Editorial de Lucha de Clases nº 66 - La economía española experimentará en 2020 el mayor retroceso de todas las economías del mundo desarrollado, un 12,8% según el FMI, frente al 10,2% de la zona euro y el 4,9% de la economía mundial.
Tras décadas de desindustrialización, nuestros sectores económicos “punteros”: el turismo, la hostelería, el comercio, la construcción y la agricultura, que dependen decisivamente del consumo de masas, son la primera y principal víctima de la gran crisis actual. Así, la crisis implicará este año una pérdida de producción de 160.000 millones de euros, en relación al PIB de 2019, ¡casi un 150% de lo que se dedica anualmente al pago de las pensiones! La irracionalidad del capitalismo queda expuesta completamente. Tenemos los mismos millones de brazos que el año pasado y las mismas fábricas y oficinas; podríamos crear cientos de miles de millones de euros en riqueza y recursos para la sociedad, pero no son “rentables” para los grandes empresarios y banqueros que poseen la mayoría de estas empresas y brazos. A cambio de eso, tenemos desempleo masivo, escasez, miseria, sufrimiento, lágrimas y sueños rotos para millones de personas.
Incluso la recuperación prevista para 2021, un aumento del 6,3%, ni siquiera alcanzaría para recuperar la mitad de lo perdido.
Pacto social para la “Reconstrucción”
Ahora el gobierno está impulsando un plan de “Reconstrucción” basado en un gran acuerdo con la derecha, los sindicatos y los empresarios, tomando como punto de partida la lluvia de miles de millones de euros prometida por la Unión Europea, unos 140.000 millones de los que 70.000 serán a fondo perdido. Contra lo que podía parecer hace unas semanas, todos han apoyado esta propuesta ¿Qué milagro “pactista” ha ocurrido aquí?
La derecha y la ultraderecha fracasaron en su intento de hacer caer al gobierno a través de un asalto directo con la movilización reaccionaria en la calle de su base social. Su débil músculo social y la reacción en sentido contrario que comenzó a darse en muchos barrios obreros, fundamentalmente en Madrid, los obligó a retroceder.
Ahora se proponen "seducir" al gobierno a través de acuerdos para que haga la política que interesa a empresarios y banqueros. Como afirmó El País: "Los empresarios, o al menos el sector liderado por el pactista Garamendi, lo ven claro: si el Gobierno va a durar varios años, como dice el presidente en cada intervención, es mejor ser pragmáticos y buscar acuerdos que seguir en el enfrentamiento total y renunciar así a influir en la línea económica." (El País, 23/06/20). Para ello, cuentan con el apoyo entusiasta de la dirección socialista, impulsado por la ministra con enlace directo al Ibex35, Nadia Calviño. Ciudadanos y el PP han entendido la voz de mando de sus amos y se han puesto el traje de faena.
Todos están de acuerdo en destinar más recursos a la sanidad pública. Les obliga el inevitable rebote que habrá en la epidemia de COVID-19. Pero los recursos se concentrarán aquí, y se mantendrán los recortes y escasez para lo demás.
La presión de los empresarios está ahora en quedarse con la parte del león de los 140.000 millones de euros y dejar las sobras para las familias trabajadoras. El presidente de la CEOE ya ha dicho que hay que ampliar los avales públicos para los créditos fallidos de las empresas y que el dinero para devolver los nuevos préstamos europeos deben financiarse con deuda pública y no con aumento de impuestos. En su reciente Cumbre Empresarial, los patrones de la CEOE se desataron a gusto: ninguna subida salarial, no tomar vacaciones este año, no tocar la reforma laboral, etc. (ceoe.es 23/06/20).
El gobierno retrocede
Y el gobierno PSOE-UP acata. En su borrador del plan de reconstrucción, el gobierno no toca la reforma laboral del PP ni tampoco propone subir los impuestos a los ricos. Y esto, pese a que los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han puesto números al agujero fiscal de los grandes grupos empresariales, que han eludido en los últimos cuatro años el pago de más de 24.000 millones en el impuesto de Sociedades (ghesta.es, 24/06/20)
Esto tiene su lógica: si el objetivo es un “amplio consenso”, hay que dejar fuera lo que molesta a la derecha y la patronal. Ni siquiera las medidas sociales, limitadas, tomadas por el gobierno, son una seña de identidad del gobierno “progresista”. A diferencia de lo que ocurrió en 2008-2010, el miedo –ahora sí– al estallido social, ha hecho que todos los gobiernos del mundo estén impulsando medidas similares, incluido Trump que ha entregado un cheque de 1.500 dólares a cada ciudadano de EEUU. Por supuesto, como aquí, ha destinado el 80% de las ayudas públicas a los empresarios.
El Gobierno ha vuelto a ceder a las presiones empresariales para extender los ERTEs y ahorrarles total o parcialmente las cotizaciones sociales, mientras muchas de estas empresas hacen trabajar fraudulentamente a miles de trabajadores con salarios pagados por el Estado. Esto supondrá 11.000 millones de euros hasta septiembre que pagarán los contribuyentes, mientras no se toca un euro de los beneficios empresariales acumulados. Lo grave es que los mayores defensores de los ERTES son los sindicatos UGT y CCOO, que aceptan el principio del beneficio capitalista como ley natural.
Por supuesto, todo sea por el bien de “España”. Ahora queda plenamente expuesta la trampa reaccionaria del significado de “patria”: borrar las líneas de división de clases en la sociedad y ocultar la explotación capitalista. Por eso es lamentable que Pablo Iglesias trate de competir en “patriotismo” con la ultraderecha, en lugar de exponer su carácter fraudulento.
Utilizar la mayoría de izquierdas en el parlamento
¡Pero hay alternativa! ¡Hay mayoría absoluta de diputados de izquierda en el Congreso, 180! No se necesita al PNV, ni a Ciudadanos, ni a JxCat! Pero se quiere imponer a la mayoría del pueblo, que se identifica con la izquierda, una política de rescate empresarial a gran escala, a costa de las familias trabajadoras ¡Es intolerable! Es cierto que el PSOE es el más proclive a pactar con la derecha, pero eso ya lo habíamos advertido cuando nos opusimos a que UP entrara al gobierno y pronosticamos que UP terminaría renunciando a su programa, limitándose a poner parches a la situación que no satisfarían a las familias trabajadoras. Al menos, UP debería movilizar en la calle para defender y presionar por sus propias propuestas.
Se podrían derogar fácilmente la reforma laboral y la ley mordaza, nacionalizar Nissan y Alcoa, aumentar los impuestos a las grandes empresas y bancos, o prohibir los desahucios. Se podría nacionalizar con un enorme entusiasmo popular, sin indemnización salvo a pequeños accionistas, las empresas estratégicas para producir respiradores clínicos, vacunas y todo lo que necesita la sociedad, bajo el control de los trabajadores. El potencial de bienestar sería inmenso. Y para ello, sería suficiente hacerlo con las 159 grandes empresas y bancos que integran la Bolsa de Madrid, con un capital que asciende al 73% del PIB estatal, más que suficiente para iniciar una planificación socialista a gran escala.
Lamentablemente, los dirigentes del PSOE y de UP están completamente imbuidos del conciliacionismo de clases. Como en la Transición, no hay un “problema” de “balance de fuerzas”. Se trata de una cuestión política de principios. No confían en la capacidad de la clase trabajadora para dirigir la sociedad y temen enfrentarse a los empresarios y banqueros. Del PSOE era esperable, pero los dirigentes de UP han tardado muy poco en presentarse como políticos “responsables” y “de orden”.
Por su parte, los sindicatos UGT y COOO participan de esto, con tímidas críticas, cuando tienen la fuerza social para activar un potente movimiento social que obligue al gobierno a atender los intereses de la clase trabajadora.
Una nueva dirección
Enfrentarse a la patronal, a sus políticos, a los medios de comunicación del régimen y al aparato del Estado, requiere una movilización en la calle de las masas dispuesta a llevar la lucha hasta el final. A los dirigentes de la izquierda oficial eso les parece un abismo y retroceden, pero bajo el capitalismo no hay salida para las familias trabajadoras, salvo la precariedad laboral, los salarios insuficientes, derechos democráticos recortados, vivienda inalcanzable para los jóvenes. La ola revolucionaria internacional que agitó el mundo en 2019, o ahora en EEUU contra el racismo policial, muestra que las masas trabajadoras buscan instintivamente salir del impasse.
Se necesita una nueva dirección y un nuevo movimiento político de masas, socialista y revolucionario. Pero esto no se proclama tiene que construirse. En este período surgirán nuevos intentos de crear tales movimientos, ya sea con desprendimientos por la izquierda de las organizaciones existentes o a partir de nuevas experiencias, pero su viabilidad dependerá de su capacidad de enraizarse en la clase trabajadora. Lucha de Clases estará ahí presente para llevar a su interior el programa consecuente del socialismo revolucionario internacional.