Luego de que les fuera negado el acceso a sus puestos de trabajo, haber sido acusados por supuesta violencia género, y recibir una solicitud de calificación de despido, los dirigentes sindicales de Fogade padecen en carne propia la política antiobrera y antisindical que el gobierno de Maduro aplica de forma despiadada, sobretodo en las instituciones públicas. Tras haber podido acceder a sus respectivos expedientes, con retardo injustificado de la Inspectoría del Trabajo para su entrega, los compañeros trabajadores William Prieto, Secretario General de Sutrabfogade y dirigente de Lucha de Clases, y William Guzmán, Delegado de Prevención, pudieron enterarse que aunado a las demandas de supuesta violencia psicológica contra la Gerente General de Administración y Finanzas de la institución, Mileydi Galán, y la Gerente de Infraestructura, Verónica Mujica, existen acusaciones por presuntos incumplimientos de jornadas laborales que los delegados sindicales niegan rotundamente. La carencia de pruebas sobre las presuntas “agresiones verbales" contra las gerentes antes mencionadas, y la imposibilidad jurídica de sustentar una separación del cargo de los compañeros hasta que se determinen las responsabilidades en el caso de forma definitiva, obligaron a la gerencia de Fogade a recurrir a esta falacia de última hora, que evidencia la retaliación patronal y la decisión de descabezar a Sutrafogade de cualquier manera.
El pasado miércoles 19 de febrero, la parte acusadora -la gerencia de Fogade- presentó sus testigos ante la Inspectoría del Trabajo. Alrededor de 10 trabajadores de la institución se apersonaron para testificar en contra de los delegados sindicales. Según los representantes de Sutrabfogade, existen pruebas de audio que demuestran como la gerencia ha coaccionado a estos empleados amenazando con retirarles beneficios de tratamiento médico (algunos dependen enormemente de éstos), o incluso con despedirlos sino acceden a corroborar las acusaciones contra Wlliam Prieto y William Guzmán. Naturalmente, para muchos de estos trabajadores no es una opción arriesgar su puesto de trabajo, así como los precarios ingresos y beneficios que perciben, los cuales seguirán siendo desmejorados por el mismo patrón Estado que hoy los empuja a arremeter contra quienes han defendido sus intereses. También, es justo señalar que varios de estos trabajadores coaccionados se han comunicado con los delegados sindicales para solicitar disculpas y comprensión, mientras que otros, a los cuales la gerencia ha venido tocando, les han comentado que no se prestarán para el circo que se quiere montar.
Aun restan varias audiencias donde los trabajadores de Fogade deben presentar su defensa y testigos, para luego esperar una decisión de la Inspectoría del Trabajo sobre si procede la calificación de despido o no. Los delegados sindicales entienden lo amañado del proceso que se sigue contra ellos y lo cuesta arriba que resultará lograr una decisión favorable, dado el nepotismo institucional imperante en Venezuela. Vale recordar que la Presidenta de Fogade, Arlén Piñate, es hija del actual Ministro del Trabajo.
Cabe decir que los delegados sindicales no han podido contar con muestras públicas de apoyo de los trabajadores de la institución, quienes no han participado de manera nutrida en las convocatorias a protesta, tanto en la sede de Fogade como de la Inspectoría del Trabajo, bien sea por miedo a las amenazas de despido o por el ambiente de apatía generalizado que recorre a la clase obrera venezolana, en el marco del reflujo social profundo producido por el cansancio de las masas ante años de crisis terrible, la abierta traición de la dirección bolivariana a sus bases sociales y anquilosamiento burocrático de todas las instancias de participación obrera y popular. Expresión de lo anterior, es el caso de los dos trabajadores afiliados a Sutrabfogade que ya fueron despedidos. Los compañeros optaron por no luchar por su reenganche y decidieron buscar otras nuevas fuentes de empleo. Lo anterior demuestra, en una escala pequeña, como las condiciones históricas presentes han degradado la voluntad de lucha de la combativa clase obrera venezolana, que hace una década tomó fábricas, creó consejos de trabajadores, luchó por el control obrero y empujó a la revolución hacia adelante; y que ahora, en situación de franca debilidad, se halla atomizada y sus miembros negados a salidas de lucha colectiva como en el pasado. Las salidas individuales por parte de la mayoría de trabajadores del país (emigración, economía informal, entre otras), son el pan de cada día con el cual deben luchar los sindicatos y organizaciones proletarias consecuentes.
Entendiendo que tales atropellos representan actos de retaliación política, desde Sutrabfogade y Lucha de Clases se ha actuado en consecuencia denunciando la injusticia que se comete contra los compañeros, que ejemplifica nuevamente la orientación antiobrera y antisindical del gobierno para imponer su política de ajuste antipopular. El día 7 de febrero, durante la primera comparecencia de los delegados sindicales ante la Inspectoría del Trabajo, se pudo contar con la participación y solidaridad del Partido Comunista de Venezuela (PCV), a través de varios miembros de su buró político; representantes del Movimiento Jóvenes Por la Patria (JPP), que agrupa a la juventud del partido Patria Para Todos (PPT); y dirigentes del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT). Asimismo, han sido numerosas las muestras de solidaridad internacional enviadas desde diversas latitudes, mediante cartas, pronunciamientos, fotografías y firmas, dirigidas a repudiar y visibilizar la lucha de Sutrabfogade. Dirigentes y sindicalistas de México, Brasil, Argentina, El Salvador, EEUU, España, Italia, Grecia, Dinamarca y Nueva Zelanda, manifestaron su inconformidad a la dirección y gerencia de Fogade (ver más aquí: https://luchadeclases.org.ve/?p=7913)