Editorial de Militante nro. 66: El nuevo gobierno de la presidente Cristina Fernández asume el 10 de diciembre con el mayor apoyo social y la mayor estabilidad política habidos en el país desde la recuperación democrática; pero también encara sus funciones en medio de la mayor incertidumbre política y económica internacional de la que se tenga memoria.
Efectos de la crisis internacional
Aunque esta situación contradictoria condujo en un primer momento a sectores del oficialismo a una suficiencia exagerada – mirando con desdén la crisis europea – ahora se observa una preocupación creciente por los efectos que la crisis internacional ya está produciendo en la región y en el país. Contra lo que algunos imaginan, 8 años de auge económico no han hecho más autónoma a la Argentina sino más dependiente del mercado mundial que nunca.
La producción industrial de China ha caído por primera vez desde el 2009, lo mismo que sus exportaciones a EEUU y Europa. También Brasil ha reducido su crecimiento. Brasil y China suman casi el 30% del destino de las exportaciones argentinas. A este dato debemos añadir la recesión en Europa y EEUU adonde van el 20% de las exportaciones nacionales. Esto incidirá en el crecimiento argentino en el 2012. Este año 2011 el PBI crecerá un 7% y se espera que lo haga menos de un 5% en el 2012, aunque queda a expensas de cómo se desenvuelva la economía mundial en los próximos meses.
Además, la suba de los tasas de interés en el sistema financiero nacional para frenar la salida de capitales y mantener los depósitos bancarios, si bien ahora se moderaron un poco, tiende a frenar los créditos y la inversión.
Ya se vieron algunas suspensiones de empleo transitorias y adelanto de vacaciones en automotrices y autopartistas, y el cierre de algunas empresas como la autopartistas Bosch y la belga AGFA (material fotográfico).
En este contexto debemos ver las medidas del gobierno para frenar la salida de capitales y reducir el gasto público, ante la perspectiva de una caída de los ingresos, con la reducción de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos.
Esta situación reforzará la política proteccionista que viene impulsando el gobierno desde hace varios años para revertir la escasa inversión empresaria local, estableciendo cupos a la importación, exigiendo a las multinacionales que exporten por un monto igual a lo que importan, entre otras.
El acercamiento UIA-Gobierno
Luego de las elecciones, incluso un poco antes, hemos visto un cierto cambio en la relación entre el gobierno y los grandes empresarios. Debemos analizar por qué.
La burguesía argentina quedó muy vapuleada políticamente tras los intensos combates políticos y sociales que caracterizaron el mandato anterior de la presidente Cristina Fernández. La oposición de derecha quedó diezmada y el kirchnerismo salió muy reforzado al encontrar un firme respaldo en la CGT, en cientos de organizaciones populares, y en millones de trabajadores y jóvenes. El gran Capital sacó las conclusiones pertinentes, decidió cambiar de tácticas y envió sus embajadas al gobierno para trata de llegar a una “entente cordiale”. Lo que busca es frenar las tendencias más “izquierdistas” del kirchnerismo y que éste contenga los reclamos obreros y sociales.
La pugna CGT-Gobierno
El gobierno se ha asignado el papel de árbitro entre las clases, para tratar de disciplinar el conflicto social. Una serie de medidas parecen dirigidas a marcarle la cancha al movimiento obrero. Así, hace meses marginó de las listas del oficialismo a dirigentes sindicales y populares, que tienen sus propias bases sociales de apoyo, para no sentir la presión directa de los reclamos sociales; y ordenó vetar, entre otras iniciativas impulsadas por la CGT, la discusión en el Congreso del proyecto de Ley del reparto a los trabajadores del 10% de las ganancias de las empresas con más de 300 trabajadores. Lo justificó diciendo que esas cosas debían negociarlas empresarios y trabajadores en las paritarias. No acordamos en este tema con el gobierno. Con esa excusa, tampoco debería legislarse un salario mínimo, ni medidas de seguridad e higiene en el lugar de trabajo, ni la jornada laboral máxima, etc. Cristina Fernández también insinuó la propuesta de establecer un techo salarial inferior al 20% en las paritarias, y criticó algunos conflictos gremiales.
En estos temas no somos neutrales. Los intereses de la clase obrera están primero. Creemos que detrás de la campaña contra Moyano que impulsan los medios burgueses y el ala derecha de la CGT y del kirchnerismo, hay un intento de regimentar el movimiento sindical y limitar los reclamos de los trabajadores y de sus organizaciones.
¿Derechización?
Entre los críticos de izquierda del gobierno hay quien dice que el acercamiento a la UIA y el distanciamiento con la CGT de Moyano marcan una derechización en la acción de gobierno.
A nosotros nos parece una conclusión precipitada. En realidad, la política pendular del gobierno kirchnerista de izquierda a derecha, y viceversa, ha sido una constante desde el 2003. Hubo momentos en que el gobierno trató de mostrarse confiable a los ojos de los empresarios y multinacionales, y ha señalado que la reestatización de empresas privatizadas sólo se redujo a aquéllas que amenazaban con desaparecer por la huida del capital privado (Correo, Aguas Argentinas, Aerolíneas, etc.). Después de las elecciones del 2007, el discurso de la presidente también fue el de la “unidad nacional”, el pacto social, etc. El problema es que la debilidad del capitalismo argentino y el parasitismo de la clase dominante, junto a la existencia de un movimiento obrero y popular activo y en alza, obliga recurrentemente al gobierno a intervenir e interferir en los negocios capitalistas para tratar de sostener los intereses de conjunto de sistema y aquietar las aguas del conflicto social. Así, cuando trató de limitar las ganancias extraordinarias de los terratenientes sojeros, conla Resolución 125, eso provocó un enfrentamiento inesperado que colocó a toda la burguesía y a la derecha en el mismo lado para tratar de derrotar al gobierno, lo que obligó a este último a buscar el apoyo de la clase trabajadora y a imprimir a su política un giro a la izquierda para sobrevivir, lo que le permitió salir airoso y adquirir su fortaleza actual.
No es casualidad que Cristina, pensando en un momento que había ido demasiado lejos en su crítica al moyanismo, lanzó luego el arpón al empresariado reclamándole que invirtiera más y no evadiera divisas. Y puso el ejemplo de una gran empresa, de la que luego se supo que era la azucarera Ledesma, que empleó los subsidios recibidos del gobierno para comprar dólares y especular en el mercado cambiario.
No dar ningún paso atrás en nuestras demandas y conquistas
La presidente Cristina Fernández defiende la concepción política de que si cada uno pone buena voluntad todo va a ir bien. Nosotros pensamos que el funcionamiento de la sociedad es más complejo. El bienestar de los empresarios reside en la explotación de los trabajadores, apropiándose del trabajo no pagado al obrero, como explica el socialismo científico. Es imposible, por lo tanto, contentar al mismo tiempo a empresarios y trabajadores; menos aún en un escenario económico más ajustado.
Es por eso que el movimiento obrero y popular debe avanzar en autoorganización y es su deber, además de apoyar todas las reformas y medidas progresistas que impulse el gobierno, mantener la exigencia y la movilización contra la patronal y contra cualquier intento de frenar las demandas sociales.