Este Congreso del Sindicato de Estudiantes (SE) quiere manifestar su más absoluta solidaridad con los estudiantes y profesores colombianos y llamamos a todas las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles progresistas del mundo a impulsar distintas acciones y movilizaciones a escala internacional en ese mismo sentido.
El Gobierno ultraderechista y pro-imperialista de Álvaro Uribe ha aprobado en las últimas semanas una norma que le permite acceder sin ninguna traba ni control a las bases de datos de todos los centros educativos del país e investigar a todos los estudiantes y profesores que considere oportuno, violando si así lo desea su privacidad. Las organizaciones estudiantiles y de profesores y muchos rectores y directores de centros han denunciado esta medida como un intento de meter el miedo en el cuerpo tanto a los estudiantes como a los trabajadores de la enseñanza (dos sectores que se han distinguido especialmente en la lucha contra las polìticas fascistoides y antisociales puestas en práctica por el gobierno).En menos de una semana varios estudiantes y profesores han sido detenidos y según algunas fuentes el número de procesado en estos momentos podría ser de unos 67. La excusa para este ataque ha sido la misma que intentó utilizar el Gobierno para reprimir las recientes luchas obreras e indígena que se han extendido por todo el país durante las últimas semanas: la supuesta "lucha contra el terrorismo" y la acusación de que las Universidades y en particular las organizaciones estudiantiles estàn inflitradas por las FARC.
El Gobierno de Uribe y la utilización demagógica del conflicto militar
El Gobierno de Uribe y el estado colombiano utilizan el conflicto militar que sangra a Colombia desde hace ya 60 años como excusa para imponer todo tipo de medidas represivas y perseguir y atacar a los activistas de izquierda y en general a todo aquel que intente luchar contra sus polìticas antiobreras y antipopulares.
El propio conflicto armado colombiano fue creado por la clase capitalista, la cual asesinó al líder popular Jorge Eliècer Gaitàn y ahogó en sangre la insurrección de los obreros y campesinos colombianos en 1948. Posteriormente, el propio Estado bombardeó las zonas en las que los campesinos se habían levantado en armas y armó bandas fascistas paramilitares cuya tarea era la de eliminar físicamente a cualquiera que luchase contra los privilegios de los grandes terratenientes y campesinos. Esta situación de violencia se ha mantenido practicamente inalterable hasta hoy. A mediados de los años 80 los dirigentes guerrilleros declararon una tregua y propusieron al Gobierno negociar un acuerdo de paz pero la respuesta del estado fue una burla macabra. Más de 3.000 militantes (concejales, parlementarios e incluso varios candidatos presidenciales) de la Unión Patriótica, la principal organización de izquierdas en aquel entonces del país, fueron asesinados por escuadrones de la muerte constituidos por paramilitares fascistas y entrenados por el propio ejército colombiano. Este conflicto armado prolongado durante décadas se ha cobrado decenas de miles de vidas y ha desplazado a más de 4 millones de campesinos de sus tierras en un país cuya población es de alrededor de 40 millones.
Durante los últimos meses, varios dirigentes de los partidos burgueses que apoyan al Gobierno de Uribe han sido investigados y encarcelados por vínculos tanto con el paramilitarismo como con el narcotráfico. Estas dos lacras en realidad son dos caras de la misma moneda. Las acusaciones de apoyar, organizar y financiar la actuación de los paramilitares fascistas salpican a varios ministros y al propio Presidente colombiano, quien durante su mandato como Gobernador de Antioquia promovió las llamadas cooperativas de seguridad privada CONVIVIR, las cuales el propio gobierno colombiano del momento y otros sectores de la clase dominante han denunciado como bandas paramilitares. También son conocidos los vínculos personales, familiares y polìticos de Uribe con destacados jefes paramilitares hoy procesados por el asesinato de activistas obreros y campesinos y por tràfico de drogas.
Un intento de reprimir y criminalizar las luchas obreras, estudiantiles y populares
No es casualidad que esta nueva ofensiva del Gobierno contra el movimiento estudiantil y los derechos democràticos se produzca justo en este momento. Durante las últimas semanas el Gobierno Uribe ha enfrentado la mayor ola de protestas de los últimos años. Los primeros en abrir el camino fueron precisamente los estudiantes y profesores, en lucha contra las medidas privatizadoras de la educación. Las luchas de los estudiantes y los profesores, unida a la crisis económica que empieza a golpear la economía colombiana y a los efectos sociales y polìticos que està teniendo el hecho de que buena parte del Parlamento esté procesado, encarcelado o investigado en estos momentos por vínculos con el paramilitarismo, abrieron las compuertas del descontento social.
Las luchas de los trabajadores cortadores de caña de azúcar, de los trabajadores del sistema judicial y de los indígenas han puesto durante las últimas semanas al Gobierno Uribe en la situación más incómoda que ha tenido desde su llegada al poder. El Gobierno respondió a la lucha popular como acostumbra: con balas y mentiras. El ejército asesinó a varios indígenas y Uribe acusó a estos de atacar con armas a los militares y de estar infiltrados por "los terroristas de las FARC". La propia prensa burguesa de los Estados Unidos,empezando por CNN, tuvo que mostrar la realidad de que la protesta indígena había sido totalmente pacífica y que fueron los militares quienes dispararon contra una multitud desarmada.
Las luchas obreras y populares lejos de verse frenadas por el miedo y los intentos gubernamentales de desprestigiarlas han seguido avanzando y confluyeron el pasado 23 de Octubre en un paro nacional convocado por los sindicatos, las organizaciones campesinas y apoyado por los partidos de izquierda. El 25 de Octubre 40.000 indígenas se reunían en Cali y llamaban a los dirigentes sindicales a unificar todas las reivindicaciones.En el momento de redactar esta resolución los indígenas marchan hacia la capital Bogotá, superando los obstculos, calumnias y represión del gobierno, ý despertando la simpatía y solidaridad activa del resto de la población a su paso.
El Gobierno colombiano, por primera vez en mucho tiempo, ha perdido la iniciativa y es cuestionado incluso por sectores a los que había conseguido manipular y engañar durante los últimos años. Recientemente la propia prensa colombiana e internacional destapaba otro espeluznante escándalo: el descubrimiento de que jóvenes que habían sido detenidos en las calles de distintas ciudades colombianas arbitrariamente por la policía son torturados y asesinados y sus cadàveres presentados como los de guerrilleros de las FARC muertos en combate. Uribe se vio obligado a sustituir al Jefe del Ejército y destituyó a 27 generales en un golpe de efecto para evitar una investigación más a fondo.
En estos mismos momentos dos millones de personas han perdido sus ahorros por causa de la crisis de las llamadas piràmides (negocios mafiosos que el Gobierono permitió y estimuló con sus polìticas), miles de trabajadores estàn siendo despedidos y sólo en Bogotá (con unos 7 millones de habitantes) se calcula que más de 35.000 familias estàn amenazadas de deshaucio. El Gobierno intenta desviar la atención de estos problemas polìticos, económicos y sociales volviendo a agitar el fantasma del terrorismo y presentando a las guerrillas de las FARC y el ELN como los culpables de todos los males del país. Han convocado una nueva marcha el 28 de Noviembre por la paz y por la libertad de los alrededor de 400 personas (empresarios, diputados, concejales, intelectuales, etc) que mantienen secuestrados las FARC. Su objetivo es centrar el debate en este punto y desviar la atención de las masas de la crisis del capitalismo colombiano e internacional y de las brutales polìticas represivas que el propio estado està desarrollando.
El actual ataque contra el movimiento estudiantil se debe entender en este contexto. Saben que los estudiantes y profesores han sido dos de los sectores que más se han opuesto a sus polìticas e intentan criminalizarlos y utilizarlos como chivo expiatorio, persiguiendo a los estudiantes de izquierda, sembrando el pánico en la sociedad y creando la idea de que todas las organizaciones estudiantiles, obreras y populares de izquierdas están infiltradas por las FARC. El objetivo último es preparar el terreno para poder reprimir la movilización obrera y popular que ha renacido durante los últimos meses.
Desde el SE siempre hemos defendido que la única lucha que puede tener éxito para transformar la sociedad y derrotar los ataques del imperialismo y la burguesía es la lucha de masas basada en los métodos tradicionales de la clase obrera: las asambleas y manifestaciones de masas, la huelga general, la creación de Comitès de Lucha que permitan organizar y extender las movilizaciones de abajo a arriba... En distintas ocasiones, hemos criticado a los sectores que creen que es posible cambiar las cosas mediante el enfrentamiento por parte de un pequeño grupo de individuos empuñando las armas al margen de las masas contra el estado.
Las recientes movilizaciones en Colombia son un nuevo ejemplo de esto. Han creado muchos más problemas al Gobierno las luchas obreras e indígenas, la movilización de las mases en la calle, que todas las bombas y secuestros de las FARC. Estos, por contra, han sido utilizados (especialmente durante los últimos años) por la burguesía colombiana para fortalecer el aparato represivo del estado, así como para crearse una base social entre sectores de la clase media y entre las capas màs atrasadas polìticamente y màs desesperadas de las masas.
Por supuesto, como revolucionarios, somos conscientes de que la lucha por la paz en Colombia està vinculada de manera inexorable a la lucha por la transformación socialista de la sociedad y por sustituir al actual Gobierno pro-imperailista y criminal por un Gobierno de los trabajadores y el pueblo. Los jovenes y trabajadores colombianos no pueden albergar la màs mínima confianza en que ningún pacto o diálogo con este gobierno pueda lograr la paz y mejorar sus condicones de vida de forma significativa y duradera. Tamvièn sería un grave error pensar que es posible llegar a un acuerdo con un sector supuestamente progresista (o menos reaccionario) de la burguesía colombiana para a trarer la paz, garantizar los derechos democráticos y erradicar la violencia y la represión. Las luchas obreras e indígena muestran cuál es el único camino para derrotar a Uribe y la oligarquía colombiana, defender los derechos democràticos y acabar con la violencia: la unificación de las distintas organizaciones y movilizaciones obreras y campesinas en un frente común entorno a un programa socialista que vincule la lucha por la paz a las reivindicaciones y necesidades más inmediatas de las masas y ambas a la necesidad de transformar la sociedad y el estado.
¡No a la caza de brujas en los centros educativos de Colombia¡ ¡Libertad para los estudiantes detenidos¡ ¡Retirada inmediata de la ley que permite al Gobierno violar la privacidad de los estudiantes y profesores¡
¡Basta de criminalización y presecución contra el movimiento estudiantil y las organizaciones de izquierda en Colombia¡
¡Por un frente único de todas las organizaciones obreras y campesinas de izquierda para luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo con un programa socialista¡
¡Por una campaña internacional de solidaridad de las distintas organizaciones de izquierda en solidaridad con los activistas estudiantiles, obreros y campesinos y contra la represión del Gobierno colombiano¡