Los acontecimientos que se están desarrollando en el Perú, requieren especial atención por parte de los revolucionarios. Los escándalos de corrupción, la severa crisis económica y la mala gestión estatal de la pandemia, han puesto al descubierto las grandes contradicciones del capitalismo peruano, pues las condiciones de vida son tan precarias y el saqueo imperialista tan evidente que la lucha de clases se siente a flor de piel.
Desde el estallido de noviembre de 2020 pudimos notar dos cuestiones importantes, la primera la bancarrota de las instituciones del estado peruano, miopes y corruptas hasta la médula, donde entre sus pugnas internas y luchas de poder entre bancadas parlamentarias, decidieron impulsar el proceso de vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra, lo que desencadenaría una serie de movilizaciones y protestas en Lima y otras regiones del Perú, que dieron muestra de nuestra segunda cuestión a analizar, el hartazgo y la disposición de lucha de los oprimidos peruanos. La presión del movimiento fue tal que en cuestión de días el presidente interino Manuel Merino tuvo que renunciar y Rafael Sagasti tomó su lugar, como maniobra parlamentaria para evitar que las movilizaciones siguieran escalando. Esta situación nos mostró con claridad las evidentes diferencias y divisiones que existen entre los representantes de la burguesía peruana, y la gran fuerza que puede tener el movimiento de masas trabajadoras del Perú, pues estas no salieron a las calles en defensa de un personaje corrupto, salieron a las calles a mostrar su descontento contra el conjunto de corrupción existente en el aparato estatal, contra la crisis económica, contra la falta de servicios sanitarios para enfrentar la pandemia, contra la precariedad y el hambre a la que los ha sometido el capitalismo y los burócratas que lo representan.
Finalmente, a falta de una dirección revolucionaria, el movimiento se disolvió entre las promesas y maniobras del estado burgués, sin embargo, la lucha buscaría un nuevo cauce de expresión en las elecciones presidenciales. En abril de 2021, se llevaron a cabo las elecciones, con un resultado inesperado, Pedro Castillo, un profesor y sindicalista rural, participando en el partido Perú Libre, que se asume de izquierda, marxista, leninista y mariateguista, resultó ganador y se perfiló junto con la representante de derechas Keiko Fujimori para la segunda ronda de elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 6 de junio.
La victoria de Castillo en la primera vuelta, para sorpresa de muchos, fue la expresión de la acumulación de malestar y rabia profunda de los sectores más oprimidos del pueblo trabajador del Perú. La consigna de “no más pobres en un país rico” conectó con la contradicción visible entre la enorme riqueza minera y de recursos naturales del país andino y la pobreza acuciante de la mayoría de sus habitantes. La amenaza de Castillo de nacionalizar el gas y las multinacionales mineras (si se negaban a negociar nuevos contratos más favorables al país) conectó con las aspiraciones del pueblo pobre.
Su promesa de una asamblea constituyente, de mantener su sueldo de maestro y limitar los sueldos de los altos cargos, conectó con el rechazo a la corrupción capitalista que ha dominado la política peruana por décadas y la aspiración de un cambio fundamental.
Estos comicios mostraron las dos caras del Perú, la pequeño burguesa y burguesa de las regiones del Norte y de los barrios de clase media y alta de Lima, y la obrera, campesina y combativa de las regiones sureñas del Perú empobrecido. La campaña electoral estuvo plagada de negociaciones, presiones y calumnias, evocando al recuerdo de la época del terrorismo de Sendero Luminoso. La podrida oligarquía capitalista peruana se unió en una campaña sucia con un solo objetivo: impedir la llegada de Castillo a la presidencia. Utilizó para ello todos los medios a su alcance, la calumnia, la demonización, la campaña anti-comunista en vallas publicitarias, las amenazas abiertas y veladas, los grandes medios de comunicación. Aunque esta campaña ciertamente tuvo un impacto, no lograron su objetivo.
Es importante señalar que, durante la campaña de la segunda vuelta, Castillo y su equipo progresivamente fueron moderando su discurso. Se insistía en la renegociación de los contratos con las multinacionales, pero se obvian referencias a su nacionalización. Se insistía una y otra vez en el respeto a la propiedad privada. Se incluyeron a elementos “respetables” de la izquierda reformista, o “gestores reconocidos” en el equipo del candidato presidencial, como por ejemplo el economista Pedro Francke. El objetivo era “tranquilizar a los mercados”, “dar confianza a los inversores”. En realidad, esta moderación del discurso no convencía a los capitalistas, y al contrario, creaba dudas entre los sectores de obreros y campesinos pobres que apoyaban a Castillo.
Finalmente, después de un mes y medio de que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales del Perú, el lunes 19 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones emitió la tan esperada Acta General de Proclamación de Resultados de la Elección de Presidente y Vicepresidente de la República, declarando formalmente a Pedro Castillo como ganador y próximo presidente del Perú.
Esta proclamación se da después de un largo y burocrático proceso pues a pesar de que el 15 de junio la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de contabilizar y procesar las 86,488 actas electorales, donde Pedro Castillo obtuvo el 50.126% y su rival Keiko Fujimori 49.874%, con una diferencia porcentual de 0.252% que representaron 44,263 votos favorables para Castillo, la proclamación no se hizo de inmediato.
¿Por qué tardaron tanto en proclamar a Castillo?
Durante el proceso de conteo, la tendencia iba mostrando que la ventaja de Castillo sería irreversible, por lo que Fujimori y sus abogados presentaron una petición de nulidad de 802 mesas electorales, que representaban 200 mil votos, y un proceso de impugnación de 1,200 actas, que representaban 300 mil votos, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con la intención de eliminar la cantidad suficiente de votos favorables para Castillo y sumarse otros tantos que le pudieran dar la victoria.
Todo este proceso es el que provocó la demora en la promulgación de ganador en la contienda electoral, pues las impugnaciones tuvieron que pasar primero por los jurados electorales especiales donde fueron rechazadas, pero ante las apelaciones presentadas por los abogados de Fujimori, estas tuvieron que ser revisadas por el JNE, instancia que rechazó las impugnaciones presentadas. Este proceso ya se ha dado por concluido y la constancia ha sido entregada al presidente y vicepresidenta electos quienes tomaron posesión el 28 de julio.
Desde la mañana cuando el JNE anunció que rechazaría las últimas apelaciones presentadas por el equipo de Fujimori, la candidata declaró que aceptaba su derrota, sin embargo, también mencionó que Castillo ganó de manera ilegítima y fraudulenta (cuestión que no pudo demostrar), por lo tanto, haría llamados al “pueblo” peruano a movilizarse contra la supuesta imposición de Pedro Castillo.
Una cuestión clara que pudimos observar de este proceso electoral es que definitivamente cuando Keiko Fujimori habla del pueblo, se refiere a los grandes empresarios, latifundistas, oligarcas y pequeños burgueses quienes conforman su base de apoyo sobre todo en Lima y en algunas regiones del norte donde se concentran los sectores privilegiados de la sociedad peruana. Por el contrario el pueblo que votó por Pedro Castillo es diametralmente diferente, pues se trató de los sectores más empobrecidos, oprimidos y explotados del Perú, donde la usual tendencia anti sistema de los departamentos del sur, mostraron su fuerza apoyando a Castillo con ilusiones de que él represente este proceso necesario para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, las mujeres, la juventud, los indígenas y todos los sectores que diario son sometidos a la discriminación y la miseria.
Es claro también que este proceso dilatorio en la proclamación fue utilizado, por una parte, por Fujimori para evitar la cárcel, por otra parte, por sectores de la burguesía peruana para presionar a Castillo y negociar que ablande aún más su programa, o simplemente como una medida para medir la fuerza del movimiento popular que respalda a Castillo y las fuerzas de la reacción.
En este sentido pudimos ver representada la fuerza de la burguesía a través del Estado y sus instituciones, y la fuerza de la clase obrera y los oprimidos en las calles organizándose contra un posible fraude y exigiendo la proclamación.
Desde un punto de vista reformista, se dirá que la proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú es un triunfo de la democracia y un reflejo de la efectividad y honestidad de las instituciones burguesas, con quienes hay que continuar trabajando, proponiendo reformas y modificaciones a la constitución que mejorarán las condiciones de vida de los ciudadanos, apelando al cumplimiento del estado de derecho. Sin embargo, desde un punto de vista marxista podemos decir que claramente no es así, si estas instituciones lacayas del poder económico de los oligarcas peruanos y de los imperialistas han tomado la decisión de nombrar a Castillo presidente no es porque sean muy honestas y democráticas, sino porque temían que, de no haberlo hecho, se hubiera desatado un proceso de lucha, que, dadas las condiciones de precariedad, crisis económica y sanitaria, no se sabe hasta dónde podrían parar o si tendrían la capacidad para frenarlo.
Todo este proceso dilatorio finalmente terminó con la proclamación de Pedro Castillo a pesar de las disputas entre las cúpulas de la burguesía, pero un factor decisivo en esta ecuación fueron las movilizaciones y protestas y el temor de la clase capitalista a que estas fueran a más. Ante la posibilidad de un fraude electoral o un plan golpista de la derecha, se formó el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, el cual está integrado por las principales centrales sindicales y campesinas del Perú como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Sindicato de Directores del Perú (SINDEP), la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (FENATE), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), la Confederación Nacional de Rondas Campesinas y Nativas del Perú (CONARC), entre otras, de igual forma se unió el partido Perú Libre, Juntos por el Perú, Partido Comunista Peruano, Movimiento Nuevo Perú, Frente Amplio, Partido Runa y Etnocaceristas, todos bajo una consigna clara: ¡Si no hay proclamación, Paro Nacional! Estas centrales tienen una base de apoyo importante en todo el país, por lo que un llamado serio a movilizar sus bases podría abrir el camino de la lucha de clases.
A pocas semanas del nombramiento de Castillo iniciaron las pugnas por la designación del gabinete y las negociaciones para conseguir el voto de confianza del Congreso, en el que Perú Libre no cuenta con una mayoría, para poder ejercer plenamente sus facultades, el cual consiguió. Esta fue una nueva oportunidad de la clase dominante para ejercer presión sobre Castillo y forzar gestos de moderación. Si bien no pudieron impedir su elección, ahora se preparan para sabotear su acción de gobierno, sobre todo impedir la aplicación de los elementos más radicales de su programa o aquellos que puedan abrir las compuertas para la irrupción de las masas en la escena.
Durante este proceso vimos una clara tendencia de conciliación de clases. El programa presentado por Castillo es un programa reformista que plantea una “economía popular con mercados”, es decir dejará intactas las estructuras políticas y económicas que sostienen al sistema capitalista, lo cual dejó claro en un discurso que dio a finales de junio: “No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie, es totalmente falso lo que se ha dicho, eso está sellado: somos democráticos, respetamos la gobernabilidad y la institucionalidad peruana”. Otra muestra de esta cuestión son elementos claves en su gabinete, como Pedro Francke Ministro de Economía y Finanzas, quien goza de respeto y confiabilidad del sector empresarial del Perú. Durante las discusiones sobre la composición del gabinete Francke amenazó con no aceptar el cargo si se mantenía como Primer Ministro a Guido Bellido quien se asume como marxista, castrista y es representante del ala más radical de Perú Libre. Finalmente se llegó a un compromiso, sobre la base de la moderación del Primer Ministro, cuya capitulación se reflejó en un Twitter donde indicó: “Pedro Francke tiene todo nuestro respaldo para la aplicación de la política económica de estabilidad”. (https://twitter.com/GuidoPuka/status/1421270008135622663?s=19). Este tipo de enfrentamientos se van a repetir inevitablemente en la medida en que el programa de reformas de Castillo choque con la realidad del capitalismo peruano en crisis.
Pero a que se refieren con esta política económica de estabilidad, ¿estabilidad para quiénes? En una entrevista para la BBC Mundo, Francke explica sobre la economía popular con mercados que: “es un modelo de libre actuación de la empresa privada, como lo hemos tenido hasta ahora, pero con un mayor componente redistributivo de parte del Estado” y añade “Hay que redistribuir la riqueza, en particular la riqueza minera”. Con esto se pretende que el nuevo gobierno pueda “redistribuir” la riqueza, disminuir las ganancias de los ricos e invertir en el sector público y que estas inversiones puedan traducirse en una mejora de los servicios de salud y educación, en mejoras en la calidad de vida de los sectores más empobrecidos del país.
En el programa de gobierno de Perú Libre se comenta que este modelo económico está basado en la experiencia de Bolivia y Ecuador. En ambos casos, el gobierno de Evo Morales y el de Rafael Correa fueron ejemplos clásicos de “gobiernos progresistas” latinoamericanos que llegaron al poder como subproducto de una oleada revolucionaria y que durante un periodo pudieron otorgar concesiones a la clase obrera a partir de un ciclo de altos precios de las materias primas. En la medida que el ciclo llegó a su final, hacia 2014, estos gobiernos empezaron a hacer cada vez concesiones más profundas a la clase dominante y al imperialismo a costa de los intereses de los trabajadores y campesinos. Esas políticas de contrarreformas minaron la base de apoyo social a estos gobiernos y llevaron finalmente al golpe de estado contra Evo Morales y el giro a la derecha de las políticas económicas de Lenin Moreno en el Ecuador que desataron grandes movilizaciones en 2019.
Una y otra vez los gobiernos reformistas han demostrado que no puede existir una conciliación entre clases antagónicas y que mientras el poder económico permanezca en manos de la clase burguesa, el pueblo obrero será quien tenga que cargar sobre sus hombros con las penurias de la crisis capitalista. La situación económica a la que se enfrenta el gobierno de Pedro Castillo es diametralmente opuesta a la de los inicios de las olas progresistas latinoamericanas. En lugar de un ciclo alcista de las materias primas, Perú se encuentra inmerso en una profunda crisis capitalista y, la economía china que en su momento tiró de los países del Pacífico, ahora está en franca desaceleración. No hay margen para concesiones. Hasta la reforma más pequeña será peleada con uñas y dientes por la oligarquía peruana quienes, además, tienen una representación mayoritaria en el congreso.
Otros ejemplos de elementos conciliatorios dentro de su gabinete es la designación de Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central para que continúe dirigiendo esta institución como lo ha hecho durante los últimos 15 años y la renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar, quien denunció que el periodo del terrorismo en el Perú fue iniciado por la Marina. Ante estas declaraciones, las fuerzas armadas y los sectores de derecha se unieron en protestas hasta forzar la renuncia de Béjar, quién fue reemplazado por Óscar Maúrtua, personaje que no tiene vínculos con la izquierda. La renuncia de Béjar es otra advertencia de hasta dónde está preparada a llegar la clase dominante en el chantaje al gobierno, pero también de la debilidad de Castillo que en lugar de enfrentarse a las fuerzas armadas les entregó la cabeza de su canciller. De esta manera podemos ver como los ministerios más importantes, economía, relaciones exteriores y la banca, quedaron en manos de políticos moderados y afines al sector empresarial, y la maleabilidad del gobierno ante las demandas de los sectores más reaccionarios del estado burgués.
Los trabajadores del Perú se enfrentan a diario a una realidad brutal, pues actualmente es el país con la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, debido a la pandemia, alrededor de 500 muertos por cada 100 mil habitantes, hasta mayo de 2021 más de 180 mil personas han muerto a causa del virus, a pesar de que desde el inicio se decretó un confinamiento estricto, este no pudo llevarse a cabo tomando en cuenta que más del 70% de los trabajadores del país dependen del trabajo informal, tres de cada diez personas viven en condiciones de pobreza y el 11.8% de las familias pobres viven en condiciones de hacinamiento, lo que pone a los trabajadores en el dilema de arriesgarse a contagiarse de COVID o morir de hambre. Sumado a estas condiciones se tiene un sistema de salud deficiente, sin insumos e incapaz de atender la emergencia, resultado de un capitalismo atrasado y dependiente, de una burguesía incapaz de poder jugar un papel progresista, por el contrario, esta vive del presupuesto del estado y la corrupción, además de una explotación brutal a la clase obrera, con el apoyo del Estado burgués.
Pedro Francke anuncia que el nuevo gobierno tendrá una postura de priorizar el aumento de los impuestos a las grandes mineras, de emprender una lucha contra la evasión fiscal a la renta de las grandes empresas, para poder financiar un mayor gasto social en la salud y la educación de los peruanos. Sin embargo, esto que suena tan lógico, no será sencillo de realizar, pues el nuevo gobierno tendrá que enfrentarse a los intereses económicos del gran capital y del imperialismo. Desde el punto de vista de las multinacionales y de los grandes capitalistas peruanos, esto es algo intolerable. No están dispuestos a pagar mayores impuestos para financiar la salud y la educación de los pobres. Aunque estas medidas sean muy tímidas, serán resistidas por la clase dominante, que temen que su aplicación abra el apetito de las masas por medidas más radicales.
Para resolver los problemas acuciantes que enfrentan las masas obreras y campesinas no basta con pedir por favor a los capitalistas y las multinacionales que paguen impuestos, sino que hay que poner sobre la mesa el tema de la propiedad de los medios de producción. Los marxistas reivindicamos la necesidad de recuperar las palancas fundamentales de la economía y la gran industria, así como el reparto agrario en el campo, la implementación de planes de infraestructura para beneficiar a los más necesitados (construir escuelas, polideportivos, hospitales, carreteras, etc.)
Marx explicaba en el Manifiesto del Partido Comunista: “La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incremento constante del capital; y éste, a su vez, no puede existir sin el trabajo asalariado”.
La idea de los reformistas de que se puede redistribuir la riqueza de una manera más equitativa choca con los intereses fundamentales de los capitalistas. En esta época de crisis económica plantear la redistribución de la poca riqueza es utópico, los grandes burgueses tienen algo diferente en mente para conservar casi sin pérdidas sus ganancias y eso es cargar la crisis sobre los trabajadores, incrementar las condiciones de explotación, arrebatar derechos ganados en el pasado.
Para los reformistas, la forma de reparto de la riqueza es convertir al Estado capitalista en un garante de los apoyos sociales, es decir, no romper la dinámica de explotación capitalista sino simplemente dar algo de dinero para que los pobres no mueran de hambre. Esto no resuelve nada. Para los marxistas, de lo que se trata es de la expropiación de las grandes fortunas y de los medios de producción privados, que estos pasen a manos de la clase obrera y el resto de los oprimidos y sean gestionados mediante un plan democrático de producción. Nada tiene que ver una medida con la otra.
Apoyamos cualquier medida seria del gobierno de Castillo que signifique un avance en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Pero advertimos que estas medidas se encontrarán con la resistencia feroz de los capitalistas. Solamente con la movilización audaz de las masas en las calles se puede hacer frente a esa resistencia. Si el gobierno se queda dentro de los límites estrechos del parlamentarismo burgués, y sobre todo sin tener una mayoría legislativa sólida, estará condenado al fracaso. Si se apoya de manera firme en la movilización y la lucha en las calles entonces podrá quebrar la resistencia de la oligarquía. Nuestra lucha no puede terminar ahí, debemos de emprender una campaña para terminar con el capitalismo, no para limar sus aristas y hacerlo más aceptable.
Para conseguir estos objetivos es necesaria la construcción de un partido revolucionario que pueda rescatar toda nuestra experiencia de luchas pasadas, hacer un balance serio de los aciertos y errores, formar cuadros políticos y tener una estrategia de lucha no sectaria frente al movimiento de masas, que nos permita ir reclutando a los mejores elementos de la juventud, de las mujeres y de la clase obrera para la lucha por el socialismo.
Otro eje central de la campaña de Pedro Castillo también fue la convocatoria de una asamblea constituyente para poder generar un cambio en la constitución fujimorista actual. Gran parte de los que votaron por Castillo creen que la modificación de la constitución traerá cambios significativos en la vida cotidiana de los oprimidos del Perú, y por lo tanto se están organizando en torno a esta reivindicación, en campañas de juntar firmas y reuniones informativas. La gestación de proceso organizativo de los trabajadores es bastante positiva, pues a partir de esta los sectores más avanzados podrán sacar algunas conclusiones revolucionarias. Sin embargo, como marxistas debemos advertir que una modificación de las estructuras de la legalidad burguesa no representará un cambio significativo. Mientras el poder político y económico esté en manos de la clase capitalista, nada sustancial va a cambiar. Debemos estudiar las experiencias recientes de asambleas constituyentes, por ejemplo en el vecino Ecuador. La Asamblea Constituyente que convocó Rafael Correa allá no cambió en absoluto la relación de dominación por parte de la oligarquía y el imperialismo. Más recientemente, en Chile, la Convención Constituyente ha servido para desviar el estallido insurreccional de 2019 hacia canales seguros de parlamentarismo burgués. La Convención Constituyente no ha servido ni para decretar la libertad de los presos políticos de la revuelta y los responsables de la represión siguen impunes. Por más progresistas que sean las leyes, estas requieren del aparato estatal para implementarse y mientras este y las palancas fundamentales de la economía estén en manos de la burguesía, sólo servirán a sus intereses. Nuestro papel en el movimiento debe ser la lucha codo a codo con nuestra clase por conseguir esta y otras reivindicaciones, pero sin compartir las ilusiones, y al mismo tiempo aprovechar cada espacio de organización para explicar pacientemente la necesidad de ir más allá, explicar las limitaciones de los programas reformistas y la importancia de construir el partido revolucionario.
¿Cuál debe ser entonces la actitud de los marxistas ante el gobierno de Pedro Castillo? Es indudable que existen muchas ilusiones y esperanzas de que este gobierno lleve adelante un cambio fundamental en las condiciones de vida de obreros y campesinos. Nuestra tarea es acompañar a nuestra clase, apoyando toda medida progresista que tome el gobierno, pero al mismo tiempo advirtiendo claramente que solamente con la lucha organizada de la clase trabajadora y el campesinado pobre, se podrá avanzar.
El gobierno de Castillo se verá sometido a la presión de dos fuerzas mutuamente irreconciliables. Por una parte la presión de las grandes multinacionales y sus agentes en la oligarquía capitalista peruana que quieren mantener a toda costa su poder y privilegios. No van a dudar en presionar, sabotear y chantajear a Castillo si trata de tocar sus intereses. Y lo harán con todos los medios a su alcance: el aparato del estado, su mayoría parlamentaria, el control de los medios de comunicación, la injerencia imperialista, etc. Debemos aprender las lecciones del gobierno de Allende en Chile en 1971-73.
Por otra parte el gobierno de Castillo también estará bajo la presión de las amplias masas obreras y campesinas, del pueblo trabajador y pobre que le ha votado esperando un cambio fundamental en sus condiciones de vida y trabajo. Si Castillo cede ante la oligarquía, perderá su apoyo, minando así la propia base de su gobierno, al que los capitalistas no dudarán en hacer a un lado. Si por el contrario trata de avanzar llamando a la lucha en la calle, tendrá el apoyo de obreros y campesinos en su enfrentamiento con la oligarquía. No se puede contentar a ambos sectores, o con el pueblo trabajador o con la oligarquía y el imperialismo, he aquí el centro de la cuestión.
En este proceso de avance y retroceso, de lucha y traición, la clase trabajadora sacará lecciones. Los marxistas en todo momento debemos acompañar a nuestra clase en este proceso. Explicando claramente las contradicciones centrales y cómo resolverlas. Avanzando dentro del movimiento general de la clase la idea de la organización independiente de la clase obrera y la necesidad de un programa socialista de expropiación de las multinacionales y los capitalistas. De esta manera, con paciencia, empezaremos el proceso de agrupar los cuadros que puedan proporcionar al movimiento de una dirección marxista a la altura de las circunstancias.
Ante todo, es necesario empezar la tarea de la construcción del partido revolucionario y la lucha por el socialismo, pues citando al marxista peruano José Carlos Mariátegui: “La revolución latinoamericana será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial. Será simple y puramente la revolución socialista. A esta palabra, agregad, según los casos, todos los adjetivos que queráis: ‘anti-imperialista’, ‘agrarista’, ‘nacionalista-revolucionaria’. El socialismo los supone, los antecede, los abarca a todos”. ¡Por la emancipación de todos los oprimidos del mundo, organización y lucha de clases!
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