A continuación, publicamos el Documento de Perspectivas Nacionales, discutido y aprobado por la militancia de la Corriente Marxista Internacional en Venezuela –Lucha de Clases–, en el marco de la celebración de su IX Congreso Nacional, del 3 al 5 de diciembre del 2021. El análisis que se presenta a continuación, constituye un aporte al debate político que la vanguardia del movimiento obrero y popular sostiene sobre el curso de la situación venezolana, los posibles desarrollos de la lucha de clases nacional e internacional y el papel de los revolucionarios en dicho proceso.
Venezuela sigue sumergida en una profunda crisis política, económica y social que no encuentra precedentes en toda su historia. El colapso recesivo e hiperinflacionario, experimentado por la economía nacional en los últimos años, comienza a mostrar signos generales de desaceleración, y, en algunos sectores puntuales, de leves recuperaciones, lo que en parte ha sido posible a costa de la imposición de grandes privaciones al pueblo trabajador. En este contexto, la dirección del PSUV y la derecha tradicional acometen un proceso de diálogo y negociación, sumamente inestable, donde se debate el futuro del país de espaldas a los trabajadores de la ciudad y el campo.
La crisis venezolana no se desarrolla en el vacío. El cataclismo generalizado que afronta Venezuela no es más que la expresión nacional, bajo particularidades propias, de la crisis orgánica del capitalismo mundial. El año 2020 dejó tras de si una recesión global de 3,3% del PIB internacional, que disparó los niveles de desempleo, pobreza e inseguridad alimentaria, a la luz del ensanchamiento de la brecha social entre los superricos y quienes solo viven de su fuerza de trabajo. Esta situación tuvo su catalizador en la propagación de la pandemia de Covid-19 y las medidas de confinamiento derivadas. Sin embargo, las condiciones de dicha crisis venían siendo preparadas por la propia anarquía en la producción capitalista y las contradicciones acumuladas por este sistema en el periodo anterior.
La pandemia desató una crisis sanitaria sin precedentes en más de un siglo. Con ésta se expuso, de manera clara, como las relaciones sociales de producción capitalistas y el llamado “libre mercado” no solo han significado enormes obstáculos para combatir la emergencia, sino que también, por sus propias caracteristicas, facilitaron la reproducción del Sars-cov-2, con su estela de muerte y zozobra colectiva. En numerosos países las clases dominantes –con su sed de beneficios –no dejaron de presionar por el sostenimiento de la producción y de la economía a pesar de condenar a cientos de miles de trabajadores a contraer el virus, lo que desató protestas y movilizaciones obreras (como ocurrió, por ejemplo, en Italia). La inutilidad de libre mercado para atender la crisis sanitaria quedó en evidencia cuando numerosos gobiernos capitalistas introdujeron elementos puntuales de planificación central en sus respectivas economías, aunado a una opinión pública más abierta a medidas de intervención estatal.
Antes de la propagación del Covid-19 en el planeta, evidenciamos un clima de insurrección internacional por parte de los trabajadores y la juventud, que se expresó en los levantamientos de Haití, Ecuador, Chile, El Líbano, Sudán, Hong Kong, Cataluña, entre otros. Tal tendencia fue cortada de manera abrupta por la pandemia y las medidas de aislamiento y control social tomadas por los gobiernos en un primer momento. Posteriormente, las contradicciones sociales del sistema capitalista, que fueron exhibidas en su expresión máxima durante la crisis sanitaria, retomaron su punto de ebullición con las movilizaciones de Black Lives Matter en EEUU, y luego con los levantamientos acaecidos en Guatemala, Perú, Paraguay, Myanmar, Senegal y Colombia.
Los revolucionarios debemos interpretar esta tendencia mundial como una respuesta de los trabajadores y la juventud ante la austeridad y la embestida contra sus conquistas y derechos democráticos, arrojada por las clases dominantes durante la última década. Ocurrió precisamente lo que nuestra Internacional vaticinó en 2008: los intentos de la burguesía por restituir el equilibrio económico no hicieron más que destruir el equilibrio social y político previo.
La ultima década transcurrió con una tendencia a la polarización entre las clases, el descrédito de numerosos partidos socialdemócratas tradicionales, la aparición de nuevos liderazgos reformistas (Syriza, Podemos, Bernee Sanders, Jeremy Corbyn, Pedro Castillo, entre otros), sus contrapartes de derecha demagógica y conservadora (Donald Trump, Frente Nacional en Francia, Alternativa para Alemania, Vox, entre otras), y en suma, el colapso del centro político que preparó el terreno para el actual ambiente de agitación entre las masas. En todas partes, las clases dominantes han venido perdiendo el control de sus instrumentos tradicionales para el dominio político de la sociedad.
El momento económico actual se caracteriza por el decaimiento del comercio internacional, que en otrora fungía como uno de los motores del crecimiento mundial. Las políticas proteccionistas en algunos casos (como las guerras arancelarias entre China y Estados Unidos) y las disputas interburguesas por acaparar los pedazos más grandes de la riqueza mundial, no han dejado de desatar tensiones en las relaciones internacionales (como el Brexit y las tendencias centrífugas en la Unión Europea lo han venido demostrando). El nacionalismo económico puede ser el catalizador de una nueva recesión mundial, tal y como lo fue con el estallido del crack de 1929.
La naturaleza de la crisis orgánica del capitalismo es la sobreproducción de mercancías. Sin embargo, la realidad, fiel a su naturaleza dialéctica, se muestra ante nuestros ojos de forma confusa y contradictoria. Los cambios bruscos que la pandemia ha forzado en el consumo, el comercio y la producción, han desatado el caos en la economía global, como lo demuestran los innumerables retrasos en las cadenas de suministros y en el transporte marítimo mundial, la crisis de los contenedores, así como la escasez de mano de obra. En varias partes del mundo se ha hecho sentir la insuficiencia de productos terminados y de materias primas, como el carbón, lo que ha repercutido en el veloz crecimiento de la demanda de petróleo y gas natural, disparando a su vez los precios internacionales de estos recursos. La inflación mundial crece de manera preocupante.
Asimismo, los gobiernos burgueses, para evitar un colapso completo de la economía y sobretodo por miedo la revolución, han emprendido históricas expansiones en la emisión de dinero, en forma de estímulos, financiamientos y subsidios, ya no solo a empresas y bancos, sino también a millones de familias obreras. Dicha situación explica la enorme presión de demanda actual que ha motorizado la inflación mundial.
Lo anterior a su vez ha acrecentado aun más la deuda de los Estados, las empresas y las familias en todo el mundo, hecho que refleja la etapa de decadencia alcanzada por el sistema capitalista, que en la actualidad depende enteramente del dinero barato y el endeudamiento recurrente para sobrevivir. Para las clases dominantes, esta deuda tarde o temprano deberá ser recargada sobre los hombros de los trabajadores, mediante políticas de austeridad o bien en forma de mayor inflación y caída en los salarios reales.
En este sentido, las clases dominantes se hallan en un callejón sin salida. Para ellas optar por reducir la emisión de dinero inorgánico o aumentar las tasas de interés para controlar la inflación, traería una oleada de quiebras masivas, que luego darían paso a la explosión de burbujas financieras y a una recesión global mucho más profunda. Por otro lado, la decisión de mantener la expansión monetaria, producirá, además del hundimiento del poder de compra de los salarios, niveles inflacionarios sin parangón. Esto último puede conducir a un escenario de estanflación (decrecimiento del PIB más inflación), y más temprano que tarde, al mismo destino del escenario anterior: una profunda recesión mundial.
El terreno está preparado para la exacerbación de la pobreza y miseria mundial, acompañado de hambrunas, guerras civiles, mayores tumultos sociales y caos en todos los niveles. Cualquier signo de recuperación económica será superado rápidamente por colapsos más estrepitosos, que comprometerán las condiciones de vida de millones de trabajadores en todo el planeta. La lucha de clases no dejará de agudizarse en todas partes. Los marxistas revolucionarios debemos estar preparados para ella.
Cualquiera que sea la forma concreta que desarrolle la crisis capitalista, ésta no parará de profundizarse. Inevitablemente la situación global afectará a Venezuela en su destruida economía monoexportadora y rentista, bajo las tenazas de la inflación y la próxima recesión mundial en puerta, con los movimientos en la correlación de fuerzas geopolíticas interimperialistas (EEUU, China y Rusia), y con un posible contagio en cuanto a las movilizaciones y protestas de calle.
En este sentido, la revisión periódica de las perspectivas no constituye para nosotros un mero ejercicio intelectual, sino más bien una guía para la acción revolucionaria. Para participar adecuadamente en el devenir de los acontecimientos, proporcionando respuestas satisfactorias que permitan extender las fuerzas del marxismo en nuestro país, es preciso analizar las tendencias generales de la situación nacional.
Colapso económico
La enorme envergadura de la crisis estructural del capitalismo venezolano se ha posicionado como uno de los colapsos económicos más críticos a escala global que se haya registrado en la historia moderna. Numerosas estimaciones extraoficiales –dado el silencio estadístico del Banco Central de Venezuela (BCV) en este terreno– apuntan a que desde el año 2013 el PIB nacional ha retrocedido entre un 75 y 80%. La pandemia del Covid-19 y las medidas de confinamiento impactaron con fuerza en el aparato productivo del país, generando, solo en 2020, un retroceso del 30% del PIB.
Entre las causas más destacables de tan impresionante declive, tenemos la merma en los ingresos petroleros a partir del año 2014, primero por la caída de los precios internacionales del crudo y luego por el desplome de la producción de este recurso, el cual resultó a su vez de la desinversión en mantenimiento, mala gestión y corrupción gerencial imperante, en una industria profundamente endeudada y que en los últimos años ha sufrido la fuga masiva de personal calificado.
Si bien, el precio Internacional del oro no ha parado de subir, las exportaciones de este mineral –que el gobierno ejecuta por vías irregulares– está lejos de representar un factor de compensación capaz de suplir la caída de la renta petrolera. En 2019 los ingresos por exportaciones de oro apenas alcanzaron los 235 millones de dólares (https://oec.world/es/profile/bilateral-product/gold/reporter/ven). A pesar de la falta de cifras actualizadas, podemos asegurar que, desde entonces, las exportaciones de este recurso no han crecido de manera significativa, ni en el mejor de los escenarios posibles.
A lo anterior se han sumado las funestas sanciones financieras y comerciales impuestas por el imperialismo estadounidense, responsables de impedir al Estado venezolano y a PDVSA el refinanciamiento de sus respectivas deudas, el acceso a nuevas fuentes de crédito internacional, el ejercicio pleno de sus actividades de comercio, así como el bloqueo a las exportaciones de crudo en diversos mercados y la cancelación de las relaciones de intercambio entre la industria petrolera y sus proveedores de diluyentes y aditivos. Lo último, ha hundido aún más la producción de petróleo y derivados, con interrupciones recurrentes en las plantas y refinadoras, causando escasez de combustibles como la gasolina y el gasoil.
Por otro lado, es necesario mencionar el fracaso de la anterior política gubernamental de controles al capitalismo rentista criollo, que en su momento derivó en fugas fraudulentas de divisas, corrupción extrema en el aparato del Estado, caos inflacionario, escasez y en el hundimiento de las históricamente precarias fuerzas productivas del país.
Los factores anteriores se encontraron con la huelga de inversiones que la parasitaria burguesía criolla ha impuesto a la economía nacional desde hace más de 30 años. Ésta se intensificó con el avance de la revolución bolivariana en sus primeros años, en cuanto a la política de nacionalizaciones, expropiaciones en sectores focalizados, apoyo parcial al control obrero y promoción a la auto-organización popular (Consejos Comunales, Consejos Campesinos, Comunas, entre otras instancias), lo cual aterrorizó a los capitalistas, generando así fugas de capitales y miles de cierres de fábricas. Según directivos de Conindustria, Venezuela redujo su número de empresas industriales de 12.700 en 1999 a tan solo 2.500 en diciembre del 2018.
A pesar de los enormes logros sociales alcanzados durante la primera década del siglo XXI, los mismos estuvieron soportados por los altos precios petroleros de entonces, que estaban llamados a caer tarde o temprano. Era necesario completar la revolución expropiando las palancas fundamentales de la economía para planificar la producción al servicio del pueblo trabajador. Sin embargo, la dirigencia gubernamental no dejó de empantanarse en la quimera del llamado “socialismo petrolero” –postulado por Haiman El Troudi–, basado en la idea de hacer coexistir los intereses capitalistas con los del pueblo trabajador, empleando la renta petrolera para cubrir reformas sociales, las cuales, bajo la preservación de las relaciones de propiedad burguesas, tarde o temprano serían revertidas. Hoy, las nefastas consecuencias de la política de medias tintas son más que evidentes.
Necesariamente debemos volver al tema petrolero. Según fuentes secundarias citadas por la OPEP, la producción de petróleo venezolano alcanzó en octubre los 590 mil barriles por día (bpd), en una leve tendencia al alza. Dicha cantidad está muy lejos de la meta de producción estimada para finales de año por el Ministro de Petróleo, Tarek El Aisami, quien la situó en el orden de 1,5 millones de bpd. Más aún lo está de los 2,8 millones de barriles diarios que, en promedio, eran producidos en 2014. Con la imposición de las sanciones imperialistas, el embargo petrolero estadounidense y la exportación a destinos asiáticos (China, India, Singapur, entre otros), PDVSA tuvo que suspender su producción de crudo mejorado, adecuar sus mejoradores y así producir petróleo Merey 16, entre otras variedades, demandadas en los mercados orientales. Procesar el petróleo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) requiere contar con las cantidades suficientes de crudo ligero, aditivos y diluyentes, difíciles de adquirir por el bloqueo estadounidense. La dificultad de reponer las existencias de estos componentes había propiciado, en varias oportunidades, numerosas complicaciones en la producción.
Para sopesar tales problemas, PDVSA ha suscrito un acuerdo con la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) para intercambiar crudo venezolano por condensado de la nación persa, a usar para elevar la calidad del petróleo extrapesado de la FPO. Este factor, sumado al gran crecimiento de la demanda internacional de petróleo, puede potenciar una pequeña tendencia al alza de los niveles productivos de PDVSA en los próximos meses. Sin embargo, la incapacidad del gobierno para realizar y atraer mega inversiones a la industria responsable de aportar la absoluta mayoría de divisas que ingresan al país, además de la preservación de las sanciones imperialistas, descartan el alcance inmediato de la meta de producción de 1,5 millones bpd, y menos a la vuelta a los niveles de 2014, en el mediano plazo.
Hiperinflación
El retroceso productivo descrito ha estado aparejado de una espiral hiperinflacionaria, que ha contribuido en gran manera en el proceso de dislocación económica nacional, así como también en el hundimiento de los ingresos de las familias trabajadoras. Según datos ofrecidos por el BCV, hasta septiembre del 2021 el alza de precios acumulada del año había sido de un 531,2% y la interanual de un 1946%, por lejos la inflación más alta del planeta.
Las causas de esta problemática descansan en el colapso de los ingresos petroleros, que han mantenido en un nivel alto el déficit presupuestario del Estado. El gobierno para cubrir sus cuentas en rojo apeló a una política monetaria expansiva que nunca contó con respaldo en la producción nacional (la cual se desplomó) y en las reservas internacionales (que pasaron de 22 mil millones de dólares en 2014 a poco más de 6 mil millones en la actualidad).
Por otra parte, la pérdida de confianza en el Bolívar y la necesidad de las empresas y personas de buscar refugios de valor en monedas extranjeras, ha resultado en incrementos desproporcionados del tipo de cambio, o en otras palabras, constantes devaluaciones del Bolívar frente al precio del Dólar. Este hecho es uno de los motores principales de la hiperinflación.
Tal situación ha llevado a un proceso de dolarización informal de la economía y al uso de signos monetarios de países vecinos (como el peso colombiano en los Estados limítrofes o cercanos con el país vecino: Táchira, Zulia y Mérida, entre otros). La consultora Ecoanalítica estima que las transacciones en monedas extranjeras, especialmente el Dólar, representan el 70% de la economía en una clara tendencia al alza. Maduro y su gabinete han recibido como “una bendición” la dolarización, aprobando medidas tendientes a su facilitación –como autorizar la creación de cuentas bancarias en dólares–, pero sin acogerla de manera formal, total y ordenada. Debido al reducido tamaño de la economía nacional, así como de las reservas internacionales, resulta inviable emprender un proceso de dolarización formal y legal que contemple la sustitución definitiva del Bolívar por el Dólar como signo monetario oficial.
Es un hecho que la inflación en los actuales momentos está avanzando más rápido que el alza en el tipo de cambio (el precio del dólar en bolívares), lo que al final repercute en la subida de los precios en dólares de los bienes y servicios en el país. Según el economista Asdrúbal Oliveros, con US$ 223 en febrero del 2021 se pudo comprar lo mismo que con US$ 100 de enero de 2019. Lo anterior tiene severas consecuencias para el pueblo trabajador que recibe remesas desde el extranjero, obtiene limitados ingresos en divisas o que solo percibe bolívares. Claramente, la dolarización informal de la economía ha acentuado las desigualdades sociales. Según un trabajo de Datanálisis, que contiene cifras de diciembre del 2020, el 68.8% de las familias venezolanas cuenta con ingresos en divisas, mientras que el 31,2% solo puede acceder a bolívares en devaluación constante. Pero entre el mayoritario renglón poblacional que tiene acceso a dólares, el 66,1% cuenta con solo US$ 191 para sus gastos mensuales en promedio, a diferencia del 2,7% de las familias más ricas que disponen de US$ 1614.
Desde el 2019 el alza generalizada de precios se ha desacelerado. Ésta es una realidad que se puede notar no solo en los comercios y supermercados, sino también comparando las cifras de inflación del presente año con las del 2018, que según el BCV cerró con un asombroso 130.060%. Varios factores han incidido en ello; por un lado tenemos la medida gubernamental de encaje legal, que ha reducido enormemente la disposición de créditos en la economía, bajando la circulación de dinero e impidiendo que buena parte de los préstamos bancarios vayan a alimentar el mercado cambiario paralelo –lo que siempre repercute en alzas en el precio del Dólar–. Por otro lado, en varias coyunturas donde el tipo de cambio se ve presionado para elevarse, como cuando se acrecienta la emisión y circulación de dinero, el BCV ha intervenido vendiendo sumas importantes de dólares en el sistema financiero para aliviar tal presión.
Como vemos entonces, el gobierno ha tratado de contener como puede las presiones alcistas en el mercado cambiario y de bienes y servicios mediante el encaje legal y la inyección ocasional de dólares a la economía. El problema que encontramos con el encaje legal es que al restringir o limitar de forma extrema el crédito bancario, priva de combustible a muchas industrias y empresas que requieren de él para inversiones diversas y su mantenimiento operativo. Claramente, la política de encaje complica el sostenimiento o el crecimiento productivo en cualquier sector económico.
En el gobierno asumen la importancia de propiciar un entorno favorable para los empresarios y para que la economía crezca, sin importar el destino de millones de trabajadores de la ciudad y el campo. En el capitalismo tal entorno demanda créditos y endeudamiento a granel, más aún en la etapa senil en la que se encuentra este sistema como la situación mundial así lo demuestra. Deponer el encaje legal abriría de nuevo la caja de pandora hiperinflacionaria, algo que en Miraflores no están dispuestos a permitirse por el momento. También, es necesario destacar que la restricción al crédito disminuyó el consumo de muchas familias venezolanas –al menos en los primeros meses de su implementación,–, lo que en cierta medida supuso que, en parte, la inflación se estuvo desacelerando a costa de fuertes sacrificios y privaciones para sectores importantes de la clase obrera.
Por su parte, la política de bombeo ocasional de dólares al sistema financiero para contener el tipo de cambio no es una medida a la que el BCV podrá recurrir en todo momento. Los bajos niveles de reservas de dólares ponen serios límites a esta situación. Podemos esperar, en consecuencia, que la tasa de cambio mantenga en el corto y mediano plazo la dinámica que ha sostenido el último año, donde periodos de relativa estabilidad se ven interrumpidos por fuertes tensiones alcistas. El gobierno y el BCV tratarán de intervenir en ciertos momentos, pero la tendencia no dejará de ser al alza, con los respectivos efectos inflacionarios.
Más allá de los factores internos recién analizados, debemos estar a la espera de recibir los impactos de la crisis capitalista mundial y de la espiral inflacionaria en particular, que sin dudas vendrán. Los precios de los cereales y los alimentos han comenzado a crecer en todas partes. Una economía fuertemente importadora como la nuestra sentirá tales mazazos más que cualquier otra.
Ajuste y recuperación
Desde comienzos del 2021, numerosas voces nacionales e internacionales han apuntado que la crisis económica venezolana ya está tocando fondo. Tras 8 años de profunda recesión, hay quienes proyectan una contracción moderada para finales de 2021, mientras otros señalan que podemos esperar un pequeño rebote o crecimiento. Por una parte, el FMI ajustó la caída del PIB venezolano para el presente año a un −5%, comparable al −10% proyectado en julio, a la par de la elevación de las previsiones de crecimiento para América Latina. Por otra, la firma Ecoanalítica prevé una pequeña baja situada en un −0,9% del PIB en 2021. Sorprendentemente entre los cálculos más optimistas, tenemos el ofrecido por el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández Gallardo, quien sostuvo que la economía venezolana pudiera crecer entre un 0,8 y un 1% a final de año. Hace varios meses, la banca de inversión Credit Suisse estimó un crecimiento importante del PIB de Venezuela en un 4% para 2021.
No han faltado quienes desde el gobierno mencionen datos similares atribuyendo tal “éxito” a las políticas económicas de desregulación, estímulo, apertura al sector privado y los múltiples intentos de tratar de atraer inversiones multinacionales al país. Claramente la recesión venezolana, al igual que la hiperinflación, se ha venido desacelerando y no podemos descartar ningún escenario de recuperación para el corto o mediano plazo. La economía es una ciencia que depende de una enorme cantidad de variables, que se modifican constantemente e interactúan y se retroalimentan entre sí. El marxismo trata de hallar en todos los procesos sociales tendencias generales que incidan en la lucha de clases. La tendencia mundial apunta hacia una profundización de la crisis mundial del capitalismo, la cual incidirá con severidad en nuestro país. Nos resta determinar si las contradicciones internas que derivaron en la muy particular crisis venezolana, hoy marcan una tendencia hacia el crecimiento sostenido o bien la prolongación de la caída de la economía nacional a mediano y largo plazo.
Evidentemente, la dolarización y la desregulación económica de los últimos años han reactivado el comercio en diversos sectores. Por otro lado, ante la emigración de mano de obra nacional hacia la economía informal o hacia otros países, las empresas privadas han decidido otorgar salarios dolarizados, que si bien siguen estando muy por debajo del promedio de sueldos mínimos latinoamericanos, son enormemente superiores a los que asigna la administración pública (1,67 dólares mensuales), permitiendo, de esta manera, la existencia de ciertos niveles de consumo y por ende de mercado. Sobre esto último, el envío de remesas desde el exterior también ha aportado en este sentido.
Claramente, no vivimos en las mismas condiciones calamitosas del 2017-18, la economía se está moviendo un poco más que en aquellos años. No obstante, estos factores por si solos no podrían explicar un posible escenario de crecimiento económico general para el presente año. Un alza en el PIB para 2021, estaría motivada principalmente por el crecimiento del PIB petrolero, dada el alza internacional en el precio del crudo, que pudiera alcanzar los US$ 100 en los próximos meses.
La desaceleración del desplome económico y de la hiperinflación es un hecho que se puede percibir en la presente cotidianidad. Pero vale la pena preguntarse ¿a qué costo se ha alcanzado tal cambio de situación? Y más importante aún ¿quién ha pagado las facturas de la crisis y de dichas desaceleraciones? En términos simples: el actual estado de cosas a nivel económico se ha materializado a costa de vapulear los intereses del pueblo trabajador, mediante la imposición de un agresivo paquete de ajuste anti-obrero y anti-popular, que ha recargado todos las facturas de la crisis a sus cuentas.
La pulverización del salario a partir del Memorando- Circular 2792, la imposición de niveles salariales que compiten con los más bajos del planeta, la facilitación y habilitación de miles de despidos en el sector público y privado, la flexibilización laboral de facto en todos los niveles, el desplome de la inversión en los servicios públicos –que pagamos a través de innumerables fallas en el suministro eléctrico, de agua potable, gas doméstico, entre otras–, y la desidia en que se encuentran los sistemas de salud y educación estatal, constituyen los elementos de mayor importancia que configuran el panorama de austeridad, miseria y hambre que el gobierno ha impuesto a los pobres de Venezuela.
Crisis social
Como consecuencia de lo anterior, los índices de pobreza, hambre y desempleo en el país no han hecho más que repuntar, y no solo por efecto de la crisis, las sanciones imperialistas y el ajuste gubernamental, sino también a la luz de la pandemia que ha tenido numerosos efectos nocivos en las economías familiares en general. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), presentada en septiembre del 2021 por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, un 94,5% de la población venezolana vive dentro del umbral de la pobreza, del cual el 76,6% corresponde a pobreza extrema. Este mismo estudio señala que tras la pandemia la pobreza extrema creció un 8%.
El Centro de Documentación para los trabajadores (Cenda) calculó para agosto del 2021 que el salario mínimo mostraba un déficit del 99,27% para adquirir la totalidad de la canasta básica alimentaria. En 2019, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), de Naciones Unidas, calculó que el 32.3% de la población de nuestro país presenta inseguridad alimentaria. En 2020 la FAO consideró a Venezuela entre los cuatro países que cuentan con mayor inseguridad alimentaria del planeta, destacando que, además de la carencia, es de alta preocupación la poca diversidad de alimentos. En mayo del 2021, el FMI cifró el desempleo en Venezuela en un 58,3%, ubicándolo como el más alto del mundo, números que contrastan con las cifras oficiales que lo ubican en un poco fiable 7%.
La Encovi precisó que en los últimos cinco años, el crecimiento demográfico de Venezuela mermó en -1,1%. En las proyecciones para 2050, la esperanza de vida cayó de 83 años del periodo previo a la crisis a un 76,6 en la actualidad, donde la esperanza de vida al nacer bajó 3 años y la mortalidad infantil, situada en 25,7 muertes por cada mil habitantes, aumentó a los niveles de hace 30 años. El cataclismo social que encierran las cifras presentadas, han llevado a que un número creciente de venezolanos a emigrar a otros países. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), estima que 5,9 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, dato que ya sitúa a Venezuela como el país con más emigrantes y refugiados del mundo superando a Siria (5,6 millones).
Si bien los números anteriores se pueden atribuir, solo en parte, a la política de ajuste gubernamental, no caben dudas que la misma ha tenido peso importante en la determinación de los mismos. Queda claro entonces el enorme costo social que se ha tenido que pagar para arribar al presente de desaceleración crítica o de posible recuperación.
Atracción de inversiones
Más allá de las cifras, el sufrimiento al que se ha sometido al pueblo trabajador de Venezuela en los últimos ocho años es inconmensurable. Hay que preguntarse si el ajuste macroeconómico ¿ha sido lo suficientemente efectivo? Intelectuales pro-gobierno responderán que si la peor parte de la crisis ya pasó, los resultados favorables están por venir. Sin embargo, es necesario mirar de cerca elementos como el déficit fiscal y la apuesta gubernamental a la atracción de inversiones para medir el grado de efectividad de la política económica gubernamental.
Numerosas estimaciones extraoficiales sitúan el déficit fiscal por encima del 10% del PIB. Evidentemente tal déficit, que es una de las causas de la inflación, se ha reducido considerablemente si se compara al 21% registrado en enero del 2018. Tal disminución obedece a la serie de recortes llevados adelante sobretodo tras el lanzamiento del “Plan de Recuperación y Prosperidad Económica”, la política de “déficit fiscal cero”, la flexibilización laboral en todos los niveles y la reducción significativa de las nóminas estatales –imponiendo salarios miserables para propiciar renuncias y deserciones masivas–.
Un déficit presupuestario de dos dígitos sigue siendo bastante elevado. Esta situación implica que a pesar de recortar enorme cantidad de gastos, los ingresos estatales lejos de crecer seguían reduciéndose hasta hace poco. Es muy probable que a corto plazo el déficit fiscal pueda achicarse gracias al incremento de los precios petroleros. Resta esperar por cuánto tiempo pudiera mantenerse la crisis energética mundial, que implicará que el precio del crudo se mantenga en niveles altos. No obstante, las complicaciones en la producción petrolera y el bloqueo financiero y comercial contra PDVSA, le ponen claros límites a cualquier situación ventajosa.
Por otro lado, el gobierno, a pesar de esforzarse por crear el entorno más favorable para propiciar grandes inversiones capitalistas, hasta ahora no ha logrado su cometido. Desde el Ejecutivo, se han hecho múltiples llamados a inversionistas extranjeros para que vengan a aprovechar las ventajas de explotar una de las fuerzas laborales mas baratas del mundo, en el país que cuenta con enormes reservas minerales, de gas, biodiversidad y los mayores yacimientos petrolíferos del planeta; además del plan de privatizaciones, las exenciones tributarias y garantías jurídicas que ofrecen la Ley de Promoción a la Inversión Extranjera, Ley Anti-bloqueo y Ley de Zonas Económicas Especiales –que aun se encuentra en proceso de discusión en el parlamento–.
A pesar de lo anterior, nuevamente los riesgos derivados de las sanciones imperialistas y la enorme cantidad de inversiones que cualquier empresa tendría que acometer en el país, dada la destrucción de las infraestructuras, el colapso de los servicios –como el eléctrico– y la escasez de combustibles, desalientan cualquier interés capitalista. De hecho, en los últimos meses hemos visto como las multinacionales TotalEnergies y Equinor, las cuales habían entrado al negocio petrolero venezolano en condiciones sumamente ventajosas, se deshicieron de sus participaciones en las empresas mixtas que compartían con PDVSA. Hechos como éstos demuestran que la salida capitalista a la crisis que adoptó el gobierno ha sido insuficiente en el mejor de los casos y en vano en el peor de ellos.
Marx sostenía que las inversiones en las fuerzas productivas son el motor del crecimiento económico. Sobre la base de pequeños islotes de consumo, sin un aumento sustancial en la producción nacional, no se podrá impulsar niveles sostenidos de crecimiento económico. No olvidemos que la raíz de la crisis capitalista mundial deviene de la sobreproducción de mercancías, más allá de los cuellos de botella en el comercio mundial que en la actualidad han generado escasez e inflación.
Ante un mercado internacional abarrotado de mercancías, es muy poco probable que las Zonas Económicas Especiales –como gran apuesta del gobierno– atraigan el nivel de inversiones que se requieren para aumentar el aparato productivo nacional de manera sustancial. Lo anterior no quiere decir que no habrán ciertas empresas nacionales –entre ellas, algunas que procedan de burócratas devenidos en empresarios– o multinacionales que decidan incursionar en estos espacios; lo que intentamos decir es que tales inversiones no alcanzarán el altísimo grado que reclaman las necesidades nacionales y las fuerzas productivas para crecer.
Sobre la base del análisis desarrollado, se puede determinar que las bases que pudieran sostener un hipotético crecimiento en el corto o mediano plazo son muy endebles. Cualquier leve recuperación será sucedida por caídas más profundas que intensificarán el caos productivo y el drama social imperante. Incluso si tomamos en cuenta los vaticinios de crecimiento más optimistas, debemos recalcar que no habrá superación definitiva de la crisis hasta que no se vuelva a los niveles productivos previos al estallido de la misma, hecho que se torna bastante cuesta arriba tomando en cuenta que hoy la actividad económica es, en el mejor de los casos, solo una cuarta parte de lo que era en 2013.
En resumidas cuentas, podemos asegurar que bajo la crisis de sobreproducción, la incidencia del complicado entorno internacional, el sostenimiento de las sanciones imperialistas y la incapacidad del gobierno para atraer inversiones suficientes, Venezuela no podrá superar su crisis económica estructural dentro de los estrechos límites del capitalismo. Para los trabajadores venezolanos no hay otra opción más que el socialismo.
Reflujo social
A diferencia de la primera década del siglo XXI, signada por una intensa movilización popular, un proceso de auto-organización sin precedentes y la participación activa del pueblo trabajador en los grandes acontecimientos políticos; la actualidad venezolana está marcada por un profundo reflujo social, que se manifiesta por la baja intensidad y convocatoria de las protestas, su dispersión, voluntades de lucha mermadas en amplios sectores, el predominio por salidas individuales o que no impliquen organización y confrontación, bajas participaciones electorales, apatía, escepticismo y cansancio.
Aunque existen diversas vanguardias en el sector obrero, campesino, comunero, popular y del movimiento de mujeres, que emprenden numerosas iniciativas, la debilidad en cuanto a convocatoria y fuerza de cada cual se percibe a simple vista.
Las razones de dicha situación yacen en la profundidad de la crisis económica y su prolongación en el tiempo, que ha exacerbado la lucha por la existencia cotidiana hasta por lo más básico y elemental, lo que resta atención y disposición para la lucha de clases y la política. Otro factor de importancia lo hallamos en la asfixia burocrática de todas las instancias de participación popular, la institucionalización de numerosas organizaciones surgidas al calor de la revolución (Consejos Comunales, Comunas, la CBST, entre otras), los ataques estatales al control obrero y a las tomas de tierras campesinas e indígenas, la persecución al sindicalismo clasista y la criminalización y judicialización de cualquier forma de protesta social. Como no podía ser de otra manera, la evidente traición de la dirección del PSUV a sus bases sociales y su política de conciliación de clases también ha contribuido en gran medida a la desmovilización del chavismo como fuerza de masas.
Aunque el decaimiento de las fuerzas obreras y populares ha marcado la tendencia general de la situación social, este proceso ha contado con breves interrupciones explosivas que fueron rápidamente apagadas por la actuación del gobierno o porque sencillamente carecían de cohesión y dirección. Aquí tratamos con situaciones como la oleada de saqueos de comienzos del 2018 –que dio paso a una mayor recurrencia en las asignaciones asistenciales (bonos)– y la breve intensificación de las luchas obreras de mediados del mismo año, que se cortaron a raíz del efímero aumento salarial a un monto equivalente a US$ 30, rápidamente devorado por la hiperinflación. En el último caso, tras la desmovilización obrera, el gobierno aprovechó para imponer el Memorando-Circular 2792, con el que acható los salarios a la baja, eliminó beneficios de remuneración laboral y pulverizó las convenciones colectivas. Cuando los trabajadores y ciertos liderazgos sindicales tomaron conciencia de la maniobra, ya era demasiado tarde. Las protestas surgidas como consecuencia no volvieron a contar con el mismo vigor y las renuncias en la administración pública se dispararon.
En los últimos años, hemos atestiguado el retroceso histórico en las fuerzas de la clase obrera a nivel general, diezmada y frenada a cada tanto por el sectarismo o el oportunismo patronal de sus direcciones sindicales. Numerosos sindicatos o consejos de trabajadores han visto la reducción significativa de sus afiliaciones, contando con delegaturas y vocerías vacías. La fuga masiva de personal de empresas e instituciones públicas y privadas a la economía informal o hacia otros países, explica de manera elocuente parte de este fenómeno.
Por su parte, las intensas movilizaciones campesinas de 2018 y 2019, como la Gran Marcha Campesina admirable, han caído en cierto letargo, no solo motivado all juego de la zanahoria y el garrote del gobierno, sino también al freno que han venido ejerciendo las direcciones del movimiento y, en consecuencia, el cansancio de los combatientes rurales.
Entretanto, las constantes protestas barriales y populares por fallas en los servicios públicos solo han contado con caracteres meramente reactivos, dispersos y de un bajo nivel de organización.
Las adversidades que afronta el movimiento obrero, campesino y popular son enormes. Aunque se puede pensar que tal situación ha de prolongarse por mucho tiempo, debemos estar atentos al más mínimo cambio en los factores causantes de dicho proceso. Hemos contemplado la posibilidad de una pequeña recuperación económica para el corto o mediano plazo, hecho que pudiera empujar a un ascenso de las luchas obreras de tipo reivindicativo, como intento legítimo de los trabajadores por recuperar buena parte de las conquistas que le fueron arrebatadas en el último periodo. En ocasiones el movimiento obrero, en una situación de letargo, requiere de un pequeño respiro económico para retomar fuerzas y volver a la arena de la lucha. Ésto se vio en Rusia tras el reflujo que siguió a la derrota de la revolución de 1905, donde el boom económico de 1909 volvió a poner en pie a la clase obrera y los estudiantes.
La cristalización de esta perspectiva depende en gran medida de la intervención de las nuevas generaciones en dicho proceso. Venezuela sigue siendo un país muy joven en términos de porcentajes poblacionales. En el contexto actual de reflujo social, buena parte de la juventud se encuentra asqueada de la política. Aunque un gran margen de la misma ha emigrado o su aspiración principal es abandonar el país para cazar mejores oportunidades en el exterior, las opciones fuera de Venezuela son cada vez más precarias y las restricciones a la migración venezolana son cada vez más fuertes. Dicha salida tarde o temprano colmará sus límites. No es descartable que el clima de insurrección internacional, que ha recorrido todo el planeta en los últimos años –especialmente en Latinoamérica– contagie a los trabajadores y jóvenes venezolanos en algún momento.
Represión y bonapartismo
A la par de la aplicación del paquete de ajuste anti-obrero y anti-popular, el gobierno nacional ha reforzado los mecanismos de represión social. Dicha situación se evidencia a través del empleo de los destacamentos especiales de la fuerza pública, como el SEBIN, el FAES entre otros, para dirimir disputas laborales o protestas sociales; para el desalojo de familias campesinas y comunidades indígenas de sus tierras –a partir del proceso de demarcación iniciado con la Constitución de 1999–, favoreciendo los intereses de viejos terratenientes, militares terrófagos o burócratas corruptos; con la encarcelación injustificada de trabajadores urbanos y rurales, líderes comunitarios, comuneros, entre otros; y con las ejecuciones extrajudiciales en los barrios de las principales ciudades, que intentan hacerse pasar como enfrentamientos contra la delincuencia.
Engels decía que el Estado no es más que un grupo de hombres armados en defensa de la propiedad. Tal panorama hace que dicha frase cobre especial vigencia en la actualidad venezolana.
El gobierno ha venido robusteciendo el Estado burgués y su monopolio de la fuerza organizada frente a la sociedad. Tal situación se fue gestando sobre la necesidad de la dirección del PSUV de mantener el poder –como un fin en sí mismo– ante las arremetidas reaccionarias de la derecha (2014, 2017 y 2019), pero que luego ha sido aprovechada para imponer a sangre y fuego el brutal ajuste económico burgués a las clases históricamente oprimidas.
El carácter bonapartista del gobierno de Maduro –con una base residual de apoyo que procede de su pasado revolucionario–, se ha caracterizado por la tendencia a equilibrarse entre los antagonismos de clases, la vulneración a los distintos mecanismos de la democracia burguesa –no en beneficio de la revolución sino del suyo propio–, la concentración de poder unipersonal, la alternancia entre medidas que castigan y premian a la burguesía, los ataques al pueblo trabajador que se intercalan con pequeños paliativos, y el uso de la movilización ocasional de las masas para amenazar al imperialismo y la burguesía –mientras, bajo la mesa, Maduro negocia con estos sectores–.
Con el aumento en los niveles de represión estatal, se ha terminado de configurar el cuadro bonapartista, que, en palabras de Marx, supone “el dominio de la espada sobre la sociedad”.
Es en este último aspecto donde la hipocresía de la burguesía y sus marionetas políticas se exhibe con gran nitidez. Constantemente hablan de “dictadura” al referirse al gobierno de Maduro, cuando sus incansables intentos golpistas y esfuerzos por quebrar la oficialidad militar, buscaron en todo momento instaurar un feroz régimen dictatorial, que pudiera aplastar la revolución bolivariana mediante ríos de sangre en los barrios y comunidades pobres.
Es claro que el gobierno de Maduro ha venido haciendo el trabajo sucio a la burguesía, a través de la reciente política económica que desarrolla, con la asfixia burocrática a la participación y organización popular, y ahora con el reforzamiento del aparato represivo estatal, con el que persigue, intimida y criminaliza cualquier foco de protesta. Consciente o inconscientemente, Maduro ha prestado un servicio inestimable a los intereses de las clases dominantes, ensuciando las banderas del socialismo ante los trabajadores en el proceso.
Maduro y el poder
A pesar de la fuerte ofensiva imperialista contra Maduro y su gobierno durante los últimos años, este último no solo pudo sostener el poder, sino que incluso se ha consolidado en él, contando con el apoyo de potencias aliadas como Rusia y China, ante la mediocridad de la derecha en su conjunto y pese a administrar la peor crisis económica en la historia nacional. Maduro ha podido derrotar las pretensiones de la reacción, prolongando para si la lealtad momentánea de las cúpulas militares. Desde la cumbre del Estado, el Presidente de la República ha maniobrado exitosamente en la fragmentación de las filas derechistas, ganando tiempo, y por otro lado, arremetiendo contra la izquierda disidente.
A finales de 2019, la dirigencia gubernamental compró, mediante sobornos que involucran a empresarios como Álex Saab, a diputados opositores de diversos partidos de derecha en la llamada “Operación Alacrán”, buscando impedir la juramentación de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2020. Dicho acto, permitió ilustrar el grado de putrefacción que ha alcanzado la política burguesa en nuestro país. A este grupo de diputados más adelante se les otorgó tarjetas electorales, como Primero Venezuela por poner solo un ejemplo.
Además de lo anterior, el gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha intervenido en la lucha de tendencias de diversos partidos de derecha, imponiendo directivas Ad Hoc para dividir a estos, como se vio en el caso de Acción Democrática (AD) y Voluntad Popular (VP). Prácticas como éstas no pueden ser apoyadas por los revolucionarios consecuentes bajo ningún concepto, a pesar de que sean emprendidas contra agrupaciones de derecha, en tanto suponen arbitrariedades del mismo Estado burgués que en cada oportunidad se vuelca contra los trabajadores y sus organizaciones.
Los marxistas revolucionarios rechazamos categóricamente cualquier tendencia al fortalecimiento del Estado burgués por sobre la sociedad y la propia democracia burguesa. León Trotsky, en su artículo La libertad de prensa y la clase obrera precisó: “Tanto la experiencia histórica como teórica prueban que cualquier restricción de la democracia en la sociedad burguesa, es, en último análisis, invariablemente dirigida contra el proletariado, así como cualquier impuesto que se imponga recae sobre los hombros de la clase obrera. La democracia burguesa es útil para el proletariado sólo en cuanto le abre el camino al desarrollo de la lucha de clases. Consecuentemente, cualquier ‘dirigente’ de la clase obrera que arma al gobierno burgués con medios especiales para controlar a la opinión pública en general y a la prensa en particular, es, precisamente, un traidor (…)”. Aunque estas reflexiones refieren a la censura mediática, se pueden extrapolar a los aspectos que señalamos.
Todo el panorama descrito se suma a la acostumbrada práctica de fomentar procesos de diálogo con la derecha, lo que independientemente de las necesidades políticas de cada momento, siempre ha fragmentado a la oposición entre los que están prestos a negociar y quienes no.
Hasta finales del 2020, la dirigencia gubernamental no dejó de intentar construirse una oposición a la medida de sus intereses, debilitando a los partidos más fuertes de la derecha pro-imperialista, así como brindando impulso y plataforma a los sectores burgueses más moderados y conciliadores. El objetivo del gobierno para entonces era aislar a Guaidó y los partidos que le brindan apoyo, haciendo que la oposición moderada, en sus diversas corrientes, atrapara el apoyo mayoritario de las bases opositoras. Ésto se vio de manera muy clara durante las elecciones parlamentarias del 2020, donde a Maduro no le importó que las organizaciones más grandes de la derecha –en torno a Guaidó– adoptarán el abstencionismo como táctica.
Para la burocracia Psuvista, sabiéndose ganadora de antemano, era necesario que dichas elecciones contaran con altos niveles de participación para ganar legitimidad y enterrar políticamente el llamado “interinato”. Sin embargo, el 70% de abstención registrada, demostró que la oposición moderada nunca pudo levantar vuelo.
Lo anterior llevó al gobierno a propiciar un nuevo proceso de diálogo con Guaidó, que venía siendo auspiciado por el Grupo de Contacto Internacional y el reino de Noruega, a la par de los cambios en el timón de la Casa Blanca y su orientación hacia Venezuela. Este proceso de negociación se ha venido llevando a cabo en México, donde, a diferencia del periodo anterior, se ha aislado por completo a la oposición moderada, hoy concentrada en la coalición Alianza Democrática.
Por otro lado, Maduro no ha escatimado esfuerzos en golpear, mediante el empleo bonapartista de medidas institucionales, a sectores de izquierda que en último periodo rompieron con su política y hoy se agrupan en torno a la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). De la misma manera en que se arrebataron las tarjetas electorales a varios partidos de derecha, el gobierno hizo lo propio con las organizaciones como: UPV, PPT y Tupamaros, para imponer directivas afines a sus intereses. También, deben sumarse los diversos ataques y amenazas que han recibido candidatos de esta alianza, tanto en las parlamentarias del 2020 como en las elecciones regionales y municipales del 2021. El bloqueo institucional a la candidatura de Eduardo Samán a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas es muestra de lo que decimos.
Tal actuación refleja cierto temor del gobierno al potencial que posee esta nueva coalición de izquierda, al margen de su reducido tamaño e influencia actual. Si la burocracia agrede a la APR no lo hace porque hoy esta coalición sea una referencia obrera y popular capaz de amenazar la hegemonía del PSUV, sino por la posibilidad de que la misma pueda convertirse precisamente en eso en el futuro.
El imperialismo y la derecha
Tras cosechar una gran retahíla de derrotas desde la instalación del ficticio “gobierno paralelo”, la imposición de sanciones y secuestro de activos del Estado venezolano, pasando por las amenazas de ingresar “ayuda humanitaria” por la fuerza, recordatorios de que la opción militar (invasión) “está sobre la mesa”, intentonas golpistas fallidas e incursiones mercenarias, el imperialismo estadounidense ha hecho gala de su incapacidad para deponer a Maduro del poder, como una nueva muestra más de su declive geopolítico ante sus socios y competidores.
De la política de máxima presión externa e interna, económica y diplomática, contra Maduro, llevada adelante por Donald Trump, ahora la nueva administración de Biden ha optado por una táctica más conciliadora, usando las sanciones impuestas por su predecesor como moneda de cambio para lograr la reintroducción de garantías electorales para sus acólitos en Venezuela.
Hoy, buena parte de los gobiernos e instancias internacionales que brindaron apoyo al “interinato” en su momento, han venido ignorando a la figura de Juan Guaidó, quien luego de mostrarse firme en su intención de derrocar la “dictadura”, ahora, por órdenes del norte, ha tenido que bajar la cabeza para sentarse en una mesa de negociación con el gobierno de Maduro, brindando reconocimiento al mismo y rogando por garantías electorales. Los sucesivos fracasos acumulados por la derecha pro-imperialista desde 2019, le han hecho ganar un enorme desprestigio entre sus bases, lo que se mide por la incapacidad del G4 de convocar a alguna movilización decente.
Los numerosos escándalos de corrupción por el desvío de los recursos para la ayuda humanitaria (la misma USAID reconoció que el 98% de las contribuciones no llegaron a su destino), el desfalco y tráfico de influencias en cuanto al manejo de Monómeros, la negligencia en la defensa de los activos de CITGO frente a los acreedores de la deuda venezolana y las amenazas de embargo, entre otros hechos, han contribuido al hundimiento del prestigio de la derecha en torno a Guaidó frente a la opinión pública nacional e internacional.
Las disminuidas fuerzas de la derecha venezolana hoy se encuentran divididas en tres grandes bloques. En primer lugar se encuentra la Plataforma Unitaria, encabezada por los cuatro partidos más grandes de la oposición (el G4) y que rodean la figura de Guaidó: Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT). Más hacia la derecha, y marcando una línea dura, se halla la agrupación de partidos encabezada por Vente Venezuela (VV) y Alianza Bravo Pueblo (AVP), quienes critican a las demás facciones opositoras por su propensión al diálogo con el gobierno. En tercer lugar tenemos a Alianza Democrática, coalición conciliadora conformada por las agrupaciones: Avanzada Progresista (AP) El Cambio, Cambiemos, escisiones de partidos del G4 (favorecidas por medidas de intervención del TSJ que les otorgó las siglas oficiales y las tarjetas electorales de los mismos), nuevas organizaciones fundadas a partir de la Operación Alacrán, entre otras.
Tal fragmentación política de la burguesía no apunta a solucionarse próximamente. El único factor que puede ligar al G4 con la tendencia opositora de línea dura es la retoma del primero a la senda golpista e insurreccional, posibilidad que hoy se encuentra descartada por la debilidad que hoy aqueja a toda la derecha en cuanto a capacidad de movilización de calle, autoridad y respaldo social. Por su parte, el archipiélago de partidos que conforman Alianza Democrática mantienen cierto nivel de compromiso con el gobierno que invalida una pronta convergencia política hacia los demás bloques de la derecha.
Como parte de los acuerdos gobierno-derecha, los partidos de la Plataforma Unitaria han vuelto al terreno electoral bajo la tarjeta de la MUD. Este hecho, sucedido en los comicios del pasado 21 de noviembre, permitió medir el grado de desprestigio que aquejan los partidos políticos hegemónicos en Venezuela, que claramente no logran convocar a sus bases como en otrora. Tal descrédito es fruto de la desconexión de las respectivas dirigencias con la deplorable realidad de sus bases sociales, la corrupción en todos los niveles, la demagogia y el mar de promesas incumplidas.
En los comicios regionales y municipales del 2021, se reafirmó el ambiente de apatía y desinterés electoral entre la población, con una abstención de un 57,74% del padrón nacional. Asimismo, se comprobó el éxito, desde el punto de vista del PSUV, de la política de mantener dividida a la oposición, hecho que impidió que la derecha se alzara con al menos 10 gobernaciones adicionales a las 3 que logró entre sus bloques separados. De hecho, la votación de todos los grupos de derecha divididos suman un 54,3% frente al 45,7% del conjunto de fuerzas vinculadas al chavismo. Dados estos resultados, y los riesgos de un poco probable pero posible reagrupamiento de las fracciones derechistas, se puede anticipar que el gobierno impedirá a toda costa la realización de un referendum revocatorio para el año 2022.
Las elecciones del 21N arrojaron nuevas muestras del empleo de medidas bonapartistas por parte del gobierno-PSUV –a través del CNE y el TSJ– para sacar ventajas y amedrentar a sus adversarios, especialmente a la APR. Entre las prácticas observadas se encuentran: la inhabilitación arbitraria de candidatos sin justificación (el PCV-APR fue la fuerza más castigada por medidas de esta índole, con 16 inhabilitaciones en todo el país), y el día del evento electoral, la falsificación de credenciales a testigos del partido de gobierno. También la negativa a no entregar las actas de escrutinio a los testigos de la APR, cierre de mesas mas no así de las maquinas, y en algunas localidades del Estado Zulia, a la orden de evitar a toda costa las colas en los centros electorales a partir de las 3:00 PM –utilizando los órganos policiales–. Se registraron ataques a electores en centros de votación, una víctima fatal por arma de fuego y cierta cantidad de heridos. Mención especial merecen ciertos casos, como la anulación de la victoria opositora en el Estado Barinas, el llamado a repetir las elecciones en dicha entidad, y las innumerables irregularidades registradas en la elección a la alcaldía del Municipio Jesús María Semprún del Estado Zulia, donde todo el proceso comicial fue violentado por el PSUV para retener el control del espacio.
Diálogo de élites
El año 2021, a nivel político y económico, marcó el desarrollo de un proceso de diálogo entre el gobierno y los más altos representantes de la oligarquía nacional, mucho más profundo que en ocasiones anteriores. Vale decir que las clases dominantes criollas están de acuerdo, en líneas generales, con la política económica que lleva adelante el gobierno de Maduro en la actualidad. Sus discrepancias radican en que las privatizaciones y otras concesiones están beneficiando en mayor grado a los nuevos ricos (surgidos a base del saqueo del erario público), por lo que exigen mayor apertura al sector privado tradicional concentrado en Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio.
Con la instalación de la nueva Asamblea Nacional –elegida en 2020–, donde el PSUV cuenta con una mayoría absoluta, fue creada la Comisión Especial de Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, con la cual la dirigencia Psuvista propició acercamientos con sectores patronales del comercio, la industria y el agro, para recibir propuestas y estrechar lazos. Posteriormente se escenificó una inédita participación de la entonces Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en la Asamblea Anual de Fedecámaras. Este acto representó muy bien la etapa que transita la presente política económica gubernamental y su significación puede estimarse en el hecho de que desde la cuarta República un alto dirigente del Poder Ejecutivo no visitaba este gremio burgués, responsable del golpe de estado de abril del 2002 y del proceso de sabotaje a la economía nacional, entre otros crímenes.
En el terreno político, la Asamblea Nacional designó en mayo del presente año una nueva directiva para el Consejo Nacional Electoral (CNE), con tres rectores oficialistas y dos opositores. Dichos nombramientos mostraron que tras bambalinas se estaba fraguando un pacto entre el gobierno y la Plataforma Unitaria, que supondría el otorgamiento de garantías para que el segundo factor volviera al camino electoral. La burocracia requiere obtener legitimidad y reconocimiento internacional para las instituciones que proceden del voto popular, en la intención de blindar el mar de concesiones y ventajas que se vienen ofreciendo a los capitalistas nacionales y extranjeros desde estos espacios. Tras haberse quemado las manos intentando crear una oposición dócil, era necesario ceder en este aspecto.
Lo anterior se encontró con el cambio de orientación del imperialismo estadounidense respecto a Venezuela, de la mano de la administración Biden, donde se ordenó a Guaidó entrar en negociaciones con el gobierno y al G4 retornar a la lucha comicial, si el PSUV-gobierno generaba concesiones en este sentido. Movimientos político-partidistas posteriores mostraron que la Plataforma Unitaria participaría en los comicios regionales y municipales del 2021.
Sin que transcurriera una semana luego de la designación de los rectores del CNE, Guaidó presentó a la opinión pública su propuesta de Acuerdo de Salvación Nacional, que concentra la posición opositora y del imperialismo estadounidense en el proceso de diálogo: definición de un cronograma de elecciones libres, con observación internacional, la inclusión de factores del gobierno de Maduro en la “transición”, además del ingreso de ayuda humanitaria y vacunas contra el Covid-19. Reconociendo en parte sus fracasos, con esta declaración la marioneta imperialista dejó atrás su letanía que rezaba: “cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.
A modo de formalización, desde mediados del pasado agosto representantes de la dirigencia del PSUV y de la Plataforma Unitaria retomaron las negociaciones –de manera oficial– en México, luego de dos años tras los fracasos en las conversaciones entabladas en Noruega y Barbados. Hasta el momento, varias rondas de negociaciones han transcurrido, donde se han dado a conocer acuerdos de poca trascendencia, salvo la solicitud de 5.000 millones de dólares al FMI como parte de los Derechos Especiales de Giro que corresponden a Venezuela.
Pero es sabido que a puertas cerradas dos élites políticas –los viejos y nuevos ricos– tratan de pactar condiciones de convivencia y el futuro del país, sin el consentimiento, la opinión y menos la participación del pueblo trabajador. Los revolucionarios debemos rechazar el secretismo con que se desarrolla dicho proceso. La extradición de Álex Saab a EEUU y la reacción del gobierno al suspender su participación en las negociaciones de forna indefinida, han estancado el proceso de negociación formal.
En todo el proceso de diálogo, el gobierno del PSUV está pujando por el levantamiento de las sanciones imperialistas, frente a los mismos actores nacionales que las promovieron. La exigencia va dirigida a la Casa Blanca, cuyos portavoces han sostenido que suavizar las sanciones dependerá de los progresos en la mesa de diálogo, atinentes a un acuerdo para celebrar nuevas elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales “libres y justas”. Sabemos muy bien que por elecciones “libres y justas” el imperialismo yankee se refiere a que la derecha criolla pueda ganarlas sin complicaciones.
En estos últimos aspectos, el levantamiento de las sanciones a cambio de un cronograma electoral o transición pactada, yace el quid de la cuestión sobre las perspectivas de avance, estancamiento o fracaso en los puntos importantes de las negociaciones.
Posibles escenarios
Desde el punto de vista de Maduro y la cúpula del PSUV es indispensable el levantamiento de las sanciones imperialistas para acrecentar las posibilidades de crecimiento económico nacional. Sin embargo, arriesgarse a perder el poder –y con él sus fuentes de enriquecimiento y privilegios– no puede ser una opción. La burocracia sabe muy bien que, en las condiciones actuales, dejar el gobierno supone persecución, encarcelamientos, juicios y confiscación de los activos que han acumulado tras años de saqueo a las cuentas públicas.
En este sentido, Maduro puede ceder ciertas garantías electorales, pero no las suficientes para permitir que la derecha lo desaloje cómodamente de Miraflores o bien pueda tomar ciertos bastiones públicos que la animen a emprender una nueva ofensiva insurreccional. En las altas esferas del PSUV saben muy bien que han perdido una gran base de apoyo popular.
Solo a condición de que desde el norte acepten pactar total inmunidad a los altos funcionarios del PSUV, un acuerdo lo suficientemente convincente como para brindar seguridad a estos últimos, puede condicionar escenarios donde el gobierno acceda a una salida negociada, bajo la forma de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, referéndum revocatorio, o bien una transición con un gobierno de coalición nacional en primera instancia.
Otra perspectiva, pero que está fuera del ámbito del dialogo, recae en la posibilidad de que las masas trabajadoras rompan el reflujo y se produzca un estallido social, inspirado en el ambiente insurreccional que seguirá recorriendo el mundo y Latinoamérica. Si el gobierno llegara a perder el control de la situación, se vería forzado a negociar posibles salidas. De aferrarse al poder se abrirían las puertas para un eventual golpe militar.
Como lo hemos explicado en varias oportunidades, los privilegios económicos que el gobierno ha otorgado a la cúpula militar para mantener su lealtad, solo pueden cumplir su función si Maduro sigue siendo el garante de tales prerrogativas. Ante un ambiente de profunda agitación social, la pérdida del control que ejerce el gobierno sobre el país y la negociación entre las clases dominantes y los altos mandos castrenses, se pudiera generar un escenario de quiebre en el Estado favorable a la burguesía, como no ocurre desde abril del 2002.
De no alcanzarse un pacto de inmunidad hacia los dirigentes gubernamentales y si las masas trabajadoras siguen sumidas en el reflujo social ya planteado, debemos esperar la prolongación del estancamiento político e institucional que nuestro país ha venido aquejando. Maduro seguirá teniendo control del aparato del Estado, maniobrando a sus anchas, ganando tiempo, negociando estabilidad con la burguesía, mientras sigue dividiendo sus partidos, en tanto seguirá golpeando a las clases trabajadoras en todos los frentes, hasta que éstas se pongan en pie y respondan. Sin las condiciones mencionadas, el terreno está abonado para el fracaso de las negociaciones entre la burocracia bolivariana y la derecha, sin que esto implique que el ejecutivo no prosiga en su política de colaboración de clases.
La APR
El surgimiento de la Alternativa Popular Revolucionaria, en 2020, supuso un salto cualitativo importante entre un sector de vanguardia de la izquierda, que finalmente rompió con la política gubernamental. Esta alianza aún cuenta con un enorme potencial para convertirse en una gran referencia para los trabajadores del campo y la ciudad, solo si es capaz de adoptar una política, una estrategia y un programa revolucionario, que conecte con el sentir de la mayoría.
Más allá de los ataques y la censura mediática impuesta por parte del gobierno, dentro de la coalición existen varios factores internos que impiden que la APR emerja de manera decidida, acumule numerosas fuerzas y pueda jugar un papel destacado en los acontecimientos nacionales: el pragmatismo, el oportunismo, el inmovilismo táctico, el restringir toda la actividad de la alianza al ámbito puramente electoral, la ausencia de discusión y definición programática, la desorganización, la incapacidad para vincularse a las luchas concretas del pueblo trabajador, y en suma, la poca claridad política del conjunto de organizaciones que la conforman, constituyen escollos que de no ser resueltos, mantendrán a la APR en una existencia marginal hasta que sus contradicciones internas la rompan de manera definitiva.
Para los marxistas de Lucha de Clases, es indispensable plasmar nuestra posición política en todo momento, ante cada debate y sobre toda coyuntura que demande una respuesta de la APR, intentando extender nuestro mensaje sobre la necesidad de construir con las bases un programa revolucionario y planteando los métodos y tácticas de lucha adecuados para cada situación. Por ahora, el desarrollo de la alianza no depende de nuestras limitadas fuerzas, a pesar de que nuestro aporte político compensa con creces nuestro reducido tamaño actual. El ritmo de la coalición lo siguen marcando las organizaciones más grandes, a cuyas limitaciones está signado el devenir de la Alternativa en el corto y mediano plazo.
Nuestro objetivo es construir las fuerzas del marxismo en Venezuela y echar raíces en el movimiento obrero y popular, mediante la explicación paciente de nuestras ideas, nuestra intervención práctica y la construcción organizativa bolchevique. La APR puede seguir jugando un papel de agrupamiento de cierto sector de vanguardia de la izquierda, por lo que será importante seguir interviniendo allí. Ésto mientras las diferencias políticas que presentamos con las demás organizaciones aun sean manejables.
El papel de los marxistas venezolanos
La complicada realidad que nos golpea no puede ser solucionada dentro de los estrechos limites del capitalismo. A nivel mundial, este sistema caduco, su crisis secular y su irracional persecusión de beneficios a costa de lo que sea, amenazan con sumir a la especie humana a la degradación y a la barbarie, a la par de la destrucción del medio ambiente propicio para la vida. Este oscuro escenario es el que nos espera si en el futuro la clase obrera internacional no se levanta de forma organizada para destruir las relaciones sociales de producción burguesas y emprender la transformación socialista de la sociedad.
Los marxistas venezolanos tenemos el enorme reto de batallar con un sinnúmero de dificultades y mantener el temple y la moral en alto, para avanzar en la comprensión del complejo panorama nacional e internacional que demanda transformación. Desde el punto de vista de los intereses del pueblo trabajador, no existe una salida al atolladero histórico en el que nos encontramos, que no plantee soluciones radicales. Esa salida se llama socialismo y para alcanzarlo es indispensable la movilización, la organización y la lucha del proletariado, a la cabeza de todos los sectores oprimidos.
No debemos cansarnos de repetir que no fue el socialismo lo que fracasó en nuestro país, pues este nunca se instauró. Lo que ha fracasado en Venezuela ha sido el capitalismo rentista y atrasado que la división internacional del trabajo nos legó y que la dirección bolivariana se empeñó en salvar a su manera. Nuestro papel en el presente consiste en explicar pacientemente la necesidad de un programa marxista y la adopción de los métodos de lucha de la clase obrera para la izquierda.
Es necesario acumular todas las fuerzas que sean posibles y formar a nuevos cuadros revolucionarios, a una nueva dirección revolucionaria, blindada con las ideas del marxismo y resuelta en el imperativo de conducir a la clase obrera a la victoria. Debemos prepararnos para una lucha de largo aliento. Actualmente, el movimiento obrero se encuentra exhausto. Más temprano que tarde, éste despertará, y para cuando el gigante dormido se levante más vale que la tarea de construir un partido revolucionario, con fuertes raíces en el movimiento obrero y popular, marche a un nivel avanzado y por buen camino.
Ni la oligarquía ni la burocracia pueden resolver los grandes problemas que aquejan a los trabajadores. En palabras de Marx: “La emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos”. La liberación completa del género humano, en Venezuela y el mundo, demanda establecer la hoja de ruta, mediante consignas transicionales, entre las revindicaciones inmediatas para la clase obrera y las tareas fundamentales de la revolución socialista. No hablamos de otra cosa más que de un programa revolucionario, que solo puede materializarse con la intervención consciente de la clase obrera a la vanguardia del pueblo trabajador.
En este sentido, y enfocados en el contexto venezolano, presentamos nuestra propuesta programática, como aporte al debate necesario:
Por la lucha obrera:
Salarios igual a la canasta básica. Los sueldos deben aumentar de manera correlativa y equiparada al incremento de los precios.
Derogación del Memorando 2792 y de toda la legislación que afecte los intereses de la clase trabajadora.
Restitución de las prestaciones sociales, primas, beneficios de remuneración y cajas de ahorro, suprimidos a partir de la imposición del Memorando 2792.
Agilización y celeridad en la firma de Convenciones Colectivas de Trabajo.
Salud y seguridad laboral.
Contra la judicialización y criminalización de las luchas obreras: ¡Respeto a los derechos sindicales, de protesta y organización de la clase trabajadora!
Control obrero de la producción.
Por la lucha campesina:
Nacionalización sin compensación de todos los latifundios.
Desarrollo de un plan agrícola, a base de unidades de producción colectivas en toda las zonas rurales del país.
Control campesino de la producción.
Acceso y justa distribución de semillas e insumos para la producción.
¡No más desalojos arbitrarios de familias campesinas e indígenas!
Restitución de las tierras otorgadas a los campesinos, a partir de la promulgación de la Ley de Tierras.
Justicia a todas las víctimas de sicariato, intimidación, persecución y desalojo arbitrario a familias campesinas. ¡Cárcel a los responsables!
Por las luchas de las mujeres y de la comunidad LGTBI:
Contra los feminicidios: ¡Justicia ante los asesinatos de mujeres!
Contra la violencia machista: ¡Justicia ante los casos de maltrato y violencia doméstica en todas sus formas!
Impulso de programas efectivos de educación sexual y reproductiva en todo el país.
Distribución masiva de los anticonceptivos, a bajos costos, para prevenir embarazos no deseados.
Aborto libre y seguro: ¡Despenalización y legalización del aborto en hospitales públicos y bajo un servicio gratuito y de calidad!
Legalización del matrimonio igualitario.
Por condiciones de vida dignas:
Creación de un plan nacional de recuperación de infraestructuras de distribución de agua, bajo control de las comunidades organizadas.
Rehabilitación de las plantas de distribución de gas doméstico y su justa distribución, bajo control obrero y popular.
Diseño de un plan de financiamiento para la recuperación efectiva del Sistema Eléctrico Nacional, bajo control obrero y popular.
Nacionalización de las líneas de transporte colectivo bajo control obrero y popular.
Nacionalización de la red de producción, distribución y venta de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, bajo control obrero y de las comunidades organizadas, para impedir la corrupción y el despilfarro.
Educación pública, gratuita y de calidad.
Salud pública, gratuita y de calidad.
Creación de un plan de financiamiento, mejoramiento y optimización de toda la red hospitalaria y ambulatoria del país.
Por la democracia revolucionaria:
Liberación inmediata de todos los trabajadores, campesinos y líderes sociales presos por luchar.
Cese a la persecución, la judicialización y la criminalización de las distintas luchas obreras, campesinas y populares.
Auditoría obrera y popular a los recursos y todas las gestiones públicas municipales, estadales y nacionales. ¡Cárcel a los corruptos!
Creación de consejos de trabajadores socialistas en todas las instituciones y empresas del Estado, para ejercer el control obrero.
Creación de consejos campesinos en todas las zonas rurales del país.
Elección y legitimación de los Consejos Comunales y Comunas, bajo plena autonomía de las comunidades.
Asignación de competencias del poder publico municipal y estadal a las Comunas como entidades territoriales de autogobierno.
Elegibilidad y revocación de todos los cargos públicos.
Que ningún funcionario del Estado gane un salario superior al de un obrero cualificado. ¡Servir a la revolución es un deber no un privilegio!
Organización de unidades de la milicia bolivariana en cada fábrica, lugar de trabajo, barrio y comunidad, bajo control de la clase obrera y el pueblo organizado.
Por un antiimperialismo consecuente:
Cárcel a Guaidó y a todos los implicados en el plan imperialista contra Venezuela. ¡Basta de impunidad!
Ante el secuestro de CITGO y activos de la nación por parte del imperialismo: ¡Confiscación de las propiedades de las multinacionales imperialistas en Venezuela!
Re-nacionalización de todos los recursos y empresas estratégicas de Venezuela.
Hacer un llamado internacionalista a los pueblos y a los trabajadores del mundo, para que defiendan la revolución venezolana en sus respectivas latitudes.
Por el socialismo:
Creación de una central estatal única de importaciones ¡Basta de entregar las divisas a la burguesía!
Auditoría obrera y popular sobre todas las divisas entregadas. ¡Cárcel y confiscación de bienes a los empresarios y burócratas que las hayan usado de manera impropia!
Nacionalización sin compensación de todos los monopolios industriales, bajo control obrero y popular.
Nacionalización y centralización de la banca y las aseguradoras bajo control obrero, para poner todos los recursos a disposición de un plan de producción nacional, en empresas estatales y bajo control de los trabajadores, los campesinos, los comuneros y el pueblo organizado.
Todo el poder a la clase trabajadora y el pueblo organizado: ¡Abajo la burocracia!
A lo largo de la revolución bolivariana, el pueblo trabajador venezolano brindó innumerables muestras de su combatividad, disposición para organizarse, capacidad de lucha y voluntad para transformar la sociedad. Aunque los avatares de la lucha de clases de los últimos años han golpeado con fuerza a las masas, más temprano que tarde éstas volverán por sus fueros, quebrando el lastre que representan sus direcciones, las cuales demostraron no estar a su altura. Cuando la clase obrera se levante de nuevo será una fuerza indetenible. Ese día llegará y para cuando ocurra la organización marxista, construida sobre sólidas bases bolcheviques, tendrá que marcar el camino a seguir, que no será otro que la construcción de un mejor mundo posible: una sociedad socialista donde valga la pena vivir.
¡Solo debemos confiar en nuestras propias fuerzas!
¡Por un gobierno de los trabajadores!
¡Por la revolución mundial!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Caracas, diciembre 2021