Nuevamente la sociedad salvadoreña ha experimentado un horroroso baño de sangre. El pasado 26 de marzo se registraron 63 muertes en tan solo 24 horas; y desde el viernes 25 hasta la madrugada del lunes 28, la PNC informó que habían muerto un total de 87 personas en esta escalada de violencia. Una cifra de homicidios y feminicidios que supera los récord históricos de asesinatos de la posguerra.
El gobierno de Bukele ha respondido a estos hechos decretando un Régimen de Excepción por 30 días, este régimen limita derechos constitucionales a la población como: el derecho a la libertad de reunión y asociación; el derecho a la defensa; el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin que sea necesaria una orden judicial y amplía el plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días. Además las autoridades están violando el artículo 20 de la Constitución que prohíbe la violación de la morada, algo que no está contemplado en el régimen de excepción.
Desde entonces, algunas de las principales colonias reconocidas por ser zonas de residencia de miembros de pandillas, han sido sitiadas por elementos de la policía y el ejército; y mientras se realizan miles de capturas de pandilleros, se intensifica el acoso policial en el cual no escapan, periodistas, madres de familia, ni menores de edad quienes son registrados por militares en su camino hacia la escuela.
El día martes 30 de marzo, 3 días después de decretar el Régimen de Excepción, se aprobaron nuevas disposiciones “legales” para continuar con lo que hasta hoy, para el gobierno es una ‘guerra contra las pandillas’. Estas nuevas medidas vienen a fortalecer el poder del Estado contra los civiles, el nuevo paquete de medidas reforma el Código Penal Juvenil que ahora permitirá procesar niños de 12 años en adelante como adultos, una clara violación a los derechos de la niñez, mientras que también se decreta una ley de recompensas por dar información del paradero de los pandilleros. Acciones que por otro lado, se demuestra a través de la historia de las políticas manoduristas con énfasis en la represión, no tienen el impacto esperado, pues claramente no se enfocan en dar solución a la causa estructural de la problemática sino a tratar de paliar las manifestaciones de la misma.
No sé sabe con exactitud cuáles pueden ser los motivos de esta nueva alza en los asesinatos por las pandillas y la reacción del gobierno para controlarla. No es la primera vez que el régimen de Bukele se enfrenta a situaciones similares. En los tres años de su gobierno, sería esta la tercera ocasión en que las pandillas actúan de forma sangrienta, abril del 2020, noviembre del 2021 y marzo de 2022. Lo cual a análisis de expertos en seguridad pública es una forma de comunicación, una medida de presión de las pandillas hacia el gobierno.
Hace seis meses el periódico El Faro reveló el resultado de una investigación de la Fiscalía General de la República sobre la existencia de una tregua entre el gobierno y las pandillas. Dicha tregua podría explicar las tres expresiones violentas de las pandillas en los últimos tres años. Las pandillas solo tienen un lenguaje para exigir que cumplan sus demandas, el lenguaje del terror.
La tregua entre pandillas y gobierno no es un método nuevo usado por los gobiernos burgueses de la historia del país, lo hizo también el FMLN en 2009. En esa ocasión la finalización de la tregua arrojó al país al terror de las pandillas, la sociedad soportó una ola de asesinatos brutal en los años posteriores al 2012. La nueva tregua ha permitido una amplia reducción de los homicidios llegando a cifras cero en determinados periodos. Pero como siempre todo acuerdo con criminales termina y terminará con un brutal baño de sangre.
El aparente combate de la delincuencia y el Plan Control Territorial ha sido el emblema más grande del presidente Bukele, pero hoy parece balancearse en la cuerda floja y ha sido necesario ajustar algunas tuercas. El poder de maniobra disminuye a medida que la situación de inestabilidad social se profundiza.
Para algunos la ola de asesinatos y el despliegue militar del gobierno, junto con todo el paquete de reformas, no es más que solo un show para amortiguar su desprestigio ante el aumento del costo de la vida, y conociendo a nuestros gobernantes no nos extrañaría que utilicen los métodos más reaccionarios para mantener su imagen inmaculada. Pero lo cierto es que algunos métodos son demasiado arriesgados como para utilizarlos constantemente, pues sería la tercera vez que el régimen se ve en la obligación de utilizar a las pandillas como desestabilizadores para aprobar más recursos, desviar la atención y justificar reformas en el sistema de leyes y el uso de los órganos represivos.
De cualquier forma una ruptura de la tregua entre el gobierno de Bukele y las pandillas para reducir los asesinatos sería, en el plano inmediato, el escenario más oscuro, esto significaría un enfrentamiento violento entre dos fuerzas reaccionarias para la clase trabajadora: por un lado, el lumpen creado de la descomposición social y, por otro lado, las fuerzas reaccionarias del Estado burgués. Una guerra contra las pandillas no conduciría más que a un mayor derramamiento de sangre. Tendría consecuencias similares a la guerra del narco en México donde millones de personas inocentes pagaron las consecuencias de una guerra reaccionaria.
Como revolucionarios debemos oponernos a esta guerra absurda que solo profundizaría la problemática y significaría un ataque a todos los derechos democráticos que la clase obrera ha conquistado a partir de su lucha revolucionaria. Desde ya todos los grupos de izquierda debemos oponernos a las medidas represivas, a las violaciones de los derechos como la presunción de inocencia y los debidos procesos penales, la criminalización de la juventud y la revictimización de los sectores más marginados de la sociedad, una guerra en nombre de la seguridad del pueblo no es más que una ofensiva contra nuestros propios derechos.
Nuestra posición no es una defensa a la tregua, constantemente en nuestras publicaciones hemos rechazado este tipo de acuerdos que no conducen a la solución del problema delincuencial en el país. Las pandillas son el producto de una sociedad excluyente, heredada de una guerra civil que exilio a miles de salvadoreños, de la profundización de las políticas más reaccionarias del capitalismo, privatizaciones de instituciones, bajos salarios, explotación extenuante, ausencia de oportunidades de educación, vivienda, salud y recreación para muchas generaciones de jóvenes que tuvieron que enfrentarse a la más absoluta miseria, mientras un puñado de ricos de este país se vuelven cada vez más ricos.
La política de seguridad de Bukele no ha hecho más que contener el problema delincuencial, el hecho de pactar con criminales significa darles más poder, cada concesión aumenta su control, y paulatinamente exigirán más privilegios. Esta política es limitada y requiere de constantes recursos para mantenerla. No solo se trata de beneficios legales, como la negación del gobierno de extraditar pandilleros buscados por la justicia estadounidense o mejorar las condiciones de las cárceles donde están los líderes de las pandillas, sino también implica financiamiento, privilegios para controlar ciertas zonas y ciertos delitos, como la extorsión de los comercios. Las diferentes crisis que sufre el Estado, debido a la crisis del capitalismo, hacen que sea imposible mantener los acuerdos entre los diferentes grupos sociales, esto incluye a los pandilleros, como beneficiarios de los recursos del Estado y bajo estas condiciones el Estado debe definir a quién golpeará primero.
Una política de seguridad desde un gobierno que defienda los intereses de los trabajadores partiría de una solución integral al problema. Las políticas represivas como el manodurismo, y el aumento de la presencia militar, son medidas absolutamente fracasadas. Conllevan a la exacerbación de los problemas en las comunidades más pobres del país, tenemos más de 20 años de experiencias como estas y nada se ha resuelto. Y esto es principalmente porque estos programas aparentemente bien pensados nunca tocan las verdaderas causas del problema, el origen, desarrollo y las condiciones que permiten el surgimiento del fenómeno pandilleril.
Por lo tanto, lo primero que debería plantearse es acabar con las causas principales que permiten el desarrollo de las pandillas en el país. Eso pasa por generar empleos, mejores salarios, derecho a vivienda, recreación y salud. Pero la generación de empleos y mejoras salariales no es una política muy aceptada entre la clase empresarial, y los funcionarios actuales, sin embargo, para todos los estudiosos de la sociedad es bien sabido que la cantera de nuevos delincuentes, no está sostenida en la ausencia de valores morales (aunque así nos quieren hacer ver), sino a las condiciones materiales donde se desarrollan los hijos e hijas del proletariado.
Así como Bukele es capaz de sitiar por completo el país con tanques y militares e imponer su autoridad a través de reformas a las leyes para reprimir, ¿por que no vemos la misma autoridad para decretar la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, para abrir nuevas vacantes de empleo formal en la industria o una política de aumentos salariales? ¿Cuántos jóvenes se podrían emplear si distribuimos el trabajo existente en la fuerza laboral existente, cuánto podemos mejorar nuestras condiciones de vida si reducimos la tasa de ganancia de los empresarios aumentando los salarios al nivel del costo de la vida? ¿Por qué no se hace? Aquí vemos cómo la política que persigue Bukele no es una política en favor de la clase obrera, sino contra la clase obrera, al pobre se le castiga por nacer y crecer en la exclusión y la miseria, al rico se le protege y se le permite explotar a diestra y siniestra a la clase obrera.
Sería muy inocente pensar que solo con estas medidas el problema delincuencial quedaría resuelto de un plumazo, es evidente que con una política real que defienda los intereses de la clase obrera frente a los intereses de sus verdugos las pandillas y los empresarios, estos no dudarán en atacar, desestabilizar y sembrar el caos en la sociedad. Ante tal situación la clase obrera debe hacer uso del derecho a su legítima defensa, organizando asambleas que socialicen las tareas de seguridad en las comunidades, que puedan crear su propia policía comunitaria, una nueva institución que surja de forma democrática y controlada por el mismo pueblo.
Esta es una política real en defensa de los más pobres, una alternativa a la barbarie a la que nos lleva el gobierno de Bukele que está unido por uno y mil hilos a los ricos de este país. Pero para imponer un gobierno que tenga una política revolucionaria en favor del pueblo hace falta la organización del pueblo mismo. La realidad está dando grandes latigazos al pueblo trabajador, tarde o temprano saldrán de su letargo y exigirán lo que se les ha arrebatado, debemos preparar la herramienta que pueda acompañar el proceso de lucha de la clase obrera, contra la delincuencia, la esclavitud moderna y la miseria.