“El Poder político no es, en rigor, más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra” (C. Marx y F. Engels. Manifiesto del Partido Comunista)
El 6 de diciembre el Tribunal Federal Oral 2 compuesto por su presidente Jorge Gorini y los jueces Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, de la mano de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, todos magistrados y funcionarios que jugaban al fútbol en la casa de Mauricio Macri, condenaron por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a 6 años de prisión inhabilitándola de por vida para ejercer cargos públicos en la llamada “Causa Vialidad” que se presentaba como el intento de investigar el direccionamiento en la adjudicación de las obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década, a favor de Austral Construcciones del empresario Lázaro Báez.
Es la primera vez que se condena a una vicepresidenta en ejercicio. El 9 de marzo se conocerá el fallo completo.
La sentencia quedará firme cuando las instancias de apelación estén agotadas, quedando la Corte Suprema, que fue clave para el desarrollo de la Causa Vialidad, como última instancia. Es por eso que, en el marco judicial, hasta que no haya una sentencia firme, Cristina Kirchner podría eventualmente ser candidata en las elecciones presidenciales de 2023. Aunque la propia CFK después de la condena, en un repliegue político, anunció que no se presentara en 2023: “No voy a ser candidata a nada”. Esta situación por un lado la dejaría sin la inmunidad que le proporcionan los fueros parlamentarios y por otro le abre el camino al Ministro de Economía, Sergio Massa, que es el candidato de los especuladores financieros dentro del Frente de Todos.
Al repliegue de Cristina se suma a que no hay una respuesta en las calles, ni convocatoria a la lucha, generando malestar en la base Kirchnerista. Que espera una actitud diferente de su dirección.
Siguiendo el Juicio, las maniobras previas y posteriores, queda claro que lo que se está llevando adelante es una operación político-mediática-empresarial que no busca indagar ni investigar nada sobre los hechos de corrupción ligados a la obra pública que son habituales en absolutamente todos los gobiernos, donde políticos y empresarios se enriquecen con los sobreprecios a costa de la corrupción inherente al Estado de los capitalistas. Sino que es una muestra de cómo un sector del aparato del Estado, utilizando sus resortes, se atribuye el derecho de decidir que representantes políticos de una facción capitalista se pueden presentar a las elecciones y quienes no. Esto apoyándose en la impunidad de clase que le otorga la gobernabilidad sostenida por todos los partidos, desde el Frente de Todos hasta Juntos por el Cambio, sin distinción.
Para amplios sectores de la burguesía el trabajo sucio del Ministro Massa no alcanza y se juegan a condicionar al Frente de Todos, intentando sacar del medio a Cristina Kirchner como reservorio último de la gobernabilidad.
Pero fundamentalmente la clase dominante, utilizando en este caso al Poder Judicial, busca avanzar políticamente para poder doblegar a la clase trabajadora, ante la bancarrota financiera del Estado, con un ajuste que articule a mayor velocidad la reforma laboral, fiscal y previsional que pide el FMI como producto de la crisis del capitalismo argentino, inserto en la crisis mundial del capitalismo.
Esta democracia y justicia burguesa arrasa con todos los preceptos de lo que en algún momento dijeron defender, la Constitución Nacional y los fundamentos de una justicia que se base en el Derecho burgués: la presunción de inocencia. Lejos de esto la clase capitalista ante la crisis económica en curso no se detiene ante nada ni nadie, vemos el ejemplo de Perú y un golpe reaccionario impulsado por el Parlamento peruano y diseñado por las cámaras patronales, el ejército, la policía, los medios de comunicación, la embajada de EE.UU. y las multinacionales mineras.
Prácticamente en el mismo momento en el que se dictaba sentencia contra CFK salían a la luz una serie de conversaciones de un grupo de chat en Telegram donde empresarios, como Jorge Rendo, el presidente del Grupo Clarín, y el sobrino de Héctor Magnetto y Espías junto a Funcionarios alineados con la oposición de Juntos por el Cambio y Jueces se ponían de acuerdo para ocultar un viaje a la estancia más lujosa del país propiedad del magnate británico Joe Lewis, donde estuvieron reunidos para coordinar sus acciones y llevar adelante su agenda reaccionaria. Las relaciones íntimas entre distintos actores del aparato estatal exponen a toda luz la podredumbre del Estado capitalista. Es decir, su carácter de clase sin velo alguno.
El Poder Judicial, en una sociedad dividida en clases sociales con intereses opuestos y antagónicos, existe solo para darle forma a la superestructura jurídica que se deriva de las relaciones producción en el capitalismo. Su papel es defender los intereses, privilegios y ganancias de la clase dominante creando una legalidad que legitime la propiedad privada de los medios de producción donde las ganancias de los capitalistas provienen del trabajo no pagado a la clase trabajadora, así el robo se hace legal.
Pero la cuestión no es muy distinta en los otros sectores que conforman el aparato del Estado donde los intereses económicos y políticos de empresarios, terratenientes y banqueros están firmemente representados tanto en Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Y cada vez es más palpable como la crisis política atraviesa a todos los sectores y a su vez agita las divisiones internas de la propia clase dominante y sus representantes políticos que pueden derivar en diversos reagrupamientos tanto el oficialismo como en la oposición.
La condena a Cristina Kirchner agudiza la crisis del régimen político de conjunto, ya que esta se da en el marco de una situación que cada vez se hace más insostenible para los trabajadores y las trabajadoras. Un reciente informe del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina muestra que pese al gasto social, la pobreza aumentó al 43,1% en 2022. O sea, el nivel real de la pobreza afecta prácticamente al 50% de la clase trabajadora e involucra sobre todo a la juventud y la infancia, mientras se recortan partidas sociales, de salud y de educación. Esto a su vez es contestado con luchas en las calles por parte del movimiento piquetero, sectores de la clase obrera, trabajadores de la salud, docentes. Que se expresan a través de huelgas y movilizaciones, que anticipan el escenario de agudización de la lucha de clases que se viene gestando.
En este escenario los dirigentes ligados al Kirchnerismo vienen sosteniendo que la condena a CFK es parte de una avanzada del “Partido Judicial” donde las mafias a través del “Lawfare” han montado un «Estado paralelo». Pero en realidad lo que ha quedado expuesto es la podredumbre y la corrupción del régimen político con el cual la clase dominante gobierna el país desde sus cómodos despachos empresariales. El intento de magnicidio contra la propia Cristina Kirchner no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de la misma podredumbre que recorre al sistema político.
Hace décadas que vemos la imposibilidad de que la democracia capitalista sea efectiva, real y que satisfaga las necesidades de trabajo, comida, salud, educación y vivienda. Ya que esto solo puede conseguirse avanzando en la expropiación, bajo control obrero, de los medios de producción y las palancas fundamentales de la economía.
Debemos aprovechar la actual coyuntura para explicar pacientemente la profundidad de la crisis del sistema capitalista, sus instituciones y su régimen político.
No hay “una crisis terminal en la Justicia”, hay una crisis terminal del régimen político producto de la crisis social inédita que sacude las mesas obreras. Y este es el origen de la inestabilidad a todo nivel que pone a los partidos políticos patronales contras las cuerdas, ya que es imposible resolver una crisis de proporciones cada vez más grandes en los estrechos márgenes de la democracia capitalista.
En un mundo donde la economía comienza nuevamente a estancarse, el contexto mundial es cada vez más frágil. La crisis política, el proteccionismo, la inflación, la catástrofe ambiental, y la guerra que sacuden la economía capitalista preparan nuevas sacudidas en la economía de Argentina.
Debemos sacar conclusiones políticas. La crisis del régimen político se ha agudizado. La burguesía y sus estrategas están llenos de pesimismo y advierten sobre el riesgo de una ruptura en la gobernabilidad que afecte a todos los partidos políticos e instituciones.
Como trabajadores y trabajadoras debemos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras organizaciones de base. La podredumbre del Estado capitalista y todo el régimen antidemocrático que lo sostiene resulta inviable para los de abajo. Necesitamos una revolución que ponga en pie un Estado Obrero. La clase obrera tiene que gobernar para poner fin al ajuste en marcha y extender la democracia desde la política hacia la economía, la cultura, la ciencia y el arte.
Esta es la única manera de terminar con la podredumbre del Estado capitalista.
¡Por un Congreso Obrero!
¡Por una Huelga General!
¡Por un Partido y un Gobierno de Trabajadores!