La confiscación judicial de la facturación amenaza los empleos de la fábrica ocupada CIPLA (Brasil)
Esta semana, los trabajadores de las Fábricas Ocupadas inician otra campaña nacional e internacional por la defensa del empleo. El motivo es la decisión del juez federal Oziel Francisco de Souza, del áera fiscal de Joinville, de confiscar el 11% de la facturación de Cipla para efectuar el cobro de parte de una deuda de 200 millones de reales acumulada por los antiguos accionistas de la empresa Luiz y Anselmo Batschauer con la Seguridad Social.
Son tres procesos judiciales del órgano federal contra la empresa, uno de 2002, otro de 1998 y otro de 1996 que suman juntos 4,5 millones de reales. De acuerdo con el avogado Chico Lessa, responsable del departamente jurídico de la empresa, la realización de esta confiscación posibilitaría la ejecución de otros seis procesos iguales, que comprometerían en total un 41% de la facturación. "Cualquier porcentaje por encima del 1% es inaceptable para nuestra realidad y significa el cierre de la empresa. No queremos crear problemas con la Justicia ni con el INSS [Seguridad Social]. Queremos, tan solo, defender los 1000 empleos directos y el sustento de estas familias; no hemos sido nosotros quienes generamos estas deudas", dijo. La propuesta de los trabajadores es retomar el acuerdo hecho con el INSS en 2005, en el cual se comprometían a depositar el 1% de la facturación de la empresas a cabio de la no ejecución de los procesos de subasta y confiscación de bienes muebles, inmuebles y facturación. Hay un acuerdo hecho, en la misma época, en los mismo parámetros, con Hacienda Federal. Dos meses depués de haber cerrado el acuerdo, el INSS rompió el tratado de forma unilateral.
Braulino Antonio Joaquim, operado de máquinas de Cipla desde hace 23 años, exasperado, dijo que "nadie en la fábrica va a aceptar que un juez venga a ejecutar una confiscación que cierre la fábrica. Vamos a luchar hasta el final".
Para el coordinador del Movimiento de las Fábricas Ocupadas, Serge Goulart "lo que el juez debe hacer es cobrar la deuda a quien la creó, y no a los trabajadores que desde hace años hacen un esfuerzo sobre humano para mantener la fábrica funcionando. En caso de que el juez mantenga su intención de confiscar el 11% de la facturación de la empresa, estará decretando el cierre de la empresa, algo inaceptable"
Conoce el caso
Octubre de 2002.- Después de una huelga para recibir los salarios atrasados los trabajadores de Cipla e Interfibra pasaron a controlar las empresas a partir de noviembre de 2002. Debido a la deuda de más de 500 millones de reales con el gobierno los trabajadoresde las fábricas levantan la bandera de la nacionalización de las fábricas como única medida para mantener vivos los empleos y los derechos de los 1000 trabajadores.
Junio de 2003.- En una audiencia realizada con obreros y representantes políticos, Lula garantió la manutención de todos los empleos y derechos. Entretanto, al mismo tiempo, el gobierno permite el cobro de deudas por medio de subastas y confiscaciones de máquinas y facturación.
2005.- Através de una audiencia con el ministro Luiz Dulci, se formó una comisión con técnicos de BNDES, BRDE e BADESC para estudiar la viabilidad de las empresas. El informe, enviado en febrero, afirma que "las empresas son viables" y orienta que "sus créditos sean transformados en acciones, que serían puestas como capitalización del BNDES e de uno de los agentes de Desarrollo Estatal, BRDE o BADESC".
A mediados del mismo año, para cobrar estas deudas con el INSS y Hacienda, además de confiscaciones y subastas que comprometen el funcionamiento de las fábricas también se hacían amenazas de prisión a los dirigentes de los trabajadores. Por medio de una campaña nacional e internacional en defensa de las Fábricas, los obreros consiguieron audiencias con procuradores del INSS, en su momento Marcelo Freitas en Brasilia y Marcelo Evaristo en Florianópolis. En la ocasión acordaron pagar el 1% de la facturación de las empresas a cambio de la suspensión de las acciones pero los procurados no mantuvieron su palabra y continuaron con las amenazas de prisión. En los últimos cuatro años, los trabajadores de las Fábricas Ocupadas conquistaron solidaridad e respeto de los representantes políticos, sindicales y populares a nivel nacional e internacional, debido a su resistencia y su lucha. Y piden otra vez solidaridad, para combatir en frente único, pues la lucha por el empleo es una sola lucha en el mundo entero.
Por favor enviar mociones de protesta a:
Juiz Federal Oziel Francisco de Souza
Vara de Execuções Fiscais de Joinville
Rua do Príncipe, 123 - Centro
89201-001 - Joinville - SC
Fone/fax: (47) 3433.9079
e-mail: scjief01@jfsc.gov.br
Perito José Vitor Bitencourt
Fiel depositário da penhora de faturamento da Cipla
Rua Piratuba, 1165 - Saguaçu
89222-365 - Joinville - SC
Fone/fax: (47) 3435.2621
e-mail: josevbit.joi@terra.com.br
Procuradoria Federal Especializada
Procuradoria Seccional do INSS em Santa Catarina
Aos cuidados do Procurador-Chefe
Rua Nove de Março, 241 - Centro
89201-400 - Joinville - SC
Fone/fax: (47) 3451.1555
E-mail: procjvl@previdencia.gov.br
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