Más allá de la larga lista de calumnias que la derecha nacional e internacional ha esgrimido por años, la Revolución Bolivariana fue, durante al menos una década completa, el período histórico más democrático en la historia de nuestro país, postura que siempre hemos sostenido en la Corriente Marxista Internacional, incluso desde los inicios de la revolución.
Lo que comenzó como una revolución, ha devenido en su contrario
Más allá de la larga lista de calumnias que la derecha nacional e internacional ha esgrimido por años, la Revolución Bolivariana fue, durante al menos una década completa, el período histórico más democrático en la historia de nuestro país, postura que siempre hemos sostenido en la Corriente Marxista Internacional, incluso desde los inicios de la revolución.
Aunque se trató de una revolución incompleta, de un proceso de auge de las masas trabajadoras que no llegó hasta sus últimas consecuencias, el referido período histórico gozó de uno de los elementos característicos principales de toda situación revolucionaria: la participación decisiva de las masas trabajadoras en los eventos históricos de envergadura en la sociedad.
Por años los trabajadores se movilizaron poderosamente, intentando tomar las riendas de su destino en sus propias manos. Se ocuparon tierras abandonadas, infrautilizadas o en situación de latifundio, se ocuparon fábricas en las que se amenazaba con el despido masivo de trabajadores o con el cierre de la producción, para luego poner en marcha la producción sin la necesidad de burócratas o de patronos. En los barrios obreros la gente se organizó para tomar parte activa en la conducción y administración de la vida comunitaria.
La movilización y auge de las masas fue de tal envergadura, que el aparato de Estado burgués no logró contener dicha movilización. Salvo casos puntuales de represión, las masas hicieron a un lado al aparato de Estado por todo un período, mientras luchaban por sus conquistas sociales, económicas y políticas, y por cambiar el estado de cosas que hasta entonces reinaba en el país.
Lógicamente, no podemos dejar de lado el papel del camarada Hugo Chávez en todo esto, quien estimulaba permanentemente a la participación activa de las masas trabajadoras en la política. Chávez señalaba la importancia del poder popular y del poder de los trabajadores para avanzar en la superación del capitalismo –si bien, muchas veces él mismo también jugó un papel de freno ante el avance de las masas a tal respecto, más no es ése el tema que nos ocupa en esta oportunidad-.
La participación del movimiento obrero y popular fue el factor central de todo este proceso de auge de los derechos democráticos en el país, y el reflujo que las masas experimentarían en el período siguiente, también fue determinante para el avance de las fuerzas represivas del Estado.
La crisis económica, el reflujo de masas y el aumento de la represión contra los trabajadores
En muchas oportunidades hemos ya explicado cómo el no haber completado la revolución socialista, fue la causa central del caos económico que ha vivido el país en los últimos años.
Al intentar controlar los precios de las mercancías, la compra de divisas para la importación, aumentar los impuestos a los capitalistas y expropiar a un sector de éstos, la burguesía respondió ferozmente, con sabotaje de la producción, contrabando, escasez crónica de productos de la canasta básica, huelga de inversiones, y pare de contar, lo que constituyó la causa última de la brutal escalada inflacionaria de los últimos años, así como la grave caída de los niveles anteriores de producción, y, finalmente, el descalabro general de la economía.
Este proceso, que determinó también la destrucción acelerada del nivel de vida de los trabajadores, y prácticamente de todas las conquistas que habían logrado hasta entonces, devino a su vez en un factor que aceleró el proceso de desgaste, desmoralización y reflujo entre las masas trabajadoras. Cientos de miles de trabajadores fueron empujados fuera de la actividad política, por la fuerza de los hechos económicos.
Obligados a entregarse cada vez más de lleno a la lucha por la sobrevivencia cotidiana a través de métodos individuales, y no colectivos, los trabajadores fueron abandonando sus trincheras históricas de lucha, como los sindicatos, los partidos y organizaciones de izquierda, y los colectivos comunitarios.
En tal contexto, la burguesía aceleró su ofensiva en el mismo terreno económico, pero también político.
Por su parte, distintos sectores de la dirigencia del chavismo, que sufrió un proceso de acelerada burocratización y aburguesamiento, también dio un paso al frente en la lucha por sus propios privilegios y “conquistas” del período anterior. Para ello, obviamente demandaron de los servicios del aparato que históricamente ha cumplido la función represiva: la fuerza pública y los cuerpos de seguridad del Estado, los tribunales y las cárceles.
En efecto, en el año 2018 hay un punto de inflexión a partir del cual el gobierno Maduro incrementa su acción represiva contra los trabajadores: el memorándum 2792.
Antes de septiembre de 2018, el gobierno había tratado de contener el auge de la inflación inyectando más liquidez a la economía. Se mantuvo el alza constante de los salarios frente a la inflación, pero, sin tomar al mismo tiempo medidas más radicales contra la burguesía. Llevar hasta sus últimas consecuencias la política de expropiaciones de Chávez, no estuvo en la agenda del gobierno Maduro.
Acto seguido, la reconversión monetaria marca un punto de inflexión a partir del cual se profundiza el viraje antiobrero y burgués del gobierno: por primera vez se decide aplicar una política de restricción severa de liquidez, aumento de las privatizaciones de antiguas empresas nacionalizadas, y mayores concesiones a sectores de la burguesía. Dicha política es absolutamente opuesta a los 20 años previos de política económica, orientada más bien en líneas keynesianas y socialdemócratas. Su propósito es resolver la grave crisis económica del país, pero no a costa de los privilegios de la burguesía, sino haciendo que los trabajadores paguen el precio de la crisis con niveles de hambre y miseria sin precedentes.
Entre las medidas de restricción de liquidez, debe señalarse por tanto el memorándum 2792, ya que contempla la práctica suspensión de las contrataciones colectivas, al igual que la eliminación de facto de las tablas salariales para los funcionarios públicos.
Esta política, se acompañó de una congelación de facto de los aumentos salariales, al mejor estilo de los llamados planes de ajuste neoliberal o monetarista de los Chicago Boys, aplicados por Pinochet, Reagan, o en nuestro propio caso nacional por Carlos Andrés Pérez en 1989, con las catastróficas consecuencias sociales por todos bien conocidas.
Es decir, después del memorándum 2792 siguen habiendo aumentos salariales, pero en realidad son absolutamente paupérrimos e irrisorios. Cuando mucho, apenas si implican un ajuste del magro salario a la progresiva devaluación del Bolívar frente al Dólar, más no implican una ruptura del techo que actualmente ronda los 2,4$ mensuales.
La única forma de aplicar un plan de tales características es mediante la represión, en tanto medidas de tal naturaleza provocan siempre respuestas del movimiento obrero y popular, tal y como el día sigue a la noche, y por lo tanto, a partir de la reconversión monetaria se verá un importante incremento de los casos de represión laboral en el país.
Por último, cabe hacer algunos señalamientos sobre la cuestión del bloqueo económico. Ciertamente, la política de bloqueo por parte del imperialismo tiene como fin tumbar al gobierno para poder imponer nuevamente su política de saqueo sobre las riquezas del país, sin interés alguno de cómo ello afecta al pueblo trabajador.
Sin embargo, también es cierto que ante el bloqueo y la política golpista de sectores de la derecha, la respuesta del gobierno ha estado enmarcada en un contexto político cada vez más opuesto al socialismo y las banderas de lucha de la izquierda revolucionaria. En efecto, al final nunca se detuvo a Guaidó, más bien ahora se dialoga con él. Por otro lado recientemente ha sido liberado Freddy Guevara, mientras decenas de trabajadores revolucionarios y clasistas siguen tras las rejas, sólo por defender sus intereses de clase.
Asimismo, en el terreno económico, el gobierno no profundiza la lucha contra la burguesía y el imperialismo, sino que aumenta las privatizaciones y desregulaciones sobre el mercado capitalista nacional, como modo de sortear las sanciones económicas contra el país.
En pocas palabras, ante los ataques del imperialismo yanqui, la derecha apátrida y la burguesía parásita, el gobierno Maduro se aleja cada vez más de la izquierda, de la revolución socialista y del propio legado de Chávez, y se pone cada vez más de lado de la reacción, la burguesía e incluso, los intereses del imperialismo.
A continuación, presentamos un informe de los casos más relevantes de represión antiobrera y detenciones arbitrarias de trabajadores en lucha o que han sido utilizados como chivos expiatorios para tapar la corrupción dentro del aparato estatal. Desde Lucha de Clases, como organización que forma parte del Comité de familiares y amigos por los trabajadores presos, hemos venido apoyando la lucha por la libertad de estos compañeros y compañeras. En tal sentido, hacemos un llamado al movimiento obrero y la izquierda mundial, a solidarizarse con la lucha por el rescate de los derechos laborales y políticos de la clase trabajadora en Venezuela.
Represión laboral contra el movimiento obrero en PDVSA
El 28 de enero de 2020 se efectuó una asamblea de trabajadores petroleros en la refinería El Palito, en el estado Carabobo, que tenía como propósito la construcción de un plan de recuperación de la industria.
Entre los dirigentes sindicales presentes se encontraban Marcos Sabariego y Gil Mujica, quienes fueron detenidos por una comisión de la Guardia Nacional. Estos compañeros habían efectuado denuncias sobre la violación de varias cláusulas contractuales en materia de salud, así como sobre la corrupción a nivel de la gerencia de PDVSA.
Hasta hoy ambos trabajadores se mantienen detenidos en sus casas, bajo medida de beneficio procesal. En particular, Sabariego presenta problemas de salud, pero no ha podido recibir atención médica apropiada.
De forma muy similar ocurrió con Bartolo Guerra, dirigente de PDV Marina, quien fue detenido el 5 de mayo de 2020 en la sede de PDV Marina en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, a la salida de una reunión con el presidente de esa empresa, César Romero. Guerra había acudido a la reunión para denunciar las deplorables condiciones de trabajo, por ejemplo, períodos de trabajo de cuarenta días continuos sin un día libre y sin que la compañía proporcionase ni alimentos ni agua para los empleados en una semana.
Los trabajadores indican que la detención se produjo a instancias de Romero, quien exigió a Guerra que se retractara de sus denuncias y este se negó. Guerra recibió la medida de casa por cárcel casi un año después de su detención, sin que su juicio haya avanzado.
Eudis Girot, dirigente sindical revolucionario y clasista de PDVSA
Eudis Girot es un trabajador de la industria petrolera venezolana con 30 años de servicio. Actualmente es directivo nacional de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV). Durante el paro sabotaje de la industria en 2002/2003 jugó un papel destacado en la lucha por mantener las actividades de la empresa en marcha y contra las acciones de sabotaje, por lo que llegó a ser condecorado por el comandante Chávez hasta en tres oportunidades.
Desde entonces y hasta su detención, ocurrida el 18 de noviembre de 2020, ha trabajado arduamente en defensa de los derechos de los trabajadores y de la industria. Durante el año pasado había impulsado una lucha por la recuperación del seguro de salud de los y las trabajadoras, que en el marco de la brutal crisis económica y la espiral inflacionaria de 2018, fue prácticamente pulverizado, causando incluso la muerte de compañeros trabajadores de la industria, que se vieron gravemente desamparados ante situaciones de salud que demandaban atención médica urgente.
Eudis ha sido acusado de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración y divulgación de información confidencial. En la audiencia de presentación el juez desestimó tres de los delitos de los que se le acusa, manteniéndose terrorismo y añadiéndose porte ilícito de armas, aunque Eudis cuenta con el permiso de porte de arma respectivo.
Al igual que ocurre en los casos anteriores, en el expediente de Eudis no existen pruebas reales que sustenten los delitos de los que se le acusan.
Luis Cárdenas – ex gerente de PDVSA
No podemos dejar de mencionar el caso de Luis Cárdenas, quien también formó por casi dos años de este grupo de trabajadores arbitrariamente detenidos. Al momento de su detención, Luis se desempeñaba como Gerente Funcional de Auditoría, Comercio y Negocios Internacionales de PDVSA.
Luis Cárdenas fue acusado de promoción al odio, posesión ilícita de arma de fuego, ocultamiento de municiones, reventa de productos, contrabando simple y legitimación de capitales, sin que existiese medio de prueba alguno que otorgasen sustento a tales acusaciones.
De acuerdo a lo expuesto por su esposa en una entrevista de prensa a principios del mes de junio del presente año, un video que presenta a Cárdenas emitiendo su opinión personal sobre el gobierno Maduro, fue utilizado como argumento para acusarle de promoción al odio, es decir, Luis Cárdenas fue un preso de conciencia, detenido arbitrariamente sólo por emitir una opinión política de forma privada.
Después de su detención, su casa fue allanada por funcionarios del DGCIM, quienes hallaron 10,000 $ en efectivo. 7.000$ correspondían a viáticos destinados a viajes internacionales de PDVSA –existe constancia de ello- y 3.000$ pertenecían a la familia de Cárdenas. Sobre la base de tal monto, que en realidad no constituye una gran suma en términos de actividades comerciales, ya sean lícitas o ilícitas, fue absurdamente acusado de legitimación de capitales.
Gracias a la lucha del Comité, Luis fue puesto en libertad bajo régimen de presentación el pasado mes de junio.
El caso de los controladores aéreos Guillermo y Derbys
Guillermo Gonzalez y Derbys Rodríguez son controladores aéreos del aeropuerto de Maiquetía. A principios del año pasado, personas ajenas al aeropuerto, según señalaron ambos trabajadores, efectuaron llamadas al teléfono de González ofreciéndole dinero a cambio de no reportar el tráfico de algunos vuelos particulares, por lo que ambos compañeros decidieron denunciar tal irregularidad.
No obstante, en lugar de que se llevase a cabo una investigación a tal respecto, ambos fueron detenidos por funcionarios del DGCIM, en mayo y junio de 2020, mientras ejercían labores en sus puestos de trabajo.
A Guillermo se le imputan los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, instigación al odio y divulgación de material estratégico del Estado, mientras que a Derbys se le imputa el delito de divulgación de información confidencial y asociación para delinquir, aún y cuando en ambos expedientes no conste prueba alguna que sustenten tales cargos.
Guillermo es un joven de apenas 24 años, vivía aún con sus padres al momento de su detención, quienes desde siempre apoyaron la causa de la Revolución Bolivariana. Más aún, Guillermo llegó a ser gloria olímpica de Venezuela en la disciplina de tiro olímpico. En su última competición internacional, efectuada en Corea del Sur, logró alcanzar el puesto número 28 en el ranking mundial, manteniendo aún hoy el récord venezolano en tiro olímpico, a pesar de encontrarse detenido tras las rejas.
Guillermo fue convocado, bajo engaño, a una supuesta entrevista en el DGCIM el día 20 de mayo de 2020, cuando fue apresado, siendo presentado al día siguiente ante tribunales. Por casi 11 meses se le ha mantenido detenido sin que aún se efectúe la audiencia preliminar. Estado en prisión, Guillermo ha contraído ya en dos oportunidades el virus Covid-19, ante la carencia de total de mínimas condiciones de salubridad e higiene en el centro de detención.
Por su parte, a Derbys se le imputan los cargos de divulgación de información confidencial y asociación para delinquir.
Derbys fue detenido el 4 de junio de 2020. Los funcionarios que le detuvieron no contaban con una orden judicial. El argumento para detenerle era que debía declarar. Ya que su compañera, Oriana Rojas -también trabajadora del aeropuerto de Maiquetía-, grabó la detención de Derbys, fue asimismo detenida, imputándosele los cargos de resistencia a la autoridad y siendo detenida durante cuatro días en los calabozos del DGCIM, aunque luego fue liberada con medida cautelar bajo presentación.
Posteriormente, Rojas recibió una notificación de despido de la institución, evidentemente arbitraria. Tanto Oriana como Derbys son el sustento de sus dos hijos.
Actualmente ambos trabajadores, Rodríguez y González, se encuentran detenidos en la cárcel de El Rodeo II, en deplorables condiciones.
Debido a su trabajo como controlador aéreo, durante 15 años, un trabajo que implica someterse a altos niveles de estrés, Derbys padece de hipertensión, aunque sólo tiene 38 años de edad. Mientras se encontraba detenido en el DGCIM fue evaluado por un médico de la institución, quien señaló la necesidad de que fuese evaluado por un cardiólogo. En agosto del año pasado se introdujo ante el tribunal correspondiente la solicitud de autorización para que fuese trasladado a un centro médico, donde pudiese ser atendido por un especialista, pero ello no ha sido aún autorizado.
Rodney Álvarez
Un caso tristemente emblemático de la criminalización del movimiento obrero en el país, ha sido el caso de Rodney Álvarez. Al momento de su detención, Rodney era un trabajador de Ferrominera afiliado al sindicato Sintraferrominera29, y se desempeñaba como colaborador activo en las comisiones de trabajo del sindicato, aunque no formaba parte de la junta directiva.
En junio de 2011, durante una asamblea sindical, varios hombres armados irrumpen en el lugar de reunión disparando sobre los asistentes, con el fin de aterrorizarles y dispersar la reunión. Varios testigos señalaron posteriormente que entre los sujetos armados se encontraba Héctor Maican, operador político del PSUV cercano al gobernador del Estado, cuyos disparos dieron muerte al trabajador Renny Rojas.
Aunque Maican fue detenido por la GNB, fue posteriormente liberado, mientras que Álvarez ha sido puesto tras las rejas desde entonces, siendo culpado del asesinato de Rojas. Después de diez años sin efectuarse la primera audiencia a Rodney, en el mes de junio de 2021 se le presentó por primera vez ante tribunales, siendo sentenciado a 15 años de prisión –sin contar los diez años que ya lleva detenido sin enjuiciamiento-. Un verdadero crimen contra los derechos humanos y libertades fundamentales de la clase trabajadora.
Aryenis y Alfredo y Vanessa Rosales
Dos casos que no podemos analizar a profundidad, por limitaciones de espacio, pero deben ser igualmente comentados.
El primero es el de Alfredo y Aryenis, condenados por sectores de la burocracia que controla PDVSA, sobre la excusa de colaboración con el imperialismo y filtración de información confidencial. En realidad, la causa de su condena fue la férrea oposición de estos compañeros a la corrupción escandalosa que hoy por hoy ocurre en PDVSA casi sin control Alfredo y Aryenis fueron una traba para actos de corrupción que se estaban cometiendo en la gerencia donde laboraban, y burócratas de PDVSA y del gobierno quisieron hacerles pagar por ello. Aunque les fue otorgada la medida de casa por cárcel a los compañeros, aún continúa la lucha por su libertad plena.
En segundo lugar está el caso de la compañera Vanessa Rosales, una reconocida feminista y activista de izquierda por los derechos de las mujeres en el Edo. Mérida. Vanessa apoyó a una niña de trece años que fue violada por un vecino y amigo de la familia. El embarazo le estaba ocasionado incluso problemas de salud a la niña, y se le practicó un aborto bajo las medidas de higiene y seguridad que tal operación demanda.
En consecuencia, Vanessa fue detenida y puesta tras las rejas. Gracias a la lucha que llevó adelante la propia compañera, y un conjunto de colectivos feministas de Venezuela y de fuera del país, la compañera logró su libertad, lo que además sienta un precedente jurídico importante para futuras luchas de compañeras por sus derechos. El violador de la niña, aún sigue libre. Como vemos, la prioridad del Estado fue aprehender a una compañera que defendió los derechos y la salud de una niña violada, y no al violador.
Otros casos
Como hemos señalado al principio del presente informe, el auge de la represión contra el movimiento obrero por parte del gobierno Maduro, no es un fenómeno aislado a ciertos casos específicos. Más bien, se trata de un fenómeno general y un síntoma claro del proceso de degeneración política de la dirigencia bolivariana en líneas burguesas, antiobreras y hasta neoliberales.
En la medida en que el gobierno aplica un ajuste de corte monetarista para resolver la brutal crisis económica que vive el país –sobre la cual el bloqueo imperialista tiene un peso importante, sin duda-, se le hace necesario utilizar el aparato represivo del Estado burgués para contener la respuesta obrera y popular, que dicho plan de ajuste está provocando entre las y los trabajadores.
En consecuencia, existe un conjunto de casos de trabajadores detenidos, despedidos y amedrentados por funcionarios de los cuerpos de seguridad, mucho mayor que los que actualmente forman parte del comité, y de los cuales queremos señalar algunos a continuación.
Rubén González (secretario general de Sintraferrominera), Darío Salcedo (secretario de Organización de Sinstrapescave); William Prieto (secretario general del Sindicato Sutrabfogade); Luis Chaparro (secretario general de la Federación de Trabajadores del Cemento, Vencemos); Elio Palacios (secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Corpoelec), Ramón Gómez (secretario general de Suepless), Omar Escalante (presidente de Fetracarabobo), Juan Ovalles (presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Metro de Caracas, Ajupemeca), Bartolo Guerra (dirigente petrolero), Exio Urriola, Carlos Mora y Jimmy Merchán (presidente, secretario y secretario de Reclamos del Sindicato Lácteos Los Andes, respectivamente) y José Hidalgo (secretario general de Sutrapuval), entre otras compañeras y compañeros actualmente detenidos o judicializados.
Nota: Para la redacción del presente informe hemos tomado datos tanto del blog del Comité de familiares y amigos de lxs trabajadorxs presxs, como del trabajo de investigación «Giro a la derecha y represión a la izquierda. Violaciones a los derechos humanos en el campo popular venezolano«, publicado en la web del colectivo Surgentes, un excelente estudio que da cuenta pormenorizada de los casos de represión laboral en Venezuela en los últimos años. Para mayor información sobre la situación de represión laboral en Venezuela invitamos a revisar tanto la web del Comité como la de Surgentes y el trabajo elaborado por esta última organización:
comitelibertadtrabajadorxs.wordpress.com
surgentes.org.ve