reformas no son aceptadas por los trabajadores y precisan por tanto del concurso de sus representantes, como sucedió a finales de los 70. La escenificación pública de la famosa reunión de Zapatero con el Rey y los 37 empresarios más poderosos no tiene precedentes. A través de todos los medios de comunicación trasladan la idea de la inevitabilidad de lo que llaman “reformas”, impuestas por los mercados, mercados al mismo tiempo “todopoderosos” y “misteriosos”.
Hay que ser claros. Como muy bien dijo Cayo Lara, desde IU, hace meses:
"¿Quiénes son los mercados? Es que yo quiero poner nombres y apellidos a los mercados. Vamos a ver quiénes son. Vamos a ver si son las 1.440 personas que controlan el 80% del PIB de España. A ver si los mercados son esos señores de la banca que se retiran y les dan 80 millones de euros. O los banqueros que han ganado 17.000 millones de euros en 2009, en plena crisis, a costa del sufrimiento de la pequeña y mediana empresa. A ver si son los que están cogiendo dinero al 1% en el BCE y se lo están vendiendo al 9% a Grecia. Son los que están especulando con el dinero de todos. Aquí hay un poder financiero tan importante que tiene más poder que los Estados”.
En el último año hemos asistido a un giro total a la derecha del Gobierno de Zapatero. Este giro ha sido común a todos los Gobiernos europeos, en mayor o menos medida, independientemente de su signo partidista. Gobiernos conservadores, como el de Irlanda, han seguido en esencia la misma política que Gobiernos socialistas, como el griego. El camino que está recorriendo el Gobierno español está siendo, paso a paso, el de los países mencionados.
Desde que estalló la crisis, el Gobierno acudió en ayuda de los principales grupos financieros. Creó en el 2008 un fondo, ampliable hasta los 150.000 millones de euros (entre ayudas directas y posibles avales), para sostener el crédito a los bancos y solucionar posibles derrumbes en sus balances, motivado por sus deudas.
La deuda principal es la de empresarios y banqueros
Todavía entonces, Zapatero presumía de una deuda pública baja (y lo es todavía en relación a otros países europeos). Pero el problema del estado español no es la deuda pública actual, sino la enorme deuda privada de los bancos y empresas, y en menor medida la de las familias, propiciada por aquellos. A su vez, la deuda de las familias fue debida a la especulación que llevaron a cabo bancos e inmobiliarias con las viviendas a las que se vieron obligados a acceder millones de familias trabajadoras a estos precios inflados, ante la falta de viviendas protegidas a precios baratos.
El economista Alberto Garzón lo explica así: “como se puede ver en la siguiente gráfica, el endeudamiento público de España para finales del 2009 era sólo de un 13% del total del endeudamiento del país en su conjunto y de un 17% sobre el total del endeudamiento externo”.
No lo olvidemos, la deuda principal que sostiene el capitalismo español es, con mucho, la de bancos y empresas.
Desde hace un año, ante la dureza de la recesión y el mantenimiento del paro más alto de la UE, el capital financiero (sobre todo el capital internacional acreedor) tuvo serios temores de que el capitalismo español pudiera hacer frente a estas gigantescas deudas.
Los bancos acreedores internacionales comprendieron perfectamente la tendencia a la insolvencia de la economía española, lo que acabaría convirtiendo la deuda privada en pública. A partir de entonces, para financiar el déficit, otorgar más créditos a las empresas española, y refinancias todas estas gigantescas deudas, exigían garantías tangibles que hicieran viable la devolución de la deuda y la viabilidad de las empresas españolas, en un mercado internacional donde siempre brillaron por su débil competitividad.
En última instancia, de ahí nacen los sucesivos ajustes ejecutados por el Gobierno: el recorte de 15.000 millones de euros que conllevaba, entre otros aspectos, el recorte salarial del 5% a los funcionarios; el tarifazo eléctrico del 10% de subida (casi el 50% de subida de la electricidad en los dos últimos años); el recorte de la paupérrima ayuda de 426 euros para parados sin prestaciones, a unos míseros 375 euros, que se ha anunciado ahora; la privatización del 49% de AENA y de Loterías; la subida del IVA; el recorte de impuestos a los empresarios; la reforma laboral…
Zapatero habla de que no se va a dejar llevar por intereses electorales, sino por los nacionales. La prensa financiera internacional le aplaude por ello: “Zapatero va a dejar un legado cimentado en la realidad” asegura el económico londinense Financial Times.
Zapatero, servilmente, ya ha expresado públicamente sus siguientes objetivos, en primer lugar la contrarreforma de las pensiones. Con las propuestas que están sobre la mesa del Gobierno, los sindicatos calculan que mucha menos gente podrá acceder a las pensiones contributivas, que van a verse devaluadas en torno a un 25%.
Inmediatamente vendrá la reforma de la “negociación colectiva”. CC.OO. ha desvelado en una circular interna que el Gobierno quiere imponer la derogación de los convenios provinciales, poniendo cada año el contador de la negociación colectiva a 0, lo que llaman ultraactividad. Eso significa renunciar a todo lo que se ha venido consiguiendo en los convenios, año a año, en las últimas décadas.
Ya está en marcha la privatización de las cajas de ahorro: las solventes, serán privatizadas, y el Estado (nosotros con nuestros impuestos) se quedará con las menos competitivas.
Luego vendrá la reforma del sistema de salud, y luego más... “Cinco años al menos de reformas”, declaró Zapatero. Más, podemos decir nosotros: un sin vivir para la próxima generación condenada a pagar las deudas generadas por la gran banca y principales empresas ante cuyos intereses esenciales se plegaron siempre los Gobiernos de turno.
¿Qué haber hecho después del 29 de septiembre?
La huelga general del 29 de septiembre, teniendo en cuenta lo tarde y mal que fue convocada, contra una reforma que ya estaba aprobada, tuvo un resultado bastante digno para la clase trabajadora. Ese resultado no sirvió para echar atrás la reforma laboral, pero sí para atemperar a una burguesía que durante todo el verano estuvo hablando de sacar una “ley de huelga” contra los sindicatos. Después de muchos años de pérdidas de tradiciones sindicales, el 29S hay que verlo como el inicio de un despertar del movimiento obrero en unas condiciones objetivas, no lo olvidemos, donde luchar y hacer huelga es más difícil que en el 2002 o en 1988, en épocas de auge económico.
Ahora bien, a nivel de las estructuras provinciales y de empresa, en muchas zonas, la actitud ante la huelga reflejó cierta “oxidación” del movimiento sindical, pérdida de tradiciones, mala organización de los piquetes, etc.
Es muy interesante, en este sentido, la resolución aprobada por unanimidad en el consejo de la UP de CCOO de Granada el pasado 15 de enero, donde se plantean ideas como:
“Nos parece que las decisiones que se están tomando desde que en mayo de 2010 el Gobierno decidiera un giro radical en sus políticas, no están siendo las más adecuadas en su manejo de los tiempos, y que no se está teniendo suficientemente en cuenta la opinión de los cuadros sindicales más cercanos a los trabajadores y trabajadoras, que vamos viendo como éstos se distancian progresivamente de nuestra organización.
“Durante los meses de preparación de la huelga general el 29 de septiembre pudimos constatar, en las convocatorias de asambleas en los centros de trabajo y en las reuniones con la sociedad civil, algo que corrobora lo que vivimos en nuestras relaciones cotidianas, tanto personales como sindicales: las críticas a los sindicatos de clase han calado en el conjunto de la ciudadanía, que considera que estamos actuando con excesiva pasividad ante la crisis.”
Dicho esto, la huelga del 29-S, aparte de las debilidades del movimiento sindical, reveló también que todavía hay una capa amplísima de trabajadores que vive aterrada ante la situación actual, en el país de la UE con la tasa de paro más alta. Esto es lo que explica situaciones como la que se acaba de dar en la Nissan en Barcelona donde, después de todo tipo de rebajas en las condiciones laborales en los dos últimos años, nuevamente se aceptan retrocesos para “garantizar” la viabilidad de unas inversiones que vendrán en el 2014… Llevamos ya más de dos años donde el pan de cada día es que se aceptan recortes, se echa a un trabajador en una empresa y no hay confianza a la hora de revertir ese despido, se acepta … Ese ambiente existe todavía entre sectores importantes de trabajadores y no podemos subestimarlo.
Ante esta situación, toda estrategia sindical debe pasar por tender a ir generando la mayor unidad de la clase trabajadora en torno a los sectores más dinámicos de ésta, que deben explicar pacientemente sus propuestas al resto, para lograr el acercamiento entre los sectores de activistas y batallones del movimiento obrero más conscientes con aquellos otros más retrasados, no para separarlos.
La estrategia después del 29-S fue nuevamente errónea. Lo explican muy bien los compañeros de CC.OO. de Granada en la resolución anteriormente mencionada:
“Desde entonces, no hemos sido capaces de mantener la movilización y la tensión, pese a que el Gobierno no ha cedido ni un ápice en sus planteamientos. La energía que conseguimos generar en ese momento en nuestra organización y en el mundo del trabajo se ha ido diluyendo.
“No se trata de buscar culpables sino de analizar los errores para intentar corregirlos, porque el problema no está localizado sino que afecta al conjunto de la organización, que parece haber perdido tono muscular en todas sus estructuras y no estamos haciendo el trabajo necesario para recuperarlo.
“Entendemos que en este momento era necesario convocar otra huelga, después de haberla anunciado y cuando el Gobierno sigue manteniendo sus planteamientos como inamovibles”.
Al no realizarse, pacientemente, este trabajo sindical, los líderes sindicales tampoco transmitieron convicción en las mal preparadas manifestaciones de diciembre, y no profundizaron en el necesario frente unitario que necesita el conjunto del movimiento obrero, tomando, para empezar, como modelo la confluencia que ha logrado en Murcia, cuyos resultados hemos apreciado en diciembre y enero en una mayor unidad en la lucha de TODO el movimiento obrero…
En Murcia donde, de cara al 29-S, se forjó una plataforma de la izquierda que aglutinó a la práctica totalidad del movimiento obrero organizado, la movilización del 29-S fue proporcionalmente muy superior a otras zonas del Estado, lo que ha tenido su correlato en las 6 manifestaciones contra el posterior ajuste del presidente regional del PP, Valvarcel. La última de las manifestaciones de enero reunió a unas 40.000 personas.
La convocatoria del 27 de enero
Previamente, a final de diciembre, se habían dado las convocatorias de huelga general para el 27 de enero en Galicia (de la CIG) y en Euskadi (de ELA y LAB). En Cataluña convoca la CGT, pero esa convocatoria es muy difícil de llevar adelante en los centros de trabajo.
En Euskadi hay una tradición de ELA y LAB desde hace muchos años de convocatorias separadas en líneas nacionales que son, a todos los efectos, negativas para el conjunto del movimiento obrero, mermando su fuerza y unidad. Ahora bien, esta estrategia no hubiera cobrado fuerza si, previamente, muchos trabajadores no hubieran sacado la conclusión de que la línea sindical seguida por los principales sindicatos estatales de “pactos”, era equivocada.
ELA y LAB son, desde hace tiempo, la mayoría sindical vasca. Sus últimas convocatorias no han estado precedidas de llamamientos a UGT, CC.OO. o a sus bases. Creemos que eso no es positivo. Tampoco lo fue el que UGT y CC.OO., el 29 de septiembre, hubiesen actuado de la misma forma con respecto a los compañeros de la CIG en Galicia.
Creemos que ahora, si ha habido una convocatoria parcial, los principales responsables son los dirigentes de UGT y CC.OO. Si desde diciembre, o antes, hubieran tomado la iniciativa de lanzar una fecha unitaria, haciendo un llamamiento compañero al resto del movimiento obrero, CGT y la CIG les hubieran seguido. Los dirigentes de LAB y ELA (que no convocaron el 29 de septiembre), se hubieran quedado sin argumentos a la hora de proseguir en su línea de convocatorias divididas.
Como hemos dicho, la posibilidad del Pacto Social se ha encontrado con una fuerte oposición en la base de los sindicatos mayoritarios, así como en uniones y federaciones importantes de los mismos. Por eso es muy importante que el resto de corrientes, sindicatos y expresiones organizadas del movimiento obrero realicen un trabajo paciente y amistoso, dirigido a la base de los sindicatos estatales mayoritarios. El papel que en este sentido podemos jugar desde IU y el PCE, al ofrecer una explicación política de la situación actual y una estrategia consistente, es muy importante.
Por todo ello, las convocatorias del 27 de enero, y el debate que se genere en torno a ellas, deben servir para promover una mayor confluencia futura del conjunto de organizaciones del movimiento obrero. Sería una tragedia que sucediera lo contrario, que se viera la convocatoria del 27 de enero como un fin en sí misma, lo que llevase a choques innecesarios entre los propios trabajadores. Hay un peligro de enfrentamiento sectario que todos los compañeros con conciencia de clase, militemos en el sindicato que militemos, debemos combatir.
Oposición al pacto en la base de UGT y CC.OO.
En este contexto, en las asambleas de delegados que se han celebrado en el mes de enero el ambiente que ha habido en las reuniones convocadas no ha sido precisamente de efusión con la estrategia planteada por UGT y CC.OO. En Bilbao, en la asamblea de delegados de UGT de toda Euskadi, había un ambiente de frustración. Hubo varias intervenciones críticas con la estrategia del sindicato. En un artículo aparecido en nuestra web, un delegado asistente comentaba la esencia de varias de las intervenciones en dicha asamblea:
“¿Qué sé esta negociando? ¿Cuál es él limite de esa negociación? ¿Por que no hay una negociación con un calendario de movilizaciones que fortalezca esa negociación? ¿Qué se quiere hacer para conseguir la unidad de acción de los sindicatos, y de las demás organizaciones que representan a los intereses de los trabajadores? Si los trabajadores de Euskadi son llamados a la movilización ¿Cómo podemos nosotros (UGT Euskadi) mantenernos al margen?”.
Muy significativa fue la asamblea de delegados de CC.OO. en Asturias el 12 de enero. La imagen que queda de dicha asamblea es que hubo una rebelión de la mayoría de los delegados de CC.OO. frente a Fernando Lezcano, uno de los máximos dirigentes del sindicato. Y no solo fueron delegados de empresa, sino también dirigentes comarcales y de federaciones provinciales.
Al poco, el consejo de la UP de CCOO de Granada realizó por unanimidad, el 14 de enero, una crítica clara de la línea seguida, llamando a la rectificación y a la convocatoria de una huelga general, algunos de cuyos párrafos hemos expuesto.
Parte de esta información se puede consultar en un blog público que han lanzado cuadros y dirigentes del sindicato, de diferente grado de responsabilidad, http://cartaatoxo.blogspot.com, que han comenzado a recoger firmas de afiliados oponiéndose a este posible acuerdo (mandar a: carta.a.toxo@gmail.com)
El impacto de esta campaña, junto con el de las asambleas mencionadas, han tenido un efecto en la dirección de los dirigentes sindicales, pero en la próxima semana hay que redoblar esfuerzos a la hora de de garantizar que nuestros dirigentes no hagan ninguna concesión frente a las presiones de que están siendo objeto por parte del Gobierno del PSOE y de la burguesía. Desde nuestra humilde web nos sumamos al llamamiento que han hecho estos compañeros para mandar todo tipo de resoluciones de protesta a estas direcciones.
Sobre todo en CC.OO., pero también en UGT, empezó un movimiento de abajo a arriba contra la estrategia de Toxo y Méndez. Para tratar de contrarrestar las presiones de las bases y cuadros importantes de los sindicatos, los dirigentes de UGT y CC.OO. improvisaron las concentraciones en las sedes de la Seguridad Social para el 19 de enero, convocadas aprisa y corriendo, concentraciones que en esas circunstancias fueron muy reducidas, teniendo en cuenta el ambiente de incredulidad y escepticismo reinantes entre gran parte de los delegados, que estaban asistiendo atónitos a la negociación del Pacto de Estado donde todos los avances sociales parecían estar en cuestión.
La clase trabajadora entrará en escena
Muchos compañeros, cuando han visto las magníficas respuestas que ha ofrecido la clase trabajadora en otros países europeos, se sienten un tanto desanimados o escépticos en el caso español: “va a hacer falta mucho tiempo para que nos movamos en serio aquí” ó “en Europa se lucha, aquí no somos capaces” son comentarios que todos hemos escuchado.
Los trabajadores españoles necesitarán más tiempo pero, inevitablemente, entrarán en lucha, poniéndose al nivel de sus homólogos europeos. En primer lugar, hay secciones de la clase obrera que “no pueden esperar más”. La convocatoria del 27 de enero, en una parte importante, reflejó esto.
La lucha en Murcia demuestra cómo el derrumbe de la construcción, deprimió a la región que más creció con este modelo productivo. Los trabajadores pasaron de la frustración a la furia, ante la última medida de ajuste de Valcárcel contra los funcionarios, entrando en ebullición, pero la potencial furia que existe en otras zonas del Estado no es menor.
En zonas como Andalucía hay tremendo problemas de carestía en zonas jornaleras que pueden expresarse con luchas muy radicalizadas. En general, las tradiciones históricas que tiene la clase trabajadora en el estado español es la de luchas que a veces son sorpresivas y fulminantes.
Realmente, la burguesía y sus ideólogos están muy preocupados por el futuro de la economía de mercado. Entienden que el movimiento obrero superará las debilidades actuales que padece y acabará por “ponerse al día” a la hora de enfrentarse a la situación actual. Felipe González, ex presidente español (y ahora consejero de la multinacional Gas Natural), daba una visión pesimista del futuro:
“Estamos incubando la siguiente crisis financiera y la diferencia con ésta será que los ciudadanos ya no tolerarán que haya centenares de miles de millones de dólares para rescatar a los banqueros de sus propios errores. Probablemente, estamos ante la última oportunidad de una reforma seria del funcionamiento del sistema” (El País, 07-11-2010).
Ante la crisis capitalista ¡Por una alternativa socialista!
Izquierda Unida tiene una responsabilidad muy importante de cara a organizar un trabajo en los sindicatos, para rescatar las mejores tradiciones del movimiento obrero español, dotándole de una perspectiva más amplia y de un programa socialista. Las vacilaciones de los dirigentes de CC.OO. y UGT hacen más necesaria que nunca esta labor, que debe pasar por apoyar a los sectores de izquierda dentro de UGT y CC.OO. En concreto, empezando por reforzar al sector “crítico” de CC.OO., la corriente existente que defiende un sindicalismo “sociopolítico y de transformación social”, que ahora conectará de manera mucho más evidente con las aspiraciones de las masas.
Ahora es cuando IU puede conectar con éxito con millones de jóvenes y trabajadores, iniciando una campaña política que demuestre en la calle a los ojos de las masas cómo podemos suponer una alternativa real que planteamos soluciones concretas ante la crisis capitalista. Explicando:
- Nuestra oposición a la reforma de pensiones con una campaña de propaganda amplia en todas las ciudades y pueblos. Cayo Lara ha explicado muy bien cómo los que mandan en este país se permiten el lujo de tener a 4’5 millones de personas muchos años sin cotizar ¿Cuánto valor se ha dejado de producir por parte de los millones de trabajadores que han permanecido en paro en los últimos años, condenados por este sistema? ¿Cuánta riqueza se podría haber producido para satisfacer tanta necesidad existente?
- Nuestra oposición, como IU, a la privatización de las cajas de ahorro. Interviniendo con propaganda en las diferentes oficinas de las cajas de ahorro, que se van a ver afectadas por miles de despidos con el ajuste que presenta el Gobierno. Preguntamos: ¿El Gobierno sólo debe intervenir en la economía para salvar a los grandes grupos de la banca y de la construcción que nos han conducido al desastre, “nacionalizando” sus pérdidas? Decimos que no. Una banca pública que dominase el sector financiero español anularía los intereses abusivos que ha cobrado la banca hasta ahora, otorgando hipotecas baratas, favoreciendo con los recurso financieros disponibles los planes e inversiones del Gobierno para dotar de empleo a los 4’5 millones de parados actuales.
- En este momento, probablemente la mejor forma de reforzar a IU pasaría porque cada asamblea de IU en cada barrio, en cada pueblo, a nivel de cada ciudad, organizasen una amplia campaña de actos públicos. En estos actos, invitando también a todos los sindicatos, podríamos exponer nuestro programa de una manera amplia.
Los capitalistas, con la crisis de sobreproducción existente, no van a organizar ahora ningún plan para dotar de empleo a los millones de trabajadores. Si los empresarios no invierten, el único que tiene posibilidad de hacerlo es el Gobierno.
Son los grandes empresarios y banqueros quienes fomentaron el endeudamiento familiar. Los trabajadores no somos responsables de estas deudas que padecemos, referenciadas a valores especulativos de las propiedades inmobiliarias. Una auténtica política socialista pasaría porque el Estado tomase el control de estos bancos y empresas, técnicamente insolventes en muchos casos, poniéndolos bajo el control de los trabajadores para evitar corrupción y derroches tan comunes en todos ellos.
Con los recursos de los principales conglomerados económicos españoles sí se podría empezar a planificar la economía para acabar con la pesadilla que vivimos millones de familias:
Objetivamente, la clase trabajadora necesita, ahora más que nunca, de una expresión política organizada lo más fuerte posible a la izquierda del PSOE. Izquierda Unida es una herramienta que cumple tal objetivo. Con una actitud consciente, desde Izquierda Unida podemos salir hacia fuera: a los barrios, institutos, fábricas y mercados para hacer un trabajo continuo de propaganda y, con él, de afiliación y fortalecimiento de nuestra organización. Partiendo de los problemas cotidianos que padecemos, desde IU podemos explicar de manera amistosa, ahora, a un número mayor de trabajadores y jóvenes, una alternativa auténticamente socialista frente a la crisis capitalista.
Fuente: Corriente Marxista Internacional (Estado Español)