El martes 5 se encendían las alarmas del Gobierno tras el anuncio del PP de votar contra la prórroga del Estado de Alarma, a lo que se sumaron ERC y las vacilaciones de Ciudadanos y PNV. Esto obligó al Gobierno a negociar y llegar a un acuerdo con éstos últimos para salvar la cuarta prórroga del Estado de Alarma. Finalmente, el PP se abstuvo, quedando en un amago sus amenazas.
Los comentaristas de izquierdas con frecuencia se lamentan del carácter bárbaro y atrasado de la derecha española, contraponiéndolo a otros partidos conservadores y liberales de Europa occidental supuestamente más civilizados y responsables. No podemos aquí entrar en detalle en el desastre que ha provocado la gestión de la pandemia por parte del Partido Conservador en el Reino Unido, ni en el descontento y la rabia que están generando las políticas antisociales de Macron en Francia, amén de otros ejemplos globales de cómo, en última instancia, no hay derecha que no ataque frontalmente a la clase trabajadora cuando es necesario para los intereses de la clase dominante. En cualquier caso, la zafiedad y el atraso de la derecha española no son más que un reflejo de la zafiedad y el atraso de la burguesía española, especialmente de los escalones medios y bajos de la misma.
Ciudadanos rompe con Colón
Podríamos pensar que Ciudadanos fue barrido en las urnas por su giro a la ultraderecha y que la foto de Colón fue la condena de Albert Rivera. Lo cierto es que, si ha habido un partido que ha promovido el nacionalismo español más agresivo en el último periodo, éste ha sido Ciudadanos; especialmente en Cataluña, donde la agitación nacionalista de Ciudadanos adquirió la forma de verdadero escuadrismo parafascista. La foto de Colón es la consecuencia lógica de la polarización nacional posterior al 1 de octubre, pero con ella Ciudadanos se salió del papel de bisagra para el que fue promovido por el IBEX-35, entrando en una pugna con Vox y el PP por el liderazgo de la derecha. Los resultados son conocidos: la prensa burguesa destrozó a su anterior protegido y Ciudadanos se estrelló en las urnas frente a la solidez del PP y el ascenso de Vox, ascenso que el propio Rivera facilitó con su política.
Con este acuerdo para la prórroga del Estado de Alarma, Inés Arrimadas rompe el “bloque de Colón” y coloca a ciudadanos en la posición en que lo quiere la gran burguesía, la de un partido auxiliar para las dos principales fuerzas del régimen del 78, capaz de garantizar la “gobernabilidad” y la aplicación de las políticas liberales demandadas por la patronal. En el caso concreto de este acuerdo, Ciudadanos compromete al Gobierno a negociar las políticas económicas y sociales, como la prolongación de los ERTEs tras el Estado de Alarma (lo que supondrá la exacción de más recursos públicos en beneficio de los empresarios), las ayudas a Pymes y autónomos (la base electoral de C’s) y todo el conjunto de ayudas sociales, en una mesa en la que el Eurogrupo y el IBEX-35 van a estar representados, por partida doble, por Ciudadanos y por el propio equipo económico del Gobierno. Las perspectivas para la clase trabajadora son malas con este acuerdo, que va a someter a una presión descomunal a los ministros de UP.
El papel del PNV
Además del acuerdo con Ciudadanos, no debemos dejar pasar que el PNV no ha hecho otra cosa desde el inicio de la crisis, que salvaguardar los intereses del tejido empresarial vasco por delante de los intereses de la salud pública. Primero pidiendo que fuera cada comunidad autónoma la que decidiera qué servicios parar y cuáles no cuando se paralizaron los sectores no esenciales para que los empresarios vascos no estuviera en una situación desfavorable en el mercado exterior. Más tarde se opusieron al ingreso mínimo vital y en la última semana ha antepuesto sus propios intereses partidistas al ofrecer su voto favorable a la prórroga del Estado de Alarma a cambio de poder celebrar elecciones autonómicas.
Está claro que si algo se ha vuelto a evidenciar con las negociaciones y los acuerdos del Estado de Alarma es que las concesiones del Gobierno siempre caen al mismo lado, el de la burguesía y que es eso precisamente lo que da alas a la derecha para continuar tratando de sacar tajada política de la grave situación en la que nos encontramos.
El amago sobreactuado del PP
El Partido Popular intenta meter el cazo en el miedo y la incertidumbre que esta crisis, y la gestión de la misma por parte del Gobierno, está generando entre las masas. Su demagogia y su sobreactuación contrastan, sin embargo, con los datos objetivos de la gestión de la crisis sanitaria en las comunidades autónomas que gobiernan. Éste es el caso especialmente de la Comunidad de Madrid y de Andalucía.
El PP lleva veinticinco años de gobierno ininterrumpido en la región de la capital, y es en esta donde más lejos han llegado las privatizaciones y los recortes en la sanidad pública y los servicios sociales. El resultado de esto es que Madrid y su región concentran más de un tercio del total de contagiados y fallecidos por Covid-19 en el Estado español, más de la mitad de estos en residencias de mayores que, no olvidemos, están privatizadas en su gran mayoría. El estado ruinoso de la sanidad pública madrileña forzó al gobierno regional a habilitar un hospital de campaña en las instalaciones de la Feria de Madrid (Ifema) y a contratar a miles de sanitarios. A estos sanitarios, una vez pasada la fase crítica de la epidemia, no se les han renovado sus contratos, volviendo al paro tras exponer su salud en unos hospitales saturados y sin contar con los EPIs adecuados.
A esto hay que unir la gestión del cierre del hospital de campaña de Ifema, con fiesta incluida, la contratación de los menús escolares con una multinacional de comida rápida y un rosario de declaraciones absurdas de la presidenta Díaz Ayuso, que cada día da más la impresión de ser una persona totalmente desquiciada e incapacitada para gobernar.
Un punto de inflexión en la situación caótica de la Comunidad de Madrid ha sido la reciente dimisión de la responsable de salud pública, que se oponía a que la comunidad pasara a la fase 1 de la desescalada (para la que es evidente que no está preparada). La propia Díaz Ayuso ha reconocido que este cambio de fase es una demanda de la patronal y que la responsable dimitida ha dejado su cargo porque no estaba dispuesta a responsabilizarse de esa decisión temeraria. En un informe interno, publicado por la Cadena Ser, la propia Consejería de Salud admite que Madrid no cumple ni de lejos los criterios para pasar a la fase 1 de la desescalada, lo que confirma que Díaz Ayuso y su equipo estaban engañando a la gente para obtener una decisión del Gobierno que hubiera puesto en riesgo a la mayoría de los madrileños para beneficiar a un puñado de empresarios.
Andalucía no se cuenta entre las comunidades más afectadas por el Covid-19, sus datos son comparativamente buenos, especialmente en las provincias de Almería y Huelva. Sin embargo, Andalucía es la comunidad con el mayor número de sanitarios contagiados de todo el Estado. Pese a todas las promesas del gobierno PP-C’s de no recortar en sanidad, estos recortes se han llevado a cabo y se han traducido en una falta clamorosa de EPIs y en una explotación y desprotección atroz de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los servicios externalizados. La respuesta de la Junta, a través de la gerencia del SAS, ha sido amenazar con expedientes y sanciones a los trabajadores sanitarios que se atrevieran a denunciar en público esta situación. Pese a ello, la Fiscalía de Granada ha abierto diligencias contra el SAS y la empresa encargada de la limpieza en la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves, CLECE S.A. (de Florentino Pérez) a raíz de la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), por la falta de EPIs con la que han tenido que trabajar las limpiadoras de estos hospitales.
Además de esto, el gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha aprovechado la crisis sanitaria para aprobar un decreto (más tarde recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional) que, con la excusa de “aligerar los trámites burocráticos para la actividad productiva”, vendía al mejor postor los medios de comunicación públicos municipales y amenazaba el patrimonio cultural y natural de Andalucía. También, y sin decreto mediante, la Junta cambió de facto el escudo de la comunidad autónoma, regulado por el Estatuto de Autonomía, añadiéndole la laureada franquista y la corona real, en un nuevo acto de desprecio a la comunidad que gobiernan. Pese a las buenas maneras y la moderación aparente de Moreno Bonilla, la gestión del gobierno andaluz está contribuyendo al desastre sanitario y económico y a la campaña de histeria reaccionaria desatada por el PP y Vox a nivel estatal.
La intoxicación de Vox
Vox aparece en esta crisis como el partido más visceralmente opuesto a cualquier medida que pueda tomar el gobierno en esta crisis, tanto en el aspecto sanitario como en el económico y social. Estos demagogos reaccionarios han lanzado una campaña de intoxicación y mentiras en el peor estilo de la oposición venezolana, con el mismo lenguaje golpista. Vox trata de pescar en el ambiente de miedo que existe entre amplias capas de pequeños propietarios ante la enormidad de la crisis económica que el virus ha desencadenado, aprovechando esta incertidumbre y el odio cerval de estos sectores hacia el gobierno de coalición y hacia Unidos Podemos en particular. Vox se erige, de este modo, como el portavoz más resuelto de estas capas medias y bajas de la patronal, su principal base social, que exigen el retorno sin restricciones de la actividad económica, por encima de la salud de los trabajadores. Esta posición de estos sectores empresariales es la que está detrás del lockout encubierto que han lanzado los empresarios de la hostelería con el lema “mejor cerrado que arruinado”.
Vox ha construido estos años una sólida base de apoyo en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (FCSE), a través de su control del “sindicato” Jusapol y aprovechando, evidentemente, el carácter profundamente reaccionario de los cuerpos represivos, heredados intactos de la dictadura franquista. Pese a que, con su demagogia pestilente, Vox critica el recorte de libertades individuales que supone el Estado de Alarma, e incluso hacen llamamientos a manifestarse en la calle pese a que está prohibido, el Estado de Alarma refuerza la posición de Vox en las FCSE. El protagonismo y la rienda suelta que el Gobierno le ha dado a estas y al Ejército, que han ocasionado además un gran número de casos de abuso policial y detenciones y sanciones arbitrarias amparándose en la Ley mordaza del PP (que este gobierno se niega a derogar) está envalentonando a los elementos más reaccionarios de las FCSE que están bajo el ala de Vox y que aprovecharán cualquier oportunidad para ajustar cuentas con la izquierda y la clase trabajadora.
¿Estado de Alarma, sí o no?
Como ya hemos hecho referencia en otros artículos, los marxistas estamos a favor de medidas disciplina social, las cuales se han demostrado efectivas para evitar la expansión del virus. Sin embargo, no compartimos la forma en la que el Gobierno las está ejecutando, con la presencia desproporcionada de la policía y el ejército. Nuestra postura desde el principio ha sido que las medidas de confinamiento deben estar dirigidas y controladas por la clase trabajadora, a través de comités de emergencia y de barrio.
Pero si algo contempla el Estado de Alarma, en lo que estamos completamente de acuerdo, es la posibilidad que ofrece al Gobierno de intervención de la economía. Esto es algo fundamental que permitiría tanto tener más recursos para afrontar la crisis sanitaria como para afrontar las consecuencias devastadora que están padeciendo centenares de miles de familias trabajadoras.
El Gobierno en todo momento ha preferido aprobar reformas que, si bien son necesarias como la aprobación de subsidios extraordinarios, prohibir los cortes de suministros básicos o la moratoria de las hipotecas; no son suficientes para atender a todas las familias trabajadoras. Muchos trabajadores esperan con desesperación la aprobación del ingreso mínimo vital que no termina de llegar y que cuando lo haga no sabremos en qué términos. Un mes ha pasado desde que se aprobaron los subsidios extraordinarios para empleadas de hogar y trabajadores temporales hasta que se ha aprobado el procedimiento para solicitarlo.
No cabe duda de que la pérdida de apoyo de ERC es realmente, mal que le pese a la derecha, lo que ha puesto en una situación muy complicada al Gobierno, no sólo en la prórroga del Estado de Alarma, también ha evidenciado la fragilidad del Gobierno de cara a la aprobación de los próximos presupuestos y por tanto a la continuidad de la legislatura. Rehén de la política de confrontación de Torra con el Gobierno Central, ERC se ve obligado a no ser visto en Cataluña como un apoyo ciego de un Gobierno que no termina de dar una respuesta completa a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras.
La sobreactuación e hipocresía de la derecha solo puede tener eco en la base social del Gobierno mientras éste no solucione, sin vacilaciones, las principales necesidades de la clase trabajadora. Mientras se colmen las exigencias de la burguesía, el gobierno tendrá que hacer equilibrios a izquierda y derecha para mantener el Estado de Alarma y a medio plazo, evitar su caída.
Si el Gobierno se decidiera tomar medidas de intervención de la economía y garantizara verdaderamente unos mínimos vitales a todos los trabajadores y las trabajadoras, no le faltarían los apoyos por la izquierda ¿se podría oponer ERC al ingreso mínimo vital? ¿Se opondría la CUP y Bildu a la nacionalización de las grandes empresas? Y lo más importante, si implantara un verdadero programa socialista de intervención de la economía, tendría sin duda el apoyo de los trabajadores y las trabajadoras. Ya podría la derecha gritar hasta desgañitarse, que sería inútil.